Mariano Benítez de Lugo es un abogado conocido por sus actuaciones en procesos penales como acusador popular en casos de corrupción. Personado en casos de trascendencia como Gürtel, venta de viviendas públicas a Fondos Buitre (EMVS e IVIMA), los papeles de Bárcenas, los casos Dívar y Rato o la muerte de cinco jóvenes en el Madrid Arena, a pesar de su actividad como letrado, encuentra tiempo para escribir numerosos artículos, participar en debates de televisión o impartir conferencias sobre diversos temas jurídicos.

Benítez de Lugo es fundador de la Asociación de Abogados Demócratas por Europa (ADADE) ha recibido la Medalla de Honor del Colegio de Abogados de Madrid el año pasado y la Cruz de Honor de San Raimundo de Peñafort por méritos a la Justicia en 1987. Motero empedernido, al entrar en su despacho un olor mezcla de vainilla y chocolate nos adelanta la personalidad con quien vamos a departir. Nos acompaña un cenicero repleto de pipas y nos recibe el abogado con su sempiterno bigote plagado de canas, complemento al aplomo y experiencia jurídica que embarga la estancia.

 

¿Qué es la Corrupción?

Partimos de la base de que para que haya corrupción tiene que haber dos factores: corruptor y corrompido. Yo culpo al corrompido porque el corruptor suele mirar por sus intereses, pero el corrompido da la casualidad que suele ser un funcionario público que debe mirar por los intereses de los demás y no por los suyos propios.

 

Llevar el coche al taller y no pedir factura, ¿es otro tipo de Corrupción?

No creo que debamos rebajar el concepto de corrupción a esos niveles. En ese caso concreto estaríamos hablando de un pequeño caso de evasión fiscal.

 

¿Actúan los corrompidos tal como funcionan algunas empresas con intercambio de favores?

No creo que estemos hablando de corrupción en casos de tipo empresarial, más bien de un comportamiento antiético. Posiblemente con el paso de los años algunos de los que ejercen esa práctica caigan en las redes de la corrupción, pero seguramente otros no caerán. Particularmente, creo que cada uno debe cobrar en función de su trabajo. Yo, por ejemplo, nunca en mi vida he cobrado una consulta. Aunque después tampoco lleve el caso. Creo que es mi aportación jurídica a la sociedad.

“Nunca en mi vida he cobrado una consulta”

 

¿Qué papel ocupa España en la corrupción internacional?

Creo que aún no se tiene claro el concepto de corrupción como tal. Fíjese: hace unos 20 días escuché al ministro Rafael Catalá, decir que los corruptos pagan su condena con el cese de sus cargos políticos. Mal vamos si pensamos así. Un corrupto debe tener responsabilidades políticas y también responsabilidades jurídicas por incumplir la ley. Las dos deberían ir unidas pero los conceptos son completamente diferentes. Si esto no se tiene claro desde un principio las cosas poco o nada pueden cambiar.

 

¿Por qué hay tanta corrupción? ¿Es nueva o se conoce más ahora?

Sin duda, se conoce más ahora. Mi primer caso de lucha contra la corrupción ocurrió en la Dictadura. Se celebraba un juicio por un brutal accidente de Metro con muchas víctimas. En aquel juicio quedó claro que la empresa constructora utilizo para construir la bóveda del metro hormigón de peor calidad a la presupuestada. No es una práctica actual, es una práctica de siempre que el oscurantismo de la época ocultó.

“Un corrupto debe tener responsabilidades políticas y jurídicas”

 

¿Usted cree en la independencia de los jueces?

Yo creo que los jueces son independientes. También que son algo corporativistas. Pero en España ocurre algo sorprendente. Siempre estamos hablando del Consejo General del Poder Judicial como máximo órgano judicial o, al menos, el que regula la Justicia, pues no es así. El Consejo solo es un órgano que regula el orden y el funcionamiento de la Justicia y de los jueces. Pero, ojo, después, esas decisiones pasan a la Sala Tercera del Tribunal Supremo que es, verdaderamente, la que dice si sí o si no. Puede parecer incomprensible que unos jueces juzguen administrativamente las decisiones de otros jueces.

 

Con la que está cayendo, ¿debemos creer en la Justicia?

A ver, yo creo que la justicia no existe. Lo he dicho varias veces en algunos de mis artículos. Para mi existen casos que se resuelven justamente y casos que no. Mire en el caso de Chaves y Griñán –en el auto en el que determinaba la apertura de juicio oral– se argumentaba que ambos “por sus cargos deberían tener conocimiento de todos lo que hacían sus cargos inferiores”. Por el contrario, en el caso de la ex alcaldesa de Jerez, el Tribunal Supremo dice que “por su cargo no debía tener obligación de conocer lo que hacían sus cargos inferiores”. ¿En qué quedamos?

 

¿Qué le parecen los aforamientos?

Una reliquia del pasado que, además incumple el artículo 14 de la Constitución Española, ese que dice que todos somos iguales ante la Ley.

 

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