No es ningún secreto que la privatización de lo público ha sido una tónica general de las políticas llevadas a cabo por los gobiernos del bipartidismo desde los años 80. Esta estafa a la ciudadanía, que se nos vendió como un mejor modelo de gestión, ha servido únicamente para que los españolitos de a pie tengamos que pagar más por nuestro recibo de la luz, el agua o el gas y para que los gobiernos de turno redujesen a corto plazo los déficits públicos a costa de “regalar” al mercado – y muchas veces a los amiguetes de turno- lo que era de todos, siendo esto, como se ha comprobado después, caldo de cultivo de todo tipo de corruptelas que han tenido luego su expresión máxima en las llamadas puertas giratorias.

Las políticas del PP y del PSOE hacia los servicios públicos prácticamente han sido las mismas en estos últimos años. Las grandes privatizaciones de empresas la iniciaron los gobiernos de Felipe González en los años 80 y avanzaron en esa misma dirección con el gobierno de Aznar, dejando claro que en materia económica son “tanto monta, monta tanto”, es decir, representantes ambos de políticas neoliberales que, o bien se caracterizan por la venta de operaciones del sector público, o bien por la subcontratación, medidas ambas que reducen la acción e independencia del gobierno en cuanto a economía se refiere. Y es que el liberalismo pretende privatizar todo lo que dé beneficio y ha encontrado en sectores como la energía y como la gestión del agua una cartera de clientes fijos “donados” por los gobiernos que representan ingresos fijos sin riesgo de pérdida alguna.

el liberalismo pretende privatizar todo lo que dé beneficio

Afortunadamente parece que esta situación empieza a revertirse desde el ámbito local y son ya muchos Ayuntamientos los que están apostando por la recuperación de los servicios públicos para la ciudadanía, como la limpieza viaria, la recogida de basuras, el tratamiento de residuos, el mantenimiento del agua y las zonas verdes, etc.

El gran problema con el que se están encontrando las entidades locales es tratar de romper esos contratos firmados con grandes compañías antes de lo acordado, ya que estas grandes corporaciones pueden exigir compensaciones que las arcas de los Ayuntamientos no pueden soportar. Por eso, las promesas de remunicipalización de los servicios públicos que muchas candidaturas ciudadanas vinculadas a Podemos llevaban en sus programas electorales para las municipales están siendo muy difícil, o en muchos casos, imposibles de cumplir.

No queda otra, desgraciadamente, que prever las fechas de expiración de esos contratos y preparar un plan para recuperar esos servicios, que como diversos informes oficiales han demostrado, cuando son de titularidad pública resultan hasta un 50% más baratos, el servicio se presta con mayor calidad hacia los beneficiarios y mejoran sustancialmente las condiciones laborales de los trabajadores.

Pero a parte de la fecha de expiración de los contratos con dichas empresas, los Ayuntamientos se encuentran con otro gran problema: la realidad de las leyes estatales. La última reforma de régimen local ha limitado seriamente la autonomía municipal a la hora de instrumentar formas de gestión directa de los servicios, como es el caso la Ley de Sostenibilidad y Racionalización de la Administración Local, que supone un retroceso en la autonomía de los Ayuntamientos.

Por este motivo el “asalto” a lo local que muchas formaciones han llevado a cabo en las últimas elecciones municipales debe estar acompañado ahora, en las próximas generales del 26J, con el asalto a lo estatal, para que se deroguen leyes como la anteriormente citada y así posibilitar a las instituciones más cercanas a la ciudadanía, como son los Ayuntamientos, llevar a cabo estas políticas de remunicipalización tan anunciadas en los programas electorales y que con la actual legislación es muy complicado ejecutar.

Cambiar de gobierno es fundamental para que la remunicipalización y la gestión democrática de los servicios públicos pueda ser una realidad y para que los ayuntamientos tengan la oportunidad de demostrar que es posible otra política a favor de la mayoría social. Por eso la única papeleta que encontraréis el 26J que pueda revertir esta situación es la de UNIDOS PODEMOS. Los demás partidos ya nos han demostrado que vender “lo público” no les importa absolutamente nada. Recuperemos lo que nunca debió dejar de ser nuestro.

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