Al haberse celebrado recientemente los 60 años del Tratado de Roma, tratado que instauraría la Comunidad Económica Europea (CEE), parece oportuno resaltar, por una parte que sigue siendo una gran desconocida para los ciudadanos y por otra el hecho de que se encuentra en uno de sus momentos más complicados, con el Brexit a las puertas que la dejará con 27 países miembros, el avance del euroescepticismo, el repliegue de los países del Este y los problemas con el euro.

Vaya por delante mi reconocimiento a los aspectos positivos en la génesis de la UE para conseguir unos Estados Unidos Europeos, así como los beneficios obtenidos: Ausencia de guerras desde 1945 entre los países miembros de esta unión, mejora de nuestra vida cotidiana a la hora de viajar por los países integrantes, importantes inversiones en lo económico, etc.

Aunque los fundadores de la Unión intentaron que se aplicase la sensatez mediante el principio de que: “La Unión perseguirá sus objetivos (…) respetando el principio de subsidiaridad”, es decir que: “La Unión sólo debe actuar si un problema no puede resolverse adecuadamente a nivel nacional, sino únicamente a nivel europeo”, la realidad es que este macro proyecto se ha convertido en un monstruo en el que una burocracia ilustrada, con ribetes kafkianos, controla hasta los detalles más nimios de la convivencia de las personas (desde la curvatura de los pepinos hasta el tamaño de los condones), mientras que éstas viven ajenas a ello. Y lo peor es que en los gobiernos nacionales los políticos responsables, se han dejado doblegar complacidamente por los gigantes mundiales de los sectores farmacéutico, energético, financiero, alimentario o de la comunicación.

Como consecuencia de lo anterior nos encontramos con un ente –La UE- que es un autentico laberinto, tanto en lo que se refiere a su estructura –organismos que lo componen-, como a la ingente cantidad de normas, directivas y procedimientos, imposibles de digerir dado el volumen alcanzado (las normas legales del banco de datos forman una colección de 1.400.000 documentos) a lo que se añade el uso de un lenguaje enrevesado que no lo entienden ni los expertos. Consiguiendo, no solo el desapego de la ciudadanía sino la crítica y el rechazo hacia quienes desempeñan su trabajo en ella. Dándose la paradoja de que un organismo con una gran proclividad para inmiscuirse en el día a día de los europeos y con un gran poder a la hora de enmarcar las reglas del juego en el que se desarrollan nuestras vidas nos es totalmente desconocido. Háganse una autoevaluación y comprueben si son capaces de enumerar los organismos más importantes ubicados en Bruselas, Estrasburgo, Luxemburgo o Frankfurt, y para sobresaliente, el nombre de los presidentes, vicepresidentes, comisarios y jefes de comisiones. Mi nota es un suspenso.

Podemos afirmar sin riesgo a equivocarnos que a día de hoy no existe una opinión pública europea merecedora de ese nombre. Debido, en parte, a los medios de comunicación que siguen anclados en un “nacionalismo” que tendría que haber sido superado por una visión transnacional como corresponde a ese organismo que es la Unión Europea, junto a la dejadez de funciones de los políticos nacionales a la hora de crear una opinión pública informada. Dejadez suplida con éxito por la propaganda de las autoridades comunitarias.

Con el eufemismo de “déficit democrático” se intenta hacer pasar por coyuntural lo que es estructural. La carencia de democracia en los organismos que componen la UE no es un defecto casual, sino que en el momento fundacional de la Comunidad Europea, el consejo de Ministros y la Comisión acordaron, que la población no tendría ni voz ni voto en sus decisiones. Pues dudaban que la democracia que era la forma de gobierno de los países integrantes, pudiera funcionar a nivel supranacional. En consecuencia el único organismo que representa a los ciudadanos, el Parlamento, tiene una función meramente protocolaria. De ahí que cualquier consulta democrática como un referéndum cause pánico entre la eurocracia.

Los noruegos, los daneses, los suecos, los holandeses, los irlandeses y los franceses han dicho “no” cuando se les ha preguntado. Eso sin hablar de británicos y suizos que se resisten a decir adiós a su sistema democrático. Sin que ello suponga un obstáculo para que la UE siga hacia delante, pues como dijo el profesor Philipp Genschel: “La forma común de no respetar los resultados de un referéndum, no es el abierto desafío… sino la repetición hasta que este produzca el resultado correcto”.

La consecuencia es una participación electoral cada vez más reducida. Cuestión que no parece afectar a los responsables, que asisten impasibles ante la merma de su legitimidad, pues la pasividad de los ciudadanos los pone en una situación paradisíaca, ya que cuando las cosas van mal, los gobiernos nacionales culpan a Bruselas y, por su parte, la Comisión alega que solo sigue las intenciones de los Estados miembros. Al final nadie es responsabilizado por los malos resultados.

Cuando los gobernantes y grupos afines nos bombardean con el lema: “La solución es más Europa”, deberían aclararnos su significado. ¿Se trata de ampliar “esta Europa”?, ¿de seguir creciendo en burocracia al tiempo que disminuye en democracia?, ¿de dar más poder a los lobby de las grandes multinacionales al tiempo que se incapacita políticamente a los ciudadanos?, etc.

La actual UE supone la más audaz tentativa de dejar atrás un invento europeo como es la democracia y sustituirlo por una burocracia (controlada por las grandes multinacionales), que la filosofa y escritora Hannah Arendt, describía como “la dominación no por leyes o personas sino por anónimas oficinas u ordenadores, cuya supremacía absolutamente despersonalizada puede suponer, para la libertad y aquel mínimo de civilidad sin el cual no cabe imaginarse la vida comunitaria, una amenaza mayor que la arbitrariedad más indignante de las tiranías del pasado”.

La mitología nos cuenta que Zeus raptó a la princesa fenicia Europa. En la actualidad asistimos como meros espectadores al secuestro de la democracia en Europa por una “Burocracia” subordinada a los intereses del capital.

 

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