Los empresarios José Francisco Bebía y Enrique Ortiz fueron los primeros en reconocer pagos ilegales al Partido Popular de Valencia. Un tercer empresario se suma ahora a esta lista, según ha adelantado la Cadena Ser. Se trata de Antonio Pons Dols, presidente del Grupo Piaf, que busca rebajar su condena al admitir de forma íntegra los escritos de Anticorrupción y de la acusación del PSOE. La cúpula que nombró Francisco Camps en la Generalitat y el PP valenciano se sentará en el banquillo acusada de diversos delitos de corrupción.

El castellonense Antonio Pons ha alcanzado un acuerdo de conformidad con la Fiscalía Anticorrupción por el que asume que financió de forma ilegal al PP valenciano en tres elecciones distintas, y que también falsificó documentos para dar apariencia de veracidad a los pagos fraudulentos. En su escrito, según informa la Ser, Pons admite de forma íntegra las conclusiones del Ministerio Público y de la acusación del PSOE valenciano. Estas conclusiones del fiscal y de la acusación particular subraya que Pons, junto a otros empresarios que contrataban con la Generalitat valenciana presidida por Camps, “abonó de forma irregular”  servicios electorales que el PP adjudicaba a Orange Market, la marca valenciana de la trama Gürtel que dirigía Francisco Correa.

Así era el modus operandi de financiar ilegalmente los comicios del PP, en los que empresarios como Pons se aseguraban las contrataciones con la administración pública.

Anticorrupción había solicitado para Antonio Pons seis años de cárcel por haber financiado con más de 30.000 euros al PP en las elecciones municipales y autonómicas de 2007, y en las generales de 2008, así como por falsedad en documento. El empresario castellonense busca rebajar con este acuerdo de conformidad la condena hasta un año y nueve meses de cárcel.

La Audiencia Nacional juzgará a Vicente Rambla, vicepresidente primero de la Generalitat durante la gestión de Francisco Camps, así como al secretario general que nombró en el partido, Ricardo Costa, y otros tres de sus antiguos cargos. A ellos se suman otros diez empresarios y los supuestos cabecillas de la trama. La Fiscalía solicita hasta 27 años de prisión.

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