La familia Botín y Banco Santander no se han caracterizado en su historia por ser buenos cumplidores con sus obligaciones fiscales en España. Por esta razón, se veía venir que Ana Patricia Botín iba a iniciar una guerra contra Pedro Sánchez por el nuevo impuesto a la banca con el que el Gobierno de España pretende recaudar 3.000 millones de euros en dos años. Ese dinero sería destinado a la implementación de políticas directas dirigidas a las familias más vulnerables y que se están viendo muy afectadas por las crisis derivadas de la pandemia y de la guerra en Ucrania.
Para evitar pagar el impuesto, el Santander ha lanzado la que es su arma de destrucción masiva más efectiva: la judicialización. Según ha publicado OkDiario, se ha dado orden a los servicios jurídicos del banco, tanto internos como externos, que se recurra ante los tribunales el impuesto del gobierno a la banca. En ese terreno, Pedro Sánchez está perdido porque el Santander sólo pierde en los tribunales los pleitos que quiere y, evidentemente, en este va a poner todos sus recursos.
No se va a tratar sólo de un conflicto judicial más, sino que es una guerra de poder. Ana Patricia Botín quiere dejar bien claro quién manda de verdad en España. Eso lo saben tanto el jefe de los servicios jurídicos del Santander, liderados por Jaime Pérez Renovales, como el despacho Uría y Menéndez, con Jesús Remón a la cabeza. Por eso ya estarán trabajando a toda máquina porque en esto se juegan mucho y pondrán al frente de este asunto a los mejores, a los «abogadioses».
Alergia a pagar impuestos
Los mentideros financieros, donde realmente los periodistas se enteran de la realidad de banqueros y entidades, son el lugar en el que se pegan navajazos sin piedad contra los dirigentes y los bancos. Ahí se cuenta, entre otras cosas, que los Botín podrían ser, presuntamente, miembros destacados de la «cofradía del puño cerrado». Este hecho, evidentemente, trasladable a lo referido a su alergia a pagar impuestos. La historia demuestra cómo así ha sido, tanto a nivel de la familia Botín como a nivel de la entidad.
Las cesiones de crédito fue uno de los escándalos del Santander del que España aún no se ha recuperado, no sólo por su impacto económico en la Hacienda Pública, sino porque para liberar a Emilio Botín de una condena se llegó a crear una doctrina legal ad hoc, la Doctrina Botín que luego se ha pretendido aplicar para salvar a Cristina de Borbón de se procesada. Este escándalo supuso un quebranto de 2.584 millones de euros y la principal perjudicada fue la Agencia Tributaria, es decir, todos los españoles. Sin embargo, la doctrina Botín permitió que tanto el banco como su presidente y sus directivos salieran impunes de la Audiencia Nacional.
También en la época de Emilio Botín tenemos el escándalo que supuso la adquisición de Banesto tras la intervención del Banco de España. Gracias a esta operación, el Santander se convirtió en el líder de la banca española. Años más tarde el ex secretario del consejo de administración de Banesto, Juan Carlos Rodríguez Cantarero, en declaraciones ante diferentes tribunales reconoció que, entre 1994 y 1998, se habían recuperado 4.507 millones de euros de los supuestos créditos dañados.
De esta manera se demuestra que no existía el agujero de 3.636 millones de euros, que fue creado “ad hoc” para justificar la intervención. Rafael Pérez Escolar calificaría los hechos como la «más gigantesca malversación de caudales públicos de la historia financiera española» en la querella que interpuso por apropiación indebida, cohecho, prevaricación, estafa, malversación de caudales públicos, falsedad en documento mercantil, maquinación para alterar el precio de las subastas, etc. contra Emilio Botín, Alfredo Sáenz, Ana Patricia Botín, Ignacio Benjumea, Jaime Pérez Renovales, el gobernador y subgobernador del Banco de España y otros ante la Audiencia Nacional que sería archivada por un auto de Baltasar Garzón tras el escándalo del patrocinio de los cursos en Nueva York.
El fraude de los dividendos cum-ex, que ascendería a 55.200 millones de euros se extiende principalmente a Alemania, donde la fiscalía de Colonia está llevando a cabo investigaciones que incluyen al Santander. El mecanismo del fraude operaría a través de la compra «a corto» de acciones de empresas cotizadas en periodos próximos al reparto de dividendos.
Los presuntos defraudadores concertados entre sí ejecutarían, en un breve periodo de tiempo, multitud de transacciones de compra y venta de un gran volumen de las mismas acciones de manera que aparentaría varios titulares de las acciones al mismo tiempo, que obtendrían certificados fiscales con los que reclamarían varias veces la misma devolución de impuestos que sólo habían sido pagados una vez.
Según la investigación, Santander ejecutó a través de su filial en Reino Unido (Abbey National Treasury Services) infinidad de operaciones por las que cobraba importantes comisiones y se embolsaba parte de las ganancias del presunto fraude, según indican las declaraciones de testigos ante la fiscal de Colonia, que también han manifestado que el Santander en Londres era el mayor vendedor a corto y que la misma transacción de compra de acciones se aprovechaba para realizar varias solicitudes de devolución de impuestos.
La familia Botín tampoco ha sido ajena a los escándalos. La familia Botín ocultó al erario público 2.000 millones de euros durante 70 años. Además, el fraude fue reconocido por los miembros de la familia al admitir que tenían dicho patrimonio oculto tras un entramado de sociedades, trusts y fundaciones en paraísos fiscales. Pese a ello, los miembros de la familia Botín no fueron condenados a prisión por delito contra la Hacienda al aplicarse la excusa absolutoria del artículo 305.4 del Código Penal por haber pagado 200 millones de euros por los cinco años no prescritos. El magistrado que archivó la causa fue Fernando Andreu, el primer instructor del Caso Popular.
Blackrock, uno de los delegados del mal en el mundo, jefe de SATANder y tolerante con la defraudadora de la lista Falciani. Sánchez sabe que no va a ganar esa guerra, por eso deja que los jueces favorezcan a la defraudadora. Todos sabemos que no le gusta pagar impuestos, por eso mismo aparece en la lista Falciani. Lo que le gusta, y los políticos y jueces le dejan y ayudan, es robar los bienes de los ilusos españolitos que creían que existía justicia y separación de poderes, ahí está la muestra de Banesto y Banco Popular.