La titular del juzgado de instrucción 8 de Sevilla ha solicitado al Senado que certifique la situación actual del senador y alcalde de Tomares (Sevilla), José Luis Sanz, del Partido Popular, para investigarlo de nuevo por el caso de los informes municipales de una sola frase elaborados en 2007. La juez María de los Reyes de Flores ha cursado la petición al Supremo tras solicitarlo la Fiscalía y después de nuevos informes policiales aportados a la causa.
Esta decisión judicial se produce después de que en abril de 2015 el Tribunal Supremo decidiera archivar el caso de los contratos firmados por el Ayuntamiento de Tomares porque no apreciaba indicios relevantes de delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos en el senador y regidor municipal. La sala segunda del alto tribunal devolvía de este modo las diligencias al juzgado de instrucción número 8 de Sevilla, que le elevó una exposición razonada sobre el parlamentario y aforado.
El Supremo aseguró sobre la presunta malversación del alcalde de Tomares que «no hay indicios de que el aforado sustrajera, o consintiera que lo hiciera un tercero, caudales o efectos del Ayuntamiento», y añadía que en esta fase «no se acredita, ni aún indiciariamente, la participación» de Sanz, que volvió a ser elegido alcalde el pasado 25 de mayo de 2015. El Supremo resolvió que el ex presidente del PP andaluz «no ha firmado las facturas presentadas supuestamente relativas a trabajos no realizados, ni consta que haya tenido conocimiento de que, presuntamente, se estaban pagando facturas por trabajos inexistentes». En la exposición razonada que el juzgado le remitió, el Supremo aseguró que «no se mencionan indicios de que el alcalde interviniera en la ejecución de los contratos, y por lo tanto, de que fuera conocedor del posible mal uso del erario público al efectuarse los abonos mencionados».
El Supremo delimitó tres contratos firmados entre los años 2007 y 2008 por el Ayuntamiento de Tomares con una empresa del ex concejal Juan Antonio Campos. Campos está imputado en ese caso junto a otros dos ediles de Tomares: Eloy Carmona, concejal de Presidencia, y Mercedes Fuentes, responsable municipal de Medio Ambiente.
Ahora, a través de una providencia con fecha de 10 de junio de 2016 y recogida por Europa Press, el juzgado actúa «conforme a lo interesado» por la Fiscalía, y con relación a una pieza separada de la investigación inicial del contrato gracias al cual el concejal del Ayuntamiento de Tomares Juan Campos (PP) percibió retribuciones municipales cuando no ostentaba acta de edil, por informes de apenas dos o tres líneas que habrían sido supuestamente elaborados ‘a posteriori’ con el objeto de justificar el dinero abonado.
Sanz es actualmente alcalde de Tomares, senador por el PP y candidato número uno de la candidatura popular a la Cámara Alta por Sevilla para este 26-J. Además, ocupa uno de los 19 sillones como suplente de la Diputación Permanente de la Cámara Alta a petición de su partido. Como tal, goza de aforamiento y por tanto solo puede ser investigado por el Supremo y no por un juzgado ordinario. Por ello el interés del juzgado sevillano por conocer la situación actual de Sanz.
En un comunicado, el Ayuntamiento de Tomares ha mostrado su «más absoluta sorpresa» ante la «insistencia de la fiscal» asignada al caso por «intentar culpar» al regidor por el mismo asunto por el que ya fue exculpado por el Supremo hace más de un año.
«El Ayuntamiento de Tomares defendió, defiende y defenderá que en todo momento se ha actuado cumpliendo la legalidad vigente y siguiente las directrices de los habilitados nacionales, por lo que no entiende el empecinamiento de la Fiscal encargada del caso porque cuando algo está bien hecho, siempre estará bien hecho, por lo que lo único que se consigue con nuevas peticiones sobre el mismo asunto es dilatar en el tiempo una causa que ya archivó el Supremo con respecto a Sanz y que seguro quedará archivada en Sevilla con respecto al resto de concejales e implicados», defiende.
El consistorio de Tomares critica que la petición del Ministerio Público se base en el informe de un perito «vinculado al [ex] alcalde socialista Alfredo Sánchez Monteseirín y nombrado por un alto cargo socialista de la Junta de Andalucía y sin experiencia contrastada en el derecho local».
