Con la crisis de los rohingyas a sus puertas, Tailandia tiene la obligación de emprender acciones concretas para subsanar la falta de protección que llevan largo tiempo sin proporcionar a quienes más lo necesitan.

El informe de Amnistía Internacional Between a Rock and a Hard Place describe numerosas deficiencias en las políticas y las prácticas del gobierno tailandés, con un impacto devastador en las personas refugiadas, tanto las que están en el país como las que buscan seguridad en su territorio. Por ejemplo, desde hace mucho tiempo Tailandia utiliza a la Marina para rechazar embarcaciones en las que viajan, desesperados, miles de bangladesíes y refugiados rohingyas además de devolver a personas refugiadas y solicitantes de asilo a lugares donde corren peligro de sufrir tortura u otras violaciones graves de derechos humanos.

La limpieza étnica está obligando a cientos de miles de personas rohingyas a huir de Myanmar, y «Tailandia tiene que sentar ejemplo urgentemente en la región y adoptar políticas migratorias humanas. En lugar de rechazar sin piedad a las personas que huyen de horrores inimaginables, el gobierno tailandés debe garantizar el paso de forma segura a quienes buscan protección internacional en Tailandia», ha declarado Audrey Gaughran, directora de Amnistía Internacional de Asuntos Temáticos Globales.

Tailandia acoge a una de las mayores poblaciones de personas refugiadas de la región, pero sus «políticas miopes y ad hoc» no les ofrecen protección adecuada. «Las autoridades no pueden continuar dando tumbos de una crisis de refugiados a la siguiente, sino que, por el contrario, deben establecer los sistemas requeridos para ofrecer a estos hombres, mujeres, niñas y niños que están en peligro la protección y seguridad que necesitan», ha afirmado Gaughran.

El éxodo de los rohingyas

En 2015 la Marina tailandesa denegó la entrada a embarcaciones en las que viajaban miles de refugiados rohingyas desesperados, continuando con la política de reenvíos.

Las personas a las que negaron la entrada a Tailandia se vieron obligadas a continuar peligrosos viajes por mar para llegar a Indonesia o a Malasia. Según el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, 370 personas murieron en el mar durante la crisis, pero es muy probable que el número de muertes sea mucho mayor.

En agosto la situación de los rohingyas ha alcanzado proporciones críticas a causa de una cruel campaña de limpieza étnica, dirigida contra la población en Myanmar occidental que ha obligado a más de 400.000 personas refugiadas a huir del país. A pesar del éxodo, las autoridades tailandesas han enviado mensajes contradictorios sobre su política con respecto a los rohingyas. Hace un mes, el primer ministro Prayut Chan-O-Cha declaró que las autoridades estaban «preparadas para recibir» a los rohingya que huyen de Myanmar. Sin embargo, un oficial del ejército tailandés indicó que los barcos de la Marina tailandesa devolverían mar adentro a las embarcaciones con refugiados rohingyas a bordo que llegaran a aguas tailandesas.

Las personas refugiadas devueltas, expuestas a sufrir persecución

En los últimos tres años, Tailandia ha cedido a la presión de los gobiernos extranjeros y ha devuelto a personas a países donde sus vidas y su bienestar están en grave peligro.

Dichas devoluciones violan el principio jurídico internacional de no devolución que prohíbe la devolución de personas a territorios donde corren un peligro real de sufrir persecución u otras violaciones graves de derechos humanos.

El caso más reciente ocurrió en mayo de 2017 cuando Tailandia apoyó la extradición de Muhammet Furkan Sökmen, de nacionalidad turca, de Myanmar a Turquía. Antes de ser entregado a las autoridades turcas, Sökmen permaneció detenido durante 24 horas en Bangkok por agentes de inmigración tailandeses. Los funcionarios tailandeses colaboraron en la extradición de Sökmen a pesar de las advertencias de la ONU de que podía estar en peligro de sufrir violaciones graves de derechos humanos en la Turquía de Erdogan. Sökmen fue detenido y recluido tras su llegada a Estambul por sus presuntos vínculos con opositores al gobierno turco, sin que se conozca la situación actual del proceso penal que se sigue contra él.

Tailandia recibió en 2015 críticas generalizadas a nivel internacional tras devolver a 109 personas solicitantes de asilo de la minoría uigur a China, donde esta etnia han sufrido grave persecución durante decenios.

“Tailandia habla de mejorar la protección de las personas refugiadas, pero esto no se ha traducido en acciones reales. Las autoridades siguen a las órdenes de gobiernos extranjeros y envían a las personas refugiadas de vuelta a países donde están expuestas a sufrir tortura y otras violaciones de derechos humanos. Estas acciones crueles contravienen las obligaciones internacionales de Tailandia y deben detenerse de inmediato”, ha afirmado Audrey Gaughran.

7.000 personas abandonadas en un limbo legal

Lagunas enormes en el ordenamiento jurídico tailandés dejan a las personas refugiadas y solicitantes de asilo sin condición jurídica y, por tanto, vulnerables a abusos. Esto es especialmente cierto para más de 7.000 personas solicitantes de asilo que en la actualidad viven en áreas urbanas.

Aunque estén registradas oficialmente con la Agencia de la ONU para los Refugiados, pueden ser detenidas en cualquier momento en virtud de la Ley de Inmigración de 1979 que penaliza la entrada y la estancia irregulares en Tailandia. Tras ser aprehendidas, la mayoría de las personas refugiadas y solicitantes de asilo son enviadas a centros de detención de inmigrantes donde pueden permanecer recluidas indefinidamente en terribles condiciones. Algunas de las personas que estuvieron detenidas han descrito abusos frecuentes por parte de los guardias y otros detenidos y celdas tan hacinadas que tenían que dormir por turnos.

Con el temor constante de ser detenidas y recluidas, es frecuente que las personas refugiadas y solicitantes de asilo vivan en condiciones miserables, confinadas en sus casas y aisladas de toda interacción social. Muchas tienen dificultades para encontrar empleo, acceder a atención médica o incluso para poder alimentarse y alimentar a sus familias lo que provoca que elijan renunciar a sus solicitudes de asilo y volver a sus países de origen en lugar de sufrir las dificultades de la vida de las personas refugiadas en Tailandia, lo que equivale a “devoluciones tácitas”.

Un activista de derechos humanos de origen cristiano paquistaní que huyó a Tailandia con su familia después de que fueran amenazados por su fe y su trabajo. Su cuñada, que había huido tras ser secuestrada, obligada a convertirse al islam y obligada a casarse con un hombre musulmán, se unió a ellos en Tailandia.

En 2016, dos años después de su llegada a Tailandia, la familia renunció su solicitud de asilo y volvió a Pakistán, porque su vida en Tailandia era insostenible: “No teníamos dinero. No teníamos nada que comer […]. Teníamos hambre y además intentábamos esconderos de la policía. Pasábamos sin comer cuatro o cinco días seguidos”.

Tras su regreso a Pakistán, su casa fue quemada y su padre murió en el incendio. Su cuñada fue secuestrada de nuevo y devuelta a la casa del hombre con quien la habían obligado a casarse.

Próximos pasos

En los últimos años, el régimen militar de Tailandia ha formulado importantes compromisos con respecto a la mejora del trato que dispensa a las personas refugiadas y solicitantes de asilo. Las autoridades tailandesas han reiterado su compromiso con el principio de no devolución y han declarado que no devolverán a las personas refugiadas y solicitantes de asilo a situaciones donde corran peligro de sufrir violaciones graves de derechos humanos.

Tailandia también se ha comprometido a implantar un proceso de evaluación de personas refugiadas y solicitantes de asilo y a aprobar legislación contra la tortura que contenga una disposición sobre la no devolución. Si dicha legislación se aplica de conformidad con el derecho internacional, podría suponer una medida significativa para proteger los derechos de las personas refugiadas y solicitantes de asilo en Tailandia.

«A pesar de que se debe elogiar al gobierno de Tailandia por acoger a cientos de miles de personas refugiadas durante decenios, sus acciones recientes muestran con frecuencia el más absoluto desprecio por los derechos de hombres, mujeres, niñas y niños que necesitan desesperadamente protección. El gobierno tailandés debe pasar de las palabras a los hechos. En lugar de ceder a las demandas de gobiernos extranjeros para devolver a quienes huyen de la persecución y la violencia, las autoridades deben trabajar para garantizar que la ley tailandesa protege firmemente los derechos de las personas refugiadas», declaró Audrey Gaughran.

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