El pasado 16 de febrero, en un día histórico para el feminismo, el Congreso de los Diputados aprobaba la reforma del aborto, una de las legislaciones más avanzadas de Europa que prevé la posibilidad de que jóvenes menores de 16 y 17 años puedan interrumpir voluntariamente el embarazo sin permiso de sus padres. Además, la nueva normativa elimina los tres días de reflexión de la embarazada antes de someterse a la intervención, garantiza que la operación pueda llevarse a cabo en hospitales públicos (a los que se destinarán fondos suficientes para garantizar el tratamiento), blinda el aborto frente a protocolos reaccionarios como el que propuso Vox hace algunas semanas en Castilla y León e introduce el reconocimiento del derecho a la salud menstrual, así como la distribución de métodos anticonceptivos en lugares estratégicos (centros penitenciarios, servicios sociales e institutos de secundaria). La ley es tan ambiciosa que llega a incluir el concepto de “corresponsabilidad de los hombres” a la hora de usar el preservativo para prevenir enfermedades de transmisión sexual a sus parejas.
De esta manera, se culmina un largo proceso legislativo que arrancó en tiempos de Felipe González y que concluye ahora con una gran conquista social que hubiese sido imposible sin la lucha en la calle de miles de mujeres y la aportación decisiva de personas y colectivos clave como “las Once de Basauri”, las autoinculpadas del movimiento feminista, Justa Montero (activista de la Asamblea Feminista de Madrid), Begoña San José (primera secretaria de la mujer del sindicato CCOO), el “tren de la libertad” (que culminó en 2014 con una gran manifestación contra la reforma de la ley del aborto del PP) y la primera ministra de Igualdad de la historia de la democracia, Bibiana Aído, tal como recordó Irene Montero durante la histórica sesión parlamentaria.
Peligro de involución
La nueva ley ha puesto en guardia a los sectores más tradicionalistas de la sociedad española. PP y Vox votaron en contra, los populares calificando la normativa de “innecesaria, inoportuna e incongruente” y los voxistas reafirmando que “un país civilizado no destruye a los niños en el vientre materno”. A su vez, la Iglesia ha mostrado una feroz oposición con declaraciones anacrónicas de algunos de sus obispos más carpetovetónicos y preconciliares y los grupos provida se han vuelto a movilizar tratando de frenar un avance social, el de la interrupción voluntaria del embarazo, que está reconocido por la ONU y los convenios internacionales sobre derechos de la mujer que España ha suscrito en las últimas décadas.
Una vez más, los movimientos más radicales y fanatizados reaccionan contra una ley que Vox calificó de ejercicio de “sadismo” porque, según ellos, a partir de ahora se podrá “sancionar con cárcel a quien mate una rata mientras se puede matar libremente a un niño en el seno de su madre”. Los bulos jurídicos y anticientíficos han vuelto a propagarse como la pólvora por las redes sociales y los medios de comunicación de la caverna, sobre todo después de que la extrema derecha haya puesto en marcha su maquinaria en Castilla y León, donde el vicepresidente del Gobierno regional, el voxista Juan García-Gallardo, mano derecha del presidente popular Alfonso Fernández Mañueco, pretende impulsar un siniestro protocolo antiabortista para obligar a las mujeres a escuchar el latido cardíaco del feto y a ver las ecografías del embrión con el fin de presionarlas, coaccionarlas y disuadirlas. Al final, tras la movilización de miles de mujeres y el amplio rechazo de la sociedad española a este tipo de medidas, Mañueco se ha visto obligado a desautorizar a su segundo de a bordo y a garantizar que el polémico protocolo clínico no será aplicado, de modo que el derecho al aborto se mantendrá tal como establece la nueva ley del Gobierno de coalición. Con todo, el peligro de involución hasta tiempos franquistas sigue estando ahí.
Evolución de la ley del aborto
La primera normativa sobre el aborto data de 1985, cuando el Gobierno de Felipe González decidió despenalizar la interrupción del embarazo solo en tres supuestos: riesgo grave para la salud de la mujer (supuesto terapéutico); violación (supuesto penal); y malformaciones o taras en el feto (supuesto eugenésico). Más tarde, ya en 2010, el presidente Zapatero decidió fijar el aborto como un derecho “universal y gratuito” de la mujer mayor de 16 años hasta la semana 14 y hasta la 22 en caso de riesgo para la vida o salud de la madre o graves anomalías en el feto. Por fin la izquierda ganaba la batalla a las derechas al establecer, por primera vez en la historia, una ley de plazos suficientemente garantista. Durante el período conservador de Rajoy, la norma fue restringida en algunos de sus puntos por efecto e influjo de Alberto Ruiz-Gallardón, un hombre de intransigentes convicciones ultrarreligiosas que a lo largo de su carrera política llevó a cabo una cruzada permanente para arrebatarle a la mujer su legítimo derecho a disponer de su propio cuerpo (a él se debe la necesidad del consentimiento paterno o tutores legales de las menores que en ese momento decidían acabar con un embarazo no deseado).
La ley aprobada ahora por el Gobierno de coalición supone una nueva mejora en relación a la que regía desde el año 2010, ya que elimina el requisito previo de la autorización paterna de las menores. También desaparece el sobre cerrado con la supuesta información para la madre sobre políticas activas en favor de la maternidad y el período de reflexión de tres días (trabas introducidas por el lobby católico). Todo ello sin olvidar a los médicos y personal sanitario, que tendrán derecho a ejercer la objeción de conciencia (se establece un registro de objetores, de tal forma que los centros hospitalarios públicos puedan garantizar que cuentan con profesionales suficientes para realizar los abortos planificados). A partir de ahora, cualquier interrupción del embarazo se hará en clínicas de la Seguridad Social. Estamos por tanto ante un hito histórico por lo que tiene de triunfo del progresismo aconfesional frente al atavismo nacionalcatolicista, un paso adelante que además viene respaldado por el Tribunal Constitucional, que hace solo unos días rechazaba el recurso que el Partido Popular presentó hace 13 años contra la ley Zapatero. En realidad, el PP aceptaba la ley de plazos, pero aun así impugnó el texto legal socialista al exigir la permanencia del artículo que regulaba la información previa a las mujeres y al considerar insuficiente la protección legal que se daba a los médicos y sanitarios objetores.
La contradictoria postura del Partido Popular
Sin duda, la decisión de los magistrados del Alto Tribunal de rechazar tales pretensiones ha terminado por descolocar al nuevo líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo. El jefe de la oposición no se encuentra cómodo en un asunto como el aborto, que cada vez que se sitúa en el centro de la actualidad informativa provoca una profunda división entre el sector más liberal del partido (los llamados moderados hoy representados por Borja Sémper) y el más conservador, tradicionalista y clerical. De nuevo, los duros del PP han puesto contra las cuerdas al máximo dirigente de Génova 13, al que han obligado a hacer auténticos malabarismos retóricos para definirse intelectualmente en el asunto que más ampollas levanta en la derecha española. A Feijóo le llega la presión no solo internamente, sino también desde los medios de comunicación más conservadores siempre dispuestos a arremeter contra él cuando se desmarca del argumentario de la derecha más extrema para adentrarse en la senda de la moderación. Ni siquiera le perdonaron cuando dijo, públicamente, que acataba la histórica sentencia del Constitucional, algo que entre los grupos ultracatólicos provida vinculados a Vox ha sido visto como un síntoma de debilidad y de complicidad con Pedro Sánchez.
Entre los que llevan un estrecho marcaje al gallego está, por descontado, el partido nacionalpopulista español, Vox, que ha llegado a calificar de “traidores” y de “derechita cobarde” a todos aquellos políticos del PP, incluido Feijóo, que no se muestren radicalmente abolicionistas del aborto. Esa necesidad de navegar entre dos aguas, de contentar a unos y a otros, ha llevado al presidente popular a articular un discurso por momentos incoherente y siempre demagógico y populista. “El aborto es una decisión de la mujer que solo se puede adoptar de acuerdo con la legislación (…) No considero que el aborto sea un derecho fundamental porque no está recogido así en la Convención de Derechos Humanos”, ha llegado a decir. Con estas declaraciones, él mismo se apartaba de la postura oficial fijada por el partido en aquella ponencia de 2017 que sostenía que “el aborto no debe entenderse como un derecho sino como un fracaso de la sociedad”. Las incongruencias continuaron cuando Borja Sémper, el elegido por el dirigente orensano para darle un matiz moderado a la inminente campaña electoral, se acogió a la famosa ponencia el día que tuvo que comparecer ante los medios de comunicación para valorar la nueva ley del aborto del Gobierno Sánchez.
Pero lo más grave de todo es que, por lo visto, para Feijóo hay derechos de primera y de segunda categoría, unos derechos que se deben respetar obligatoriamente y otros que cumplirían una función meramente decorativa, entre los que estaría algo tan importante y trascendental, algo tan íntimamente unido a la salud física, psíquica y sexual como es el derecho de la mujer a disponer de su propio cuerpo. Sin duda, decir que el aborto no es un derecho fundamental fue una valoración lamentable para alguien que pretende alcanzar el rango de estadista de la democracia, una más de las muchas a las que nos tiene acostumbrados el presidente popular en los últimos tiempos y que viene a demostrar lo lejos que están sus ideas del feminismo. ¿Dice estas cosas porque las piensa realmente o porque siente el aliento en el cogote de Santiago Abascal, que es quien le va marcando el paso, la agenda diaria y el estilo hasta arrastrarlo hasta una especie de peligroso trumpismo a la española? Más bien parece lo segundo. La abolición del aborto es uno de los puntos fundamentales de eso que la nueva extrema derecha mundial ha dado en llamar “la batalla cultural” contra la izquierda. Y ahí Feijóo se encuentra cada día más maniatado por Vox, al que necesita como el aire que respira no solo para mantener los gobiernos autonómicos de coalición sino para llegar algún día a la Moncloa. Sin la fuerza política ultra, el PP de hoy es un partido débil sin posibilidad alguna de alcanzar el poder, eso lo sabe bien Abascal, que juega todo el rato a influir sobre su homólogo popular para dejarlo en evidencia ante el electorado más tradicionalista.
La estrategia de la ultraderecha
Es evidente que el líder voxista consigue arañar votos entre los sectores más conservadores con ese discurso radical sobre el aborto, un asunto que a Feijóo, por el contrario, le quema en las manos. No extraña, por tanto, que cada vez que Abascal toma la palabra sea para prometer que cuando lleguen al poder abolirán la actual legislación que garantiza ese derecho a la mujer. Machismo patriarcal, antiabortismo, lucha contra las leyes de igualdad entre hombres y mujeres y nacionalcatolicismo forman parte del marco cultural y referencial de Vox que por momentos Feijóo, por necesidades pragmáticas y de supervivencia más que obvias, se ve obligado a comprar. De modo que la “guerra cultural” que preconiza el partido ultra no busca tanto imponer sus postulados sino abrir una profunda grieta ideológica en el Partido Popular, recoger la sangría de votos por su derecha y plantar cara a Sánchez. Desde ese punto de vista, para Vox el aborto no sería más que otra excusa en su estrategia política, un medio para conseguir un fin, en este caso el poder.
Por consiguiente, al PP le falta aclararse en todo este asunto de la interrupción voluntaria del embarazo y ese debate ideológico, nunca del todo cerrado, llegará probablemente en el próximo congreso nacional que, según fuentes de Génova, se celebrará después de las elecciones. Será entonces cuando el Partido Popular definirá si está por una ley de plazos moderna y avanzada como la que inspira a la mayoría de las legislaciones europeas o por colocar el fonendoscopio a las mujeres para que escuchen el latido fetal, atormentándolas y tratando de disuadirlas antes de un aborto, tal como propone García-Gallardo en Castilla y León.
Reconozco que soy un provida de los que van a rezar delante de una clínica abortista. Yo creo que lo único que podría justificar el aborto libre y sin restricciones sería creer que el feto no es ningún ser humano. Y me ha llamado la atención que Ud en su artículo no ha dicho nada al respecto.
En ese sentido recuerdo haberle leído a una provida que hoy en día cuando se dice que el aborto es matar un ser humano, hay abortistas que responden cosas como «¡que no somos tontas, que eso ya lo sabemos!». O sea, que hemos llegado a un punto en que la defensa del aborto no es porque no se crea que es un asesinato. Se aborta porque es mi derecho, porque es mi trabajo, porque es mi ideología , etc.
No le estoy diciendo que Ud sea de los que creen que abortar es matar a un ser humano pero les da igual. Pero Ud no ha dicho nada al respecto.
Y en ese sentido, cuando una parte importante de la sociedad piensa que tiene derecho a asesinar, es practicamente imposible que halla paz social, y eso es lo que estamos viendo hoy día en el mundo. Una persona que piensa así, defenderá cualquier cosa que crea que es su derecho, o simplemente le convenga, sin pensar en nadie ni nada más.