El Valle de los Caídos. Foto: Flickr/Santiago López Pastor.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha rehusado dar una fecha exacta sobre el traslado de los restos de Franco del Valle de los Caídos. Sánchez, en su primera rueda de prensa en solitario desde que llegó a la Moncloa, no ha aclarado cuándo se producirá la anunciada exhumación de los huesos del dictador y de Primo de Rivera y se ha limitado a decir que se hará “con todas las garantías, lo vamos a hacer y lo vamos a hacer muy pronto”. Además, añadió que “si hemos esperado cuarenta años podemos esperar semanas o días” y se mostró firme en “su decisión política”, despachando al periodista que le lanzó la pregunta con un “ya se enterarán ustedes”. De esta manera, el Gobierno socialista podría irse de vacaciones sin tomar una decisión sobre el futuro de los restos del dictador, pese a que en un principio aseguró que la exhumación se haría efectiva durante el mes de julio.

Y mientras el Ejecutivo de Sánchez se muestra ahora cauto sobre una de las medidas que parecía ya adoptada, asociaciones como el Movimiento por España ha organizado turnos de vigilancia en el Valle de los Caídos para “evitar” la retirada de los restos de Franco. Pilar Gutiérrez, portavoz del grupo, asegura que esta medida “de control”, que comenzó el jueves, se desplegará en turnos de ocho horas día y noche. Gutiérrez ha afirmado que van a “vigilar para que no entren ladrones” en el mausoleo, en clara alusión a los operarios que tendrán que acometer las obras de traslado de los féretros. La responsable de la asociación se ha mostrado dispuesta a defender el recinto en cuanto el Gobierno dé la orden de llevar a cabo la exhumación.

Finalmente la oposición de la familia Franco y las trabas jurídicas han obligado a Sánchez a echar el freno a una de las promesas estelares que hizo públicas días después de la moción de censura contra Mariano Rajoy. De hecho, los nietos del dictador no solo no están dispuestos a colaborar en el traslado de los restos de su abuelo sino que han llegado a asegurar que si Sánchez decide seguir adelante con el proyecto lo llevarán a los tribunales por profanación de tumbas. Esta amenaza, sin duda, es uno de los motivos principales que llevan al equipo de Gobierno de Sánchez a esperar acontecimientos y a estudiar nuevas posibles alternativas. Una solución sería abandonar la vía de la proposición no de ley para la reconversión del Valle de los Caídos en memorial del holocausto –desarrollo de la ley de Memoria Histórica de Zapatero–, en la que se incluye la operación de traslado de los restos del dictador, y promulgar una nueva ley al efecto exclusivamente para proceder a las exhumaciones. Esa sería una fórmula legal para sortear la denuncia que casi con toda probabilidad llegará de la familia Franco en el momento en que se dé luz verde a la operación Valle de los Caídos.

A esta hora, lo único cierto es que el esperado decreto ley para el desentierro de los restos del ex jefe del Estado no se hará efectivo hoy, tal como estaba previsto. O lo que es lo mismo: con este aplazamiento forzoso las fuerzas de ultraderecha consiguen ganar la primera batalla de un proceso legal que se prevé largo y menos tranquilo de lo que en principio sospechaban los miembros del Gobierno socialista.

Por otra parte, Luis Alfonso de Borbón, bisnieto del dictador, ha sido nombrado en las últimas horas presidente de la Fundación Francisco Franco.

 

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