Una imagen del Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo.

Una asociación que lucha por la defensa de las libertades cívicas ha remitido una queja a la Fiscalía General del Estado y al Ministerio de Justicia denunciando la falta de transparencia que sufre cuando reclama que se abran investigaciones concretas contra algún miembro de la carrera judicial. ANVIPED (Asociación Nacional de Víctimas de los Profesionales del Estado de Derecho) remitió un escrito el pasado 10 de julio al Fiscal General del Estado en el que denuncia “una práctica muy extendida entre los jueces de denunciar a los dirigentes de asociaciones y a los abogados de estas cuando denunciamos su corrupción en los procedimientos judiciales”.

ANVIPED recuerda que esta práctica es “ilegal”, “poco democrática” y “disuasoria” ‒según recientes resoluciones del Tribunal Europeo de Derechos Humanos‒, y supone una actitud “autoritaria” por parte de algunos “jueces y fiscales que denuncian a los profesionales del Derecho, por injurias y calumnias”, con el fin de “lucrarse con la indemnización” de las sentencias condenatorias.

En la misiva, los responsables de ANVIPED pidieron una reunión urgente, no solo con la Fiscalía General del Estado, sino con la ministra Dolores Delgado, en la que “le aportaremos documentación de varios casos y concretemos su compromiso de acabar con esta práctica corrupta, de forma que podamos informar a los medios de comunicación de lo sucedido y de que ustedes no van a permitir esa corrupción judicial”. La respuesta de la Fiscalía a la asociación fue que “si tiene conocimiento de hechos que pueden ser constitutivos de delito pueden interponer denuncia ante la Comisaría de Policía, Juzgado de Guardia o puede dirigirse a cualquier fiscalía más próxima a su domicilio, aportando la documentación en que se fundamente”. Además, este mismo órgano judicial informó a los denunciantes de que “la agenda de la Fiscal General está completa para los próximos meses”. Por su parte, el Ministerio de Justicia respondió a ANVIPED que “en relación a su petición de reunión les rogamos nos indiquen un número de teléfono para que un asesor de la ministra les pueda llamar y concertar una cita”. De momento, esa reunión no se ha celebrado.

Según ANVIPED, resulta “gravísimo” que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) haya sugerido que la Justicia española puede ser “poco democrática” y “disuasoria”. La asociación pone como ejemplo el de un abogado condenado por calumniar a un juez durante un procedimiento judicial, un delito que no existe según el TEDH. El ponente de la sentencia de Estrasburgo estableció en ese asunto que “en cuanto existe una fuerte convicción o incluso una cuasi certitud por parte de los jueces de que un abogado ha rebasado los límites de su derecho a la libertad de expresión en un asunto civil ante un tribunal, me parece que en principio un procedimiento disciplinario sería más apropiado que un procedimiento penal para proceder a una primera valoración del comportamiento de este abogado”. Y añade: “En fin, no quisiera excluir que, en este caso, los cargos penales por calumnia podrían ser justamente considerados contra el abogado en cuestión, pero me parece que la elección del juez de dirigirse directamente al fiscal sin ni siquiera tratar de incoar un procedimiento disciplinario ante el Colegio de Abogados podría tener un efecto disuasorio en lo que se refiere al ejercicio de la libertad de expresión de los abogados. La cuantía de la pena, en este caso, me parece un mal menor”. El fallo concluye que “vuelvo al factor “efecto disuasorio”. Ya he subrayado su importancia. No debería, sin embargo, utilizarse como un escudo para proteger los abusos flagrantes de la libertad de expresión que, como en el presente asunto, asestan un golpe directamente contra un juez individual y, por supuesto, indirectamente contra el sistema judicial español”.

Además, ANVIPED lamenta que la Fiscalía General del Estado remitiera la denuncia a la Fiscalía Anticorrupción, “que se lavó las manos como es habitual, a pesar de que el TEDH había condenado a España en varios de los casos denunciados”.

“En resumen, según el TEDH, estos fiscales, jueces y magistrados denunciados por nosotros violan varios derechos humanos: libertad de expresión y derecho de defensa letrada; además, por lo antedicho, es obvio que están vulnerando el derecho fundamental de asociación, en todos los casos de una forma disuasoria”, añade ANVIPED.

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