María Dolores de Cospedal admite que el excomisario Villarejo, encarcelado de blanqueo de capitales, delitos fiscales y organización criminal, informó a su marido, Ignacio López del Hierro, en reuniones que mantuvieron durante el verano de 2009, sobre los avances de las investigaciones de los casos de corrupción del PP. Esas grabaciones demuestran que el policía proporciona información secreta de operaciones policiales en marcha para que los implicados destruyeran pruebas.

El excomisario se reunió en secreto con María Dolores de Cospedal, siendo ella secretaria general del Partido Popular, en Génova en plena crisis por el caso Gürtel. El encuentro, según los audios a los que ha publicado moncloa.com, se produjo el día 21 de julio por la tarde. De la conversación grabada por Villarejo se desprende que en la reunión están presentes el excomisario, Cospedal y el marido de esta.

Durante la conversación, Villarejo pone en aviso a López del Hierro sobre las investigaciones de corrupción que afectan a miembros del Partido Popular, el caso Gürtel,; el caso Brugal y el caso Umbra.

Villarejo no estaba encargado de la investigación de la trama Gürtel, pero conocía los avances de sus compañeros en el caso y se jactó ante Cospedal de tener información privilegiada. Así, Villarejo desveló las claves de la instrucción abierta en la Audiencia Nacional. Durante la reunión, el comisario advierte a Cospedal de que quienes impulsaban la causa contra los populares eran Alfredo Pérez Rubalcaba, entonces ministro del Interior, y el juez Baltasar Garzón, primer juez instructor del caso Gürtel.

Antes y después de esa reunión, el marido de Cospedal, Ignacio López del Hierro, habló en varias ocasiones con Villarejo en las que se interesaba por investigaciones del caso Gürtel y otras causas que afectaban al PP. Villarejo además de informarle sobre las causas abiertas, también le adelantaba información sobre operaciones previstas que afectaban a los populares. Villarejo revela secretos de investigaciones judiciales y admite que informaba de operaciones policiales previstas para que los supuestos corruptos destruyeran pruebas.

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