El Congreso ha respaldado la reforma de la Ley Orgánica de Protección de la Seguridad Ciudadana, conocida como Ley Mordaza, a propuesta del PNV. La Proposición de Ley ha sido aceptada a trámite por la Cámara y comienza ahora su recorrido en la Comisión de Interior. Un adiós a una ley aprobada en el 2017 por el PP de Rajoy, entonces con mayoría absoluta, como respuesta a las movilizaciones y protestas en la calle ante la crisis económica.
La oposición en pleno interpretó esta ley como una forma de coartar las libertades de los ciudadanos.
Entre los artículos más polémicos que ahora se van a modificar se encontraba la limitación del derecho a la huelga y la libertad sindical. Además, la ley aumenta las multas por manifestarse sin permisos, por la negativa a disolver una concentración o provocar altercados.
Durante su intervención en el pleno, el diputado del PNV Mikel Legarda ha justificado esta reforma, presentada por segunda vez por el Grupo Vasco, en la “valoración negativa” que hacen de la misma la sociedad, determinadas fuerzas políticas, organizaciones internacionales de defensa de los derechos y libertades, la Abogacía española, algunas Asociaciones Judiciales, la Defensora del pueblo, medios de comunicación social internacionales o distintas voces de referencia.
De hecho, como ya publicó Diario16, Amnistía Internacional presentó en junio en el Congreso de los Diputados más de 142.000 firmas solicitando la reforma de la Ley Mordaza.
Ley controvertida
Legarda ha defendido que “creemos que interpretamos bien la realidad social si describimos la ley como controvertida, impopular, con una baja aceptación ciudadana y como una ley polémica”, ha dicho, “considerada como Ley Mordaza por ir contra la discrepancia, por ser una ley de control social y una ley cercenadora de derechos civiles y libertades”.
Como se señala en la propia reforma que plantea el Grupo Vasco, a juicio de EAJ-PNV, la Ley Mordaza “no pone en la debida relación la seguridad con las libertades”, y Legarda ha citado a modo de ejemplo el tratamiento que reciben en la ley original el derecho de huelga, el derecho de manifestación y de reunión, cómo se aborda la libertad de expresión y de información, o cómo se regulan las potestades generales de la Policía de seguridad, además del “desequilibrio” que se produce en el régimen sancionador de la Ley.
Legarda se ha referido también al contexto en el que se aprobó esta norma, recordando que “fue percibida como una respuesta autoritaria y de control a las expresiones colectivas del malestar social” fruto de la crisis económica. En este mismo sentido, ha señalado que “a esta visión autoritaria tampoco le son ajenos los cambios producidos en el derecho punitivo” en esa misma época, cuando fue reformado el Código Penal “para agravar tanto la penalidad de los delitos de opinión y expresión, que han recibido el reproche del TEDH, como de la participación de sindicalistas en huelgas a través de los llamados piquetes”.
En resumen, Legarda ha situado estas reformas en “el llamado Código Penal de la peligrosidad donde la seguridad se convierte en una categoría prioritaria de la política criminal como un bien que el Estado y los poderes públicos han de defender con todos los medios e instrumentos a su alcance”.
Asimismo, el diputado jeltzale ha asegurado que esta “valoración negativa muy generalizada” de la Ley de Protección de la Seguridad Ciudadana “tiene confirmación a través de lo manifestado por el entonces DAO de la Policía Eugenio Pino, que cuando le preguntaron por las razones de su nombramiento por el ministro Fernández Díaz manifestó que quizás pudo deberse a su experiencia como Jefe de las Unidades Policiales de Antidisturbios de la Policía Nacional y que quizás estimó que podía ser útil ante el clima de profundo malestar que se respiraba socialmente como consecuencia de la crisis económica y social”.
Por último, Legarda ha pedido a los Grupos parlamentarios que “no conviertan este debate en un debate sobre la Policía en sí misma porque eso sería confundir el dedo con la luna”. En este mismo sentido, ha asegurado que “es tan sectario e irresponsable calificar a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado de santos como de demonios”. “Son como nosotros, el resto de la ciudadanía, y lo sé porque he dirigido a un Cuerpo de Policía durante más de 10 años en circunstancias bien difíciles, donde sale lo mejor y a veces también lo peor”, ha zanjado.
