No hace mucho tiempo –vivimos momentos convulsos en los que las aceleraciones históricas producen que la medida del tiempo se nos antoje sumamente subjetiva- existía en el mosaico partidario la sensación de que era necesaria reformas de índole política que regenerara un régimen que había acumulado demasiados déficits democráticos como para generar desencanto e irritación de las mayorías sociales. El aprovechamiento de la crisis económica por las minorías extractivas y las fuerzas conservadoras para reordenar el flujo de la riqueza nacional en un solo sentido, provocando el más sangrante trasvase de las rentas del trabajo a las rentas del capital, degradando el mundo obrero y profesional con salarios de hambre y arbitrando ajustes estructurales que consolidaran la desigualdad y la pobreza endémica en amplias capas de la población, demandaba que la regeneración que pedía la calle y los partidos progresistas se sustanciara por el poder real en un enjalbegado lampedusiano que no afectara a la consolidación de la carencia de redistribución de la riqueza y el retroceso de los derechos sociales; bajo el mandato de la derecha y ante una falta alarmante en la izquierda de modelos alternativos y hegemonía cultural, se procedió a la solución autoritaria que no consistía en sobresanar la esclerosis democrática del Estado y la desigualdad social sino dar respuesta punitiva al malestar ciudadano.
Los más elementales derechos y libertades cívicas se veían socavadas cínicamente en nombre de una democracia cada vez más disminuida, se encarcelaba, menoscabando la libertad de expresión, a actores, titiriteros y tuiteros aplicando leyes antiterroristas a presuntos delitos de opinión; toda disidencia se convertía en una cuestión de orden público, la legislación laboral condenaba al trabajador a vender su fuerza laboral por debajo del nivel de supervivencia, ampliando, de este modo, el empresario la plusvalía a costa de la depauperación del trabajador. Las costuras del régimen del 78 para sostener en todos sus términos una democracia plena eran cada vez más endebles en virtud de la incompatibilidad de los intereses representados por la derecha con un sistema de libertad y soberanía ciudadana. En cuanto a la cuestión territorial, ha existido, y existe, en los conservadores una voluntad de largo aliento encaminada a la recentralización del Estrado.
Se había llegado a un punto en que parecía, o querían hacernos parecer, que la defensa de la democracia consistía en constreñir todo aquello que debía constituirla. Esto era posible en una situación en la izquierda de inmunodeficiencia ideológica que hacía posible que los partidos pudieran ser penetrados como la mantequilla por los fuertes intereses de las élites tradicionales, más aún en una sociedad en la que el tránsito a la democracia no significó ninguna quiebra de los poderes reales y sólo su adaptación a una fórmula política nueva. De esta forma, nos encontramos en una paradójica encrucijada en que lo que estorba a la democracia formal es la misma democracia.
En este contexto, el problema catalán, o el problema español, que venía siendo incoado por la derecha impugnando estatutos y boicoteando productos catalanes, ha cundido y tenido bulto para que el régimen haga aflorar en su extensión su rizoma más definitorio con una instrumentalización de la justicia, desacreditada por los tribunales europeos por la farragosa instrucción del caso, y donde se ha apelado a la expugnación del nacionalismo catalán considerando el diálogo y el acuerdo como, nada menos, que una traición. El tridente derechista, PP, C`s y Vox, son tres matices de la misma derecha hispánica y carpetovetónica, cuyos fines son absolutamente convergentes, como se ha podido comprobar, en la convocatoria de la “patriótica” manifestación de Madrid. La simbología y la retórica del caudillaje, tan interiorizada por los jóvenes dirigentes de ideas tan viejas, es la representación más plástica de lo mucho que hemos retrocedido en tan poco tiempo.
