No sabemos por qué España es el país de la pillería. Dicen algunos que es intrínseco al carácter latino y mediterráneo. Otros en cambio, los más sesudos y avezados, echan la culpa a las conjeturas extraídas del Lazarillo de Tormes, y más concretamente al capitulo dedicado al reparto de las uvas entre el ciego y Lázaro. Lo cierto es que en este país, el que no corre vuela y el que no ministro del aire, que decía aquel.
De nuevo tenemos a la SGAE en los papeles. Esta vez, eso sí, como perjudicada en un fraude. El juez Ismael Moreno dicto ayer auto de prisión provisional, eludible con fianza de 100.000 euros, contra tres socios de la Sociedad General de Autores de España (SGAE) en el marco de una operación donde se investiga un fraude, conocido como “La Rueda”, por el que se obtenían ingresos millonarios por los derechos de autor de canciones emitidas en programas nocturnos de televisión. En la operación fueron detenidas otras 15 personas.
El magistrado les imputa los delitos de pertenencia a organización criminal y delito de corrupción en los negocios por un fraude que podría ascender a 100 millones de euros. El juez les ha otorgado un plazo de 72 horas para abonar las fianzas impuestas.
En sus autos, el juez explica la operativa conocida como “La Rueda”. La argucia consiste en adjudicarse la propiedad, bien a su nombre o al de sus allegados, de distintos temas musicales levemente modificados, como si se trataran de obras nuevas para posteriormente cobrar los derechos de autor, por las veces que la pieza musical se emitiera. El juez explica en los respectivos autos de prisión, que esas actuaciones, “podrían llevarse a cabo en connivencia con trabajadores de productoras de televisión, mediante el pago de comisiones para que el repertorio musical se difundiera en horarios nocturnos, dando preferencia a estas obras”, realizadas por personas con dudosos conocimientos musicales.
Respecto al papel ejercido por las televisiones, el juez considera que “esta cesión de derechos es la verdadera motivación de las cadenas de TV para emitir los repertorios musicales de los investigados, ya que en virtud de la misma, se convierten en titulares de derechos y por ende receptores de una cantidad económica por parte de la SGAE como consecuencia de sus propias emisiones, RETORNO”.
A lo largo de la investigación, se han mostrado “indicios”, según el magistrado, de la connivencia de varios responsables de contratación de televisiones con (Fernando) Bermúdez y (Manuel) Carrasco, que “más allá de la cesión de derechos mencionada, parecen recibir pagos en metálico por beneficiar los intereses de los investigados, estando claramente a su servicio”.
El juez añade que, además del beneficio económico derivado de esta actuación, se desprende también un “beneficio político”, “toda vez que la SGAE reparte el número de votos entre sus socios en atención a las cantidades percibidas por generación de derechos de autor, permitiendo así poder tener poder de decisión en la Junta y perpetuar el sistema de reparto que permite perpetuar el fraude”. El magistrado cuantifica el fraude en al menos 100 millones de euros, atendiendo al período investigado de 5 años (2006- 2011) por el que resultarían perjudicados unos 120.000 socios.
