El Parlamento andaluz ha derogado este miércoles 6 con los votos de PP, Podemos e IU, y la abstención de Ciudadanos, el decreto ley para facilitar el acceso de los ayuntamientos a los planes de empleo, como consecuencia de una disposición adicional incluida que asigna tareas en el SAE al personal de la extinta Faffe. La oposición parlamentaria andaluza han rechazado esta iniciativa del Gobierno debido a la disposición adicional que otorgaba tareas en el Servicio Andaluz de Empleo al personal laboral integrado en él procedente de la extinta Fundación Andaluza de Formación y Empleo (Faffe), investigada judicialmente por las irregularidades detectadas en el caso de los cursos de formación fraudulentos.
En el debate parlamentario, los cuatro grupos de la oposición vertieron duras críticas hacia el Gobierno por lo que consideraron una «trampa» y una falta de transparencia al incluir en este decreto esa disposición adicional que establece la participación del personal laboral de la extinta Faffe en la prestación de servicios y en el desarrollo de programas en el Servicio Andaluz de Empleo (SAE), en el que están integrados.
Este es el segundo decreto ley que tumba el Parlamento andaluz en la presente legislatura, después de que la Cámara también derogara en septiembre el que reconocía a los funcionarios de la Junta los servicios previos como personal interino para computar la antigüedad en los concursos de traslado y promoción interna.
El consejero de Empleo, José Sánchez Maldonado, defendió que se trata de funciones que no invaden «en ningún momento» las potestades públicas reservadas a los funcionarios y aseguró que se establece una reserva de esas funciones y se delimita «con toda claridad» la de los empleados públicos no funcionarios. Sin embargo, todo el debate parlamentario se centró en la disposición adicional añadida a ese decreto, que, según dijeron los distintos grupos, les ha llevado a votar su derogación.
Querer cargarse los planes de empleo para los ayuntamientos de forma consciente e intencionada
El portavoz del PP, Miguel Ángel Torrico, acusó a la Junta de «querer cargarse los planes de empleo para los ayuntamientos de forma consciente e intencionada» incluyendo esta disposición, y avisó de que «esa forma de mandar y mangonear se ha acabado». Calificó los hechos como «un burdo intento de trampear» y como un intento de «abusar de la buena fe del Parlamento». El portavoz de Ciudadanos, Carlos Hernández, acusó a la Junta de no ser transparente y de «jugar sucio» al introducir una disposición adicional «sin hablarla, sin debatirla, sin consensuarla», a lo que agregó: «Parece que la transparencia no va con ustedes».
esa forma de mandar y mangonear se ha acabado
El portavoz de IU, José Antonio Castro, señaló que es «una puñalada trapera en toda regla» y acusó al Gobierno regional de «utilizar y manosear» la iniciativa que se aprobó en el Parlamento, además de ocultarla en la negociación con los sindicatos. «Nos traen a un debate tongo, a un chantaje: ayuntamientos y parados frente a los laborales del SAE», criticó.
Nos traen a un debate tongo, a un chantaje: ayuntamientos y parados frente a los laborales del SAE
El portavoz parlamentario del PSOE, Mario Jiménez, lamentó que la oposición se haya «puesto de acuerdo de nuevo para hacer daño a la Administración y a los trabajadores públicos» con la derogación del decreto. Jiménez dijo que los grupos de la oposición acaban de «comprometer» los planes de empleo de los ayuntamientos y que juegan con las posibilidades de miles de familias en Andalucía».
