domingo, 19septiembre, 2021
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Al Santander le cuesta caro su «pelotazo» en Italia

La operación de compraventa del banco Antonveneta está teniendo graves consecuencias para el Santander tanto a nivel reputacional, por la declaración como acusado de fraude de Emilio Botín, como por las sentencias por las que está siendo condenado por los tribunales por la venta de un producto abusivo con el que se sufragó la compra de la entidad italiana

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Monte dei Paschi di Siena ha vuelto a la actualidad tras evitar la resolución financiera por parte del BCE gracias a la actitud proactiva del gobierno italiano. Hace años, esta entidad fue protagonista de uno de los mayores pelotazos que pegó el Santander y sus problemas actuales tengan que ver con esa operación.

En el año 2007 se ejecutó una operación de compra del banco holandés ABN Amro por parte del consorcio formado por el Santander, el Royal Bank of Scotland (RBS) y Fortis para la compra del banco holandés ABN Amro. El consorcio se hizo con el ABN, lo trocearon y se lo repartieron quedándose el Santander con el Banco Real brasileño y el Antonveneta italiano.

La entidad italiana fue adquirida por un valor de 6.600 millones de euros y vendida sólo dos meses después por 9.000 millones a Monte dei Paschi di Siena. Sin embargo, una operación que podría ser calificada como un éxito, está provocando que el Santander esté pagando una elevada factura por la misma.

En primer lugar, desde el punto de vista reputacional, la venta al Monte dei Paschi provocó una investigación por parte de la Fiscalía de Siena ya que se encontraron indicios de que las dos entidades pudieron inflar el precio del Antonveneta para repartirse las ganancias de la operación. Esta investigación judicial llevó a que el presidente del Santander, Emilio Botín, fuera acusado de fraude e interrogado por el magistrado italiano Antonio Nastasi. Un duro golpe para la reputación del Santander que pudo haber sido mayor si Emilio Botín no hubiese fallecido de manera repentina e inesperada un año después de su declaración ante la Justicia italiana, dado que el caso del Monte dei Paschi terminó con duras condenas para los administradores de la propia entidad toscana, del Deutsche Bank y del banco japonés Nomura.

Por otro lado, la operación de ABN está teniendo consecuencias en los tribunales españoles.  Para dicha adquisición el Santander lanzó una ampliación de capital de 4.000 millones de euros y una emisión de 5.000 millones de obligaciones convertibles en acciones que se vendieron a los clientes del Santander, en el año 2007, naciendo así los Valores Santander.

La Audiencia Provincial de Madrid ha declarado en infinidad de sentencias que los Valores Santander es un producto de «notable complejidad y apreciable riesgo». Dicha calificación de producto complejo de los Valores Santander deriva de resoluciones del Tribunal Supremo que califican como producto complejo y arriesgado a las obligaciones convertibles en acciones análogas a los Valores Santander.

Como consecuencia de esa calificación de producto complejo y arriesgado, la normativa del mercado de valores y la jurisprudencia obligan a la entidad comercializadora a observar unos estándares muy altos en la información que se debe suministrar al inversor minorista de forma activa para que conozcan debidamente todos los riesgos aparejados a la inversión, sin que sirva la información «sobre lo obvio» ni las advertencias genéricas reflejadas en las cláusulas del contrato. De igual forma, la jurisprudencia declara vacías de contenido real e ineficaces las menciones estereotipadas predispuestas por la entidad en las que el cliente declara haber sido informado adecuadamente y exime a la entidad financiera.

Además, la jurisprudencia exige para comprender estos productos una capacitación profesional propia del mercado de valores, sin que sirva cualquier capacitación profesional relacionada con el Derecho, o de simple empresario, ni tampoco la actividad financiera ordinaria en una empresa y establece que los conocimientos especializados no pueden presumirse de una anterior actividad inversora del cliente.

En definitiva, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea y el Tribunal Supremo exigen a la entidad financiera diligencia, transparencia, imparcialidad, buena fe y priorizar los intereses de los clientes. Toda esa jurisprudencia establece de forma clara que si no se facilita la información adecuada se produce un error en el consentimiento que invalida la contratación del producto financiero, porque el cliente inversor desconoce el producto y los riesgos asociados al mismo.

En el caso de los Valores Santander, incluso la CNMV elaboró sendos informes en los que analizaba las irregularidades en su comercialización, que dieron lugar a dos sanciones por un total de 16,9 millones de euros, publicadas en el BOE de 17 de febrero de 2014, que fueron ratificadas por el Tribunal Supremo.

Las sentencias en contra del Santander por este producto son constantes en las diferentes instancias en las que se juzga, lo que, más pronto que tarde, provocará que el banco presidido por Ana Patricia Botín se verá obligado a devolver esos 5.000 millones de euros más intereses a todos aquellos clientes que los contrataron. Todo ello, además, unido a las irregularidades que se produjeron en la venta y que fueron reconocidas ante los tribunales por parte de los empleados de la red comercial que llegaron a afirmar que fueron obligados a vender el producto como si fuera renta fija cuando, en realidad, no lo era.

Ante unos hechos como los descritos es normal que el Gobierno no haya cedido a las posibles presiones para entregar Bankia al Santander, al igual que debería suceder respecto los cantos de sirena sobre una operación del banco presidido por Ana Patricia Botín con el BBVA, puesto que un gobierno progresista no puede permitir que se cierre una operación de este tipo con unos antecedentes como los expuestos en los que el presidente del Santander tuvo que declarar acusado de fraude o que para costear una operación fuera necesario comercializar un producto complejo a familias sin cultura financiera adecuada.

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