El sentimiento de que nuestra democracia no será plena hasta que se haga una reforma de la Constitución y que sea el pueblo quien elija su modelo de Jefatura de Estado va aumentando día a día. En esta ocasión ha sido un concejal independiente de la localidad de Camponaraya, en el Bierzo, quien ha interpuesto una moción para que el municipio forme parte de la «Red de Municipios por la III República».

El concejal hace una argumentación sobre las bases más puras de lo que significa una democracia y deja en evidencia las carencias con las que nació nuestro modelo de Estado tras el referéndum de 1.978 por el que se aprobó la Constitución en bloque, sin consultar a la ciudadanía sobre quién debería ocupar la Jefatura de Estado, un monarca o un presidente de una república elegido por sufragio universal por todos los españoles y todas las españolas con derecho a voto.

La moción dice lo siguiente:

En términos generales, la definición de la Jefatura del Estado sobre criterios materiales ajenos a cualquier consideración vinculada a la elección mediante sufragio del titular de la más alta institución del Estado, implica un vaciamiento de las nociones democráticas básicas de las instituciones, que se erigen sobre una cultura política de tintes claramente autoritarios, totalmente alejados de la lógica de los sistemas pluralistas e igualitarios.

La aprobación mediante referéndum de la Constitución de 1978 reservó semejante diseño para la institución más relevante del Estado, poniendo de manifiesto la construcción de un modelo formalista de democracia y de una falsa transición, que eludió la construcción real de un sistema democrático fundamentado en la defensa de derechos y libertades, dando en cierto modo continuidad al legado del dictador genocida: “Atado y bien atado”.

Así, desde el punto de vista democrático, la monarquía parlamentaria como forma del Estado español disfruta de cierta legitimidad formal, al formar parte de un texto constitucional aprobado por mayoría tras la celebración de un referéndum, pero en ningún caso disfruta de los elementos imprescindibles para poder calificar a esta institución como democrática, desde el mismo momento en el que la sucesión en la titularidad de la Jefatura del Estado se sustenta sobre formas de sucesión hereditaria, es decir por derecho de sangre. Una realidad absolutamente contraria a los principios básicos de cualquier democracia de nuestro tiempo, que se asemeja más a un diseño de vasallaje feudal que a una sociedad democrática avanzada.

La instauración de la monarquía española no es más que un ejemplo de la tergiversación de las instituciones democráticas, y de la democracia misma, ya que bajo el principio de las mayorías que sostiene la lógica del parlamentarismo liberal-democrático se pretende legitimar la vigencia de instituciones propias de sistemas políticos del siglo XVII, lo que implica la limitación de nuestro sistema constitucional a un lógica procedimental, según la cual, cualquier decisión goza inmediatamente de un carácter democrático por el mero hecho de superar las mayorías establecidas en cada uno de los casos, al margen de los contenidos, los valores y las orientaciones que contemple aquello que se apruebe.

Desde esta perspectiva, la aprobación mayoritaria de decisiones antidemocráticas debería gozar de la legitimidad propia de los sistemas sostenidos sobre la afirmación de los derechos y libertades que caracterizan a los sistemas democráticos, una realidad que no hace sino falsificar la democracia, y desvincularla de los principios que la sostienen. 

Las deficiencias jurídico-formales que caracterizan nuestro modelo constitucional no son los únicos elementos que socavan la continuidad de la Corona en nuestro país. En la actualidad, el papel que juega la familia real se ha visto gravemente enturbiado por la sombra de supuestos delitos y casos de corrupción, la evasión de capitales, el fraude fiscal así como sobre cuál es el cometido y las funciones que la realidad reserva al titular de la Corona, que en muchos casos ha actuado como mero comisionista cuyo cometido no es otro que el vincular los intereses del mundo del dinero con los espacios institucionales de decisión…Una clara ilegalidad según constata nuestro propio texto constitucional.

En estos términos, la Red de Municipios y Cargos Públicos por la Tercera República es una plataforma republicana impulsada desde distintos Ayuntamientos de nuestro país, que tiene por objeto la apertura de un Proceso Constituyente que permitiese la instauración de una República en España.

Los Republicanos y Republicanas de toda condición, comprometidos y comprometidas con los ideales de Justicia, Libertad, Igualdad y Fraternidad; hereder@s del legado social, cultural y emancipador, hemos de manifestar nuestro firme rechazo al modo en que la actual Constitución impone a los españoles y españolas una monarquía heredada de la dictadura de Franco, uno de los regímenes más crueles y sanguinarios del siglo XX.

Así mismo, no podemos aceptar que se hurte a la ciudadanía la posibilidad de elegir democráticamente la forma de Estado…El régimen Republicano sería el mejor para la defensa de los derechos y libertades democráticas”.

Desde la Red de Municipios y Cargos públicos “pretendemos construir la Tercera República Española en el marco de una Europa federal a partir del impulso de un auténtico proceso constituyente europeo y declaramos agotado el modelo de Estado actual.

Con la aprobación de esta Moción se hace un llamamiento a la ciudadanía a demandar la reforma de la Constitución, y a la convocatoria de un referéndum vinculante, donde sean los ciudadanos y las ciudadanas los y las que decidan con votos democráticos, la forma de Estado que prefieren para el Pueblo Español”.

Por todo lo expuesto, y como Concejal Independiente del Excmo. Ayuntamiento de Camponaraya pido a todas las Fuerzas políticas progresistas de este Pleno los siguientes

ACUERDOS:

PRIMERO: La adhesión del Ayuntamiento de Camponaraya a la Red de Municipios por la Tercera República Española, y por lo tanto su constitución como institución promotora a favor de la instauración de la República como forma política del Estado.

SEGUNDO: Instar a las Cortes Generales a iniciar un proceso de reforma Constitucional de cara a la derogación del Título II de la Constitución de 1978, y su sustitución por un diseño de la Jefatura del Estado vinculado a la elección mediante sufragio universal, igual, directo y secreto del titular de la Jefatura del Estado.

 

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