Desde la Agrupación Reformista de Policías (ARP) manifiestan “la más profunda repulsa a los actos que algunos violentos llevan a cabo bajo la más absoluta indiferencia por parte de los representantes políticos, tanto en la Comunidad de Cataluña, como por parte del Gobierno Central”.

A través de un comunicado a los medios, ARP afirma que “unos representantes que deberían velar por garantizar los derechos y libertades, de ciudadanos y funcionarios del CPN, pero que lejos de ello, no son capaces de sentarse a negociar para buscar un clima que garantice la tranquilidad y seguridad de la sociedad catalana”.

Todo esto se traduce en lo que últimamente y de forma habitual podemos contemplar en televisión, prensa escrita, así como en las redes sociales, coacciones, amenazas, insultos, incluso agresiones físicas que demuestran la seriedad del conflicto, mientras que nuestros representantes políticos siguen mirando en clave electoral, afirman.

Además, continúan, tras la detención de una miembro de los CDR (Comités en Defensa de la República) en la localidad de Viladecans, estos se reunieron frente a la Comisaría Local de Terrassa, y la Casa Cuartel de la Guardia Civil en Manresa, donde tanto funcionarios, como familiares de estos, debieron permanecer en el interior hasta el fin del hostigamiento por dicha detención. Y lo cierto es que no son los únicos ataques, ya que esto viene siendo la tónica habitual que se traduce en algo que para ARP es más que una simple protesta ciudadana.

Desde ARP “defienden la legalidad vigente como no puede ser de otra manera, así como la defensa de los derechos y libertades de todos los ciudadanos, y por supuesto la integridad física de los operadores de seguridad destinados en la Comunidad de Cataluña, los cuales ya sin el apoyo exterior de funcionarios en comisión de servicio, alojados en el famoso barco-hotel, Piolin,, deben hacer frente a la situación, con un déficit de personal muy serio, con respecto  al Catálogo de Puesto de Trabajo del CPN existente en toda la Comunidad de Cataluña, desfasado en todas las escalas y categorías, que requiere una urgente revisión y adecuación”.

ARP Exige del Gobierno Central y  a su Ministro del Interior,  lleve a cabo la potenciación de una plantilla policial, mermada en 965 funcionarios en el conjunto de la Comunidad de Cataluña, que consideramos debe ser de atención urgente para tratar de aplacar esta situación en evitación de tener que lamentar una trágica situación al seguir por la vía de la confrontación social.

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