La justicia belga rechazó el pasado viernes extraditar a España al exconsejero catalán de Cultura Lluís Puig. El político de Terrassa, que reside en Bruselas desde hace dos años y nueve meses, fue reclamado por el juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena el pasado noviembre por un delito de malversación en el caso contra los líderes del procés, pero la Cámara del Consejo belga ha notificado a la defensa por vía telemática que no tramitará la euroorden cursada en su contra.

“La Cámara del Consejo ha rechazado la ejecución del mandato de arresto europeo al considerar que la autoridad española que lo ha emitido no es competente para hacerlo”, ha señalado en un comunicado.

En el fondo de la cuestión, el argumento que más ha pesado en el juez que ha conocido de la orden europea de detención sobre el político catalán es que el Tribunal Supremo español no ha aportado al procedimiento belga el auto de incoación del sumario contra Lluís Puig.

Según indica ACODAP, la Asociación contra la Corrupción y en Defensa de la Acción Pública, liderada por el ex juez Fernando Presencia, uno de los muchos disparates procesales que se cometieron durante la tramitación de la causa del procés es que al magistrado instructor, Pablo Llarena, se le olvidó dictar el auto de incoación de sumario.

De hecho, contra el exconsejero catalán de Cultura solo se pronunció el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, quien, junto a Carles Puigdemont, Oriol Junqueras, Jordi Turull, Raül Romeva, Meritxell Borrás, Clara Ponsatí, Antoni Comín, Joaquim Forn, Josep Rull, Carles Mundó, Dolors Bassa, Santi Vila y Meritxell Serret, dictó un auto de incoación de diligencias previas, ni tan siquiera de incoación de sumario.

Este precisamente ha sido el argumento de la Cámara del Consejo belga para rechazar ahora la extradición del exconsejero catalán de Cultura Lluís Puig solicitada por el magistrado Pablo Llarena, al considerar órgano competente al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, que es el único que hasta la fecha ha dictado en su contra un auto de incoación de diligencias penales contra el político catalán.

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