Abusos policiales durante el confinamiento: «Se está quebrando lo que realmente supone el Estado de derecho»

Candela salió de su casa de Lavapiés para hacer la compra. Nada más pisar la calle, la llamaron desde un coche desconocido. Cuando se fue acercando al vehículo su conductor le enseñó la placa: eran policías de paisano haciendo ronda matinal por el barrio. Inmediatamente, relata Candela a Diario16, “comenzaron a preguntarme con un tono bastante chulesco si vivía en ese portal, que si era del barrio y hacia donde iba”. Terminado el cuestionario, Candela se dirigió a los comercios donde suele comprar en Lavapiés. Era viernes por la mañana y, como resulta habitual en estos tiempos de coronavirus, las colas se convierten en una tómbola. Cansada de esperar el turno, decidió moverse al siguiente establecimiento donde tenía previsto comprar, pero debido a la cola que allí también se encontraba, cayó en la cuenta de que en el mercado podría encontrar todo lo necesario.

Ya en el mercado, esperando su turno para la frutería, aparecieron por sorpresa los dos policías de paisano que la llamaron a la salida de su casa, acompañados de una tercera agente. Efectivamente, la habían seguido desde que salió de su portal y se dispusieron a identificarla. A partir de ese momento, Candela recuerda la situación bastante nublada a consecuencia de los nervios y de la presión a la que estaba siendo sometida por parte de los agentes, delante de las personas allí presentes. “Nadie daba crédito, me dieron un sermón sobre la irresponsabilidad de mi generación, que me estaba pasando con los paseos, que dónde había comprado la lata de Nestea que me estaba bebiendo”, cuenta Candela a Diario16. Finalmente, recularon bajo la advertencia “de que me había librado de la multa por algo relacionado con las mujeres, que no alcanzo a recordar”, lamenta la afectada. Candela no pudo comprar y se volvió a casa llorando “por la tensión y la impotencia”.

Lucía vive en Carabanchel y desde que comenzó el confinamiento, acude en taxi una vez en semana a la oficina donde trabaja en Chueca, para recoger cartas y revisar que todo esté en orden. Para ello, tiene una autorización que le permite desplazarse durante el Estado de alarma. Lucía reconoce a Diario16 que “ya había pasado algunos controles de policía en los desplazamientos, pero no paraban a todos los coches”. Pero aquel día, el taxi cogió por una calle por donde no pasaba nadie cuando de repente “nos cruzamos con un coche de policía que, en cuanto nos vio, se dio la vuelta y nos paró”, explica a este periódico Lucía. En un principio se dirigieron al taxista, luego, uno de los policías se dirigió a Lucía y esta le explicó que iba a trabajar. “Te busco la autorización si quieres, que la tengo el móvil”, le dijo la chica al policía mientras intentaba localizarla entre sus archivos. De repente, Lucía se percató de que el otro policía había metido la mano en su bolso y lo había cogido sin preguntarle ni advertirle. “Me lo registraron entero”, afirma Lucía, que cree que estaban buscando droga. Seguidamente, “uno de los policías le preguntó al taxista si nos conocíamos de algo, a lo que el chico le respondió que era una clienta que había solicitado el viaje por la aplicación”, recuerda la afectada, que achaca ese trato a su juventud y a la del taxista. Por otro lado, el agente que estaba revisando la carta de autorización de la empresa ni siquiera le pidió el DNI para terminar el control y finalmente les dejaron marchar. Lucía se despide -vía WhatsApp- recordando otro control en el que “ni las maneras ni las formas fueron las mismas y fue suficiente con aportar la documentación para continuar el trayecto”.

En este sentido, fuentes policiales alegan a Diario16 que, “en base a la Ley Orgánica 4/2015 de Protección de la Seguridad Ciudadana, un policía puede parar a cualquier persona y en prevención del delito, hacer un registro de sus pertenencias por si portaran sustancias estupefacientes, armas, etc…”. La misma fuente sostiene que “hay personas que están aprovechando el estado de alarma para portear droga u otras sustancias ilegales con autorizaciones de trabajo reales”, aunque reconoce que “esta práctica no es agradable para nadie”. No obstante, aunque esta sea una medida de prevención en el marco de la legalidad, el fin no justifica los medios y son numerosos los casos de agentes de la policía que está empleando formas no muy amables para dirigirse a la sociedad civil, en este periodo de excepcionalidad y total vulnerabilidad.

Donato vive en un pueblo de la costa de Málaga. Llamó a la policía para contar su situación: necesitaba ir a un herbolario que estaba en el pueblo colindante y no quería correr el riesgo de ser multado. El policía que lo atendió le dijo que no había problema y Donato le comentó que su único medio de transporte era la bicicleta. El pueblo aledaño es el Rincón de la Victoria, a 40 minutos andando de donde se encuentra este joven politólogo. El policía le respondió que no, “que para coger la bici mejor que cogiese el autobús”. Donato, educadamente, le replicó al agente que si tomaba el autobús “podría aumentar el riesgo de contagio, que si no podía hacer mejor el trayecto en bici”. El policía le dijo de nuevo que no, que si quería ir que fuese andando o que pagase un taxi, advirtiéndole que si cogía la bici le iban “a parar” e iría “dando el cante”. Al día siguiente, fruto de la necesidad, Donato tomó su bici para ir al herbolario y se cruzó con dos coches de la Guardia Civil y uno de la Policía local que no llegaron a pararle.

Este episodio le llevó a reflexionar sobre lo azaroso de esta situación. “Según el policía que te toque, este interpreta las órdenes de una manera u otra”, explica Donato, que sostiene que ahí reside la peligrosidad de esta situación, “pues se está quebrando lo que realmente supone el Estado de derecho, esto quiere decir que el poder no se ejerce de forma arbitraria, sino que debe atenerse a lo que la ley dice”. Donato leyó el decreto que rige el Estado de Alarma y afirma a Diario16 que “no consta la prohibición de ir en bici a las acciones que están permitidas hacer durante el confinamiento, ya sea a trabajar o a comprar productos de primera necesidad”. Cabría recordar que la bicicleta se postula como el medio de transporte más recomendable para la fase de desescalada y futuro escenario poscoronavírico. Así lo ratificó en Twitter la semana pasada la ministra Teresa Ribera en referencia al caso francés que busca implementar la bicicleta como principal medio de transporte: «Me parece una idea buenísima y una gran oportunidad en el marco de una movilidad distinta».

Ley de seguridad ciudadana: ambigüedades y vulneraciones de los derechos humanos

El estado de Alarma no solo ha traído malas formas y desconfianza, también ha dado paso al abuso y a la violencia policial. La plataforma estatal Defender a Quien Defiendeobservó desde el inicio del Estado de alarma la aplicación de una normativa que venía dada por la Ley de Seguridad Ciudadana para sancionar a las personas que se saltaran el confinamiento. Motivo por el que emitieron un comunicado ya que, “esta ley ha sido ampliamente criticada y cuestionada por organizamos internacionales y organizaciones pro derechos humanos, no entendemos cómo un Gobierno (PSOE-UP), que estuvo apunto de derogarla, la está aplicando”, expone la plataforma a Diario16. Al igual denuncia que dicha normativa “implica ambigüedad, arbitrariedad y potestad de actuación a los agentes policiales”. Así lo ha puesto de manifiesto también la Abogacía del Estado, quien sostiene que dicha ley no se debería estar utilizando para sancionar a la ciudadanía. Además, la plataforma critica “la securitización y el punitivismo, que se está utilizando ya no solo en el uso de esta ley, sino con los discursos y la actuación policial”. A partir de entonces, decidieron hacer una base de datos para recoger los casos en los que se estaba dando una vulneración de los derechos en el marco del Estado de alarma y en el uso de esta legislación.

Según los datos recogidos hasta ahora por la plataforma, hay 116 casos registrados. De ese total, más de 40 han llegado directamente a través de los canales de comunicación (mail y redes) donde tienen un buzón de asesoría. Desde DqD explican a Diario16 que “muchas de las personas que han sido sancionadas o han recibido malos tratos era la primera que se enfrentaban a algo así y lo explicaban con miedo a salir de nuevo la calle”. Según cuentan, “una mujer se preguntaba que por qué le había hecho eso la policía si era buena ciudadana”. Esta sensación de miedo “viene relacionada con el abuso de poder que las autoridades policiales están realizando en las calles”, afirman a este periódico fuentes de la plataforma. De esta manera, el registro más alto es por malos tratos, exactamente 42 casos relacionados con vulneración de derechos realizadas por golpes, empujones, insultos o comentarios vejatorios. Actuaciones que, a juicio de la plataforma, “se salen de los principios de proporcionalidad, congruencia y oportunidad, que debería regir cualquier actuación policial”. Por otro lado, solo 21 casos de los registrados tienen el resguardo de la propuesta de sanción, los demás -hasta llegar a 46- simplemente quedaron en identificación sin entregar resguardo. Desde la plataforma desconocen “si la Administración está trabajando al nivel que están llegando las notificaciones”. De esta manera, el recuento de incidentes fuera de un marco de derechos humanos quedaría hasta la fecha en 46 identificaciones, 21 propuestas de sanción, 42 malos tratos, dos allanamientos y cinco registros.

Por todo ello, Defender a Quien Defiende ha emitido dos comunicados dirigidos al Ministerio de Interior y al Defensor del Pueblo, con fecha de 16 de abril y 25 de marzo, para que se apliquen dichos principios de proporcionalidad, congruencia y oportunidad, y que “siempre se intente que los agentes utilicen la negociación y la mediación con la ciudadanía en lugar de actuar de manera sancionador, manteniéndose la calma y que no se abuse de la autoridad”. Además, inciden en que “haya protocolos claros sobre qué personas se pueden detener, porque hemos detectado una inseguridad jurídica muy alta, por ejemplo, en redes comunitarias de apoyo que están siendo perseguidas por dar de comer a personas que lo necesitan o, por otro lado, personas en situación de irregularidad que no tienen contrato de trabajo y no pueden justificar según qué desplazamiento”. Por eso, se pedía en el comunicado que esto estuviese más claro tanto para la ciudadanía como para los agentes. Asimismo, desde DqD vienen detectando que “los agentes están aplicando la ley según consideran, decidiendo registrar las bolsas a la ciudadanía y ser ellos mismos quienes determinen qué es material básico o incluso decidiendo cuánto puede caminar una persona. Entendemos que esto es irregular y arbitrario”, advierten.

En este contexto, la plataforma recuerda, y así lo remarca la Abogacía del Estado, que el artículo por el que se está sancionando a la mayoría de las personas es el 36.6 de la Ley de Seguridad Ciudadana, que es por desobediencia a la autoridad. En relación explican que “para que estas multas no fueran recurribles, el agente debe demostrar que la persona ha desobedecido a un requerimiento expreso e individualizado al propio agente, poniéndose así en duda el sentido de estas multas”. Por su parte, la profesora de Derecho Constitucional de la Universidad de Sevilla, Rosario Naranjo, explica a Diario16 que, en términos jurídicos, “la aplicación de esta Ley Orgánica es posible, ya que así se establece en el propio decreto y por la Ley Orgánica reguladora del estado de alarma». De este modo, el problema no es tanto si se puede aplicar o no, sino cómo se está interpretando en esta situación de excepcionalidad”. Por otro lado, «si el Ministerio del Interior hizo una unificación de criterios y se están estimando ineficientes, por seguridad jurídica, deberían mejorarse, ya que estamos ante un gobierno crítico con esta regulación de la Ley Orgánica de Seguridad Ciudadana, que está recurrida ante el Tribunal Constitucional. En este tema, dejar un amplio margen interpretativo a los órganos administrativos en esa imposición de sanciones, podría conllevar la lesión de determinados derechos fundamentales», concluye Naranjo.

Sobre la unificación de la guía de criterios anunciada por el Ministro de Interior, Grande-Marlaska, también se pronuncia la plataforma. “Nos parece que también se vulnera los derechos, ya que se contempla la aplicación de sanciones administrativas y económicas bastante altas. En la propia Ley de Seguridad Ciudadana se habla en un artículo de la proporcionalidad económica y en esta guía no se contempla que existe un mecanismo deficitario para justificar los desplazamientos, que ataca directamente a los bolsillos de la ciudadanía cuando más vulnerable está, y además vuelve a hablar de ambigüedades como el desprecio a los agentes”.

Particularidades registradas en Andalucía

La asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (APDHA) que también forma parte, junto a otras organizaciones, de la plataforma Defender a Quien Defiende, ha registrado una serie de quejas específicas del territorio andaluz al Defensor del Pueblo. Entre ellas destaca la solicitud de seguimientos de los bandos y las comunicaciones que algunos ayuntamientos han emitido a raíz del Estado de alarma. Esos bandos, según explican a Diario16 fuentes de APDHA, “en muchas ocasiones restringen aun más lo derechos que aparecen limitados en el real decreto del Estado de alarma. Como poder salir a pasear con el perro más allá de 30 metros de tu casa o no poder salir a comprar alimentos que no sean primera necesidad”. En este marco, “el Gobierno es quien tiene la potestad de establecer ese límite y no los ayuntamientos”, advierten desde la asociación.

Por esta razón, interpusieron una queja al Defensor del Pueblo Español en la que se registraban 11 ayuntamientos de diferentes provincias andaluzas, entre ellos el consistorio de la capital granadina, que estaban cometiendo esta irregularidad. En la solicitud se instaba a que “se prohibiera este tipo de normas”. La secretaria del Estado respondió a la queja registrada por APDHA dándoles la razón y comunicando que iban a solicitar “que los ayuntamientos eliminasen este tipo de comunicaciones de normativa en el ámbito municipal”. Asimismo, la asociación pro derechos ha pedido al Defensor del Pueblo “la revisión de oficio de todas las sanciones interpuestas en Andalucía, 760.000, en virtud del real decreto, para ver si se está cometiendo irregularidades en el proceso sancionador”.

Nota: los nombres Candela, Lucía y Donato son ficticios para proteger la identidad de nuestras fuentes