El ultimátum dado este martes 2 de octubre por el presidente de la Generalitat de Cataluña, Quim Torra, al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el anuncio de la retirada del apoyo parlamentario en el Congreso de los Diputados llevan al ejecutivo socialista a un callejón sin salida, abocado a adelantar las elecciones generales y hacerlas coincidir con las autonómicas en Andalucía, pese a las reiteradas reticencias de su presidenta, Susana Díaz, a esta posibilidad. Las fechas que se barajan como más probables serían el 2 de diciembre o el 16 del mismo mes.

Hasta ahora, todos los indicios apuntaban a que las elecciones andaluzas se celebrarían el 25 de noviembre, pero Díaz ha continuado deshojando la margarita y moviéndose en una indefinición calculada con un ojo puesto en Cataluña.

De hecho, tanto ella como uno de sus hombres fuertes en su ejecutivo, el titular de Economía, Antonio Ramírez de Arellano, se han mostrado muy activos en las redes sociales estos días haciendo llamadas de atención a la aplicación de la legalidad en el conflicto catalán.

Todo ello mientras la presidenta de Andalucía sigue sin disolver el Parlamento y convocar elecciones en Andalucía, que por ley debe hacerlo 55 días antes de la cita con las urnas. Consciente de que la revitalizada crisis de Cataluña puede marcar la agenda del país en los próximos meses, Díaz es consciente de que una cita conjunta trastocaría en principio sus planes de celebrar elecciones por separado de las generales, pero por otro lado serviría a los intereses de la dirigente socialista para enarbolar la fuerza de Andalucía como contrapeso al empuje independentista catalán, una estrategia patriótica que anularía la de Ciudadanos, la formación que hasta ahora venía prestando su apoyo a Díaz tras la cita andaluza de 2015.

El tema del conflicto de Cataluña favorecería la campaña conjunta de los socialistas a nivel nacional y andaluz

Los socialistas andaluces, de aplastante mayoría susanista, han mirado con especial seguimiento todos los movimientos que el Gobierno de Pedro Sánchez ha ido dando hacia un intento de normalización de las relaciones con la Generalitat catalana. Hasta tal punto que el número dos de los socialistas de Andalucía, Juan Cornejo, confiaba esta semana en que el “reconocimiento” del Ejecutivo central con Cataluña “también se produzca” con Andalucía, en alusión al acuerdo de Gobierno y Generalitat sobre el pago a cuatro años a Cataluña de 1.459 millones de euros.

El secretario de Organización del PSOE andaluz ha vuelto a reiterar el mantra que Susana Díaz enarbola cada vez que Cataluña protagoniza la actualidad nacional. Cornejo subraya que los socialistas andaluces rechazan posibles “acuerdos bilaterales” entre el Gobierno central y una autonomía que perjudique al resto de comunidades.

 

Carreras paralelas de Díaz y Sánchez

En estos momentos, tanto la presidencia de Sánchez en el Ejecutivo central como la de Díaz en Andalucía van cogidas de la mano en el alambre de la inestabilidad. Los dos gobiernan en minoría. Sánchez se ha quedado ya sin el respaldo decisivo de los diputados en el Congreso del PDeCAT y Díaz viaja sola desde hace semanas en que el Ciudadanos de Juan Marín obedeció al instante a su líder nacional, que instaba a soltar amarras al albur de las encuestas.

La clave está en saber quién de los dos que tiene que pulsar el botón rojo de disolución de los parlamentos puede verse perjudicado por la cita electoral conjunta. A priori, Sánchez saldría beneficiado de esta circunstancia, teniendo en cuenta que el granero de votos socialista por excelencia, Andalucía, estaría doblemente movilizado electoralmente.

Díaz, en cambio, tendría que ver diluida las luces de su gestión en medio de un escenario electoral completamente diferente al previsto, ya que el conflicto catalán centraría todos los mensajes, y en este caso Andalucía es el gran contrapeso español al órdago independentista catalán.

El ejecutivo andaluz tiene ultimados los Presupuestos de 2019 para la comunidad, pero sabe que el “no” de Ciudadanos es ya más que seguro, coyuntura que les servirá para marcar distancias en la carrera electoral. Hasta el próximo martes 9 de octubre tiene de plazo la presidenta andaluza para firmar el decreto de disolución de la Cámara y el de convocatoria de elecciones, que le serviría para fijar el 2 de diciembre como fecha de los comicios.

Otra posibilidad pasa por retrasar la cita conjunta a los meses de enero o febrero de 2019, pero Díaz ve esta fecha muy próxima a la sentencia de la macrocausa de los ERE irregulares, que juzga desde hace diez meses a dos ex presidentes de Andalucía, seis ex consejeros y una docena de altos cargos de la Administración autonómica entre 2000 y 2009.

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