UGT ha presentado una enmienda a los Presupuestos Generales de Estado, para fomentar los derechos de los consumidores, al considerar este sindicato, la escasa importancia que el Gobierno de Mariano Rajoy nos concede a los consumidores españoles.

A este respecto, la secretaria de Políticas Sociales, Empleo y Seguridad Social de UGT, Mari Carmen Barrera ha insistido que, con esta enmienda a los presupuestos generales del 2017, UGT quiere que “se inviertan más en políticas que fomenten los derechos de los consumidores

Para UGT, una forma eficaz de luchar contra la pobreza y la desigualdad en nuestro país, “es incrementando los derechos de los consumidores, y teniendo especial atención, a las situaciones de pobreza energética y otros consumos básicos” ha afirmado Mari Carmen Barrera.

En UGT denuncian que el presupuesto de consumo, permanece invariable desde 2014, y que es necesaria una política transversal, igual a todas las Administraciones Públicas en materia de consumo. Según ha indicado Carmen Barrera, UGT quiere que esta política transversal, “se ejerza desde la administración más próxima al ciudadano, como es la administración local“. Así se incrementarían los equipararían de los consumidores españoles, a la media europea.

Para UGT, es necesario que se incrementen las partidas presupuestarias en materia de políticas de consumo. Mari Carmen Barrera, espera conseguirlo, “mediante la introducción de nuestra enmienda en los Presupuestos Generales del Estado para 2017“.

Los PGE para 2017 solo acrecientan esta partida, en el programa de derechos de los consumidores, debido a las obligaciones del ICO con los afectados de los fraudes de Fórum y Afinsa. Por eso UGT impulsa una enmienda Que reivindique una política específica y diferenciada en materia de consumo.

Para el sindicato, va siendo hora de desligar las políticas de consumo del Ministerio de Sanidad, porque de esta manera se está limitando esta materia al ámbito sanitario, exclusivamente.

UGT entiende, que estas políticas deben incorporarse con poder ejecutivo y de carácter transversal dentro de las Administraciones Públicas; aumentando el presupuesto para esta partida, según la evolución del PIB. El sindicato también exige una adaptación de nuestra normativa al derecho de la Unión Europea, y equiparar, nuestros derechos de los consumidores comunitarios, para de esta forma de reducir la desigualdad y la pobreza en nuestro país.

Para UGT, es el momento de reivindicar que sea el ministerio de Administraciones Públicas, el que asuma las competencias, debido al elevado volumen de reclamaciones (más de un millón) y los sectores económicos afectados (telecomunicaciones, bancos, seguros, compañías de luz, agua, gas, etc.).

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