Santiago Milans del Bosch, que ha sido contratado por la Fundación Francisco Franco para evitar que los restos del dictador sean exhumados del Valle de los Caídos, y que también ejerce la defensa del ex ministro Eduardo Zaplana, imputado por los presuntos delitos de malversación, blanqueo de capitales, cohecho y prevaricación en el denominado caso Erial, ha sido denunciado ante la fiscalía anticorrupción por un supuesto delito de lo que antes se llamaba prevaricación de abogados, por su ex cliente, el magistrado Fernando Presencia.

Éste, recientemente, supo que Milans del Bosch, poco tiempo después de haberle defendido, fue contratado para el mismo asunto por la persona contra la que el magistrado Presencia se querelló por presunta corrupción, el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha Vicente Rouco Rodríguez. De esta forma, desde el punto de vista del magistrado Presencia, Santiago Milans del Bosch vulneró el privilegio abogado cliente castigado en el 467.1 del Código Penal.

La sorpresa vino de la mano del Procurador Jacobo De Gandarillas
Martos
al reconocer que «quien estaba detrás de la
confección de los escritos evacuados para la defensa de Vicente Rouco
Rodríguez
era, en realidad, el abogado especializado en temas
administrativos y judiciales, Santiago Milans Del Bosch y no el abogado que aparece oficialmente en las actuaciones, Juan Molins Otero», lo que según la denuncia podría suponer la comisión de un delito del artículo 467.1 del Código Penal, que castiga al abogado o procurador que, habiendo asesorado o tomado la defensa o representación de alguna persona, sin el consentimiento de ésta defienda o represente en el mismo asunto a quien tenga intereses contrarios.

Los hechos denunciados en la Fiscalía Anticorrupción se remontan a la época en la que Santiago Milans del Bosch se ofreció al magistrado Fernando Presencia para diseñar una estrategia de defensa ante la avalancha de expedientes disciplinarios —más de una veintena— que le fueron incoados por sus denuncias públicas contra la corrupción que implicaban a varios integrantes de los estamentos judicial y fiscal en Castilla La Mancha, entre ellos el sobrino del arzobispo Rouco Varela, Vicente Rouco Rodríguez.

Según la denuncia a la que ha tenido acceso Diario16 «el asesoramiento consistió no solamente en pergeñar la defensa en los innumerables expedientes disciplinarios, sino además en construir un muro dialéctico que consiguiera poner freno a esa vorágine de represalias y acosos por parte del presidente del Tribunal Superior de Justicia de Castilla La Mancha».

Dentro de esa estrategia —sigue diciendo la denuncia— Santiago Milans Del Bosch aconsejó a su cliente que presentara su candidatura para cubrir la plaza de presidente del TSJ, que se convocaría después por acuerdo de la Comisión Permanente del CGPJ de 22 de octubre de 2015.

Lo que ocurrió después fue que el magistrado Fernando Presencia fue expulsado del proceso de selección precisamente por sus denuncias contra la corrupción y, por ese motivo, recurrió en la vía contencioso administrativa el acuerdo del Pleno del CGPJ, que en su reunión de 28 de enero de 2.016 nombró a Vicente Rouco Rodríguez, nuevamente, Presidente del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha.

Ha sido en la impugnación de ese nuevo nombramiento ante el Tribunal Supremo cuando el Magistrado Presencia ha descubierto que su ex abogado había cambiado de cliente en el mismo asunto sin su autorización, lo que está prohibido y castigado en el artículo 467.1 del Código Penal.

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