La batalla por el control de RTVE, por parte de los gobiernos, ha sido una constante en la historia de nuestra democracia, hasta que José Luis Rodríguez Zapatero, como Presidente del Gobierno, decidió que España necesitaba contar con una radiotelevisión pública, no gubernamental, como elemento necesario para fortalecer nuestra democracia.

De ese modo, y en una decisión no muy entendida por muchos, el gobierno socialista de Zapatero consensuó y consagró un modelo de elección del Presidente y del Consejo de Administración por una mayoría cualificada de dos tercios en el Congreso de los Diputados y el Senado, que exigía el consenso de los grupos parlamentarios. El resultado fue que RTVE conquistó unos niveles de independencia, neutralidad, pluralismo, y credibilidad desconocidos. Y refrendados por una ciudadanía que cada vez en mayor número la seguía.

Pero, como hemos podido comprobar durante esta crisis, las conquistas sociales hay que protegerlas porque de lo contrario igual que surgen pueden desaparecer, como ocurrió con el consenso en RTVE. Donde un PP con mayoría absoluta en el gobierno, tras las elecciones generales de 2011, decidió unilateralmente, a través de un Real Decreto, volver al control férreo y gubernamental de la radiotelevisión española que pasó de ser pública a gubernamental.

Sin tapujos ni complejos, la manipulación ha campado durante estos años por los pasillos del ente, premiando a los propios y marginando a los profesionales que defendían la pluralidad e imparcialidad que debe tener toda radiotelevisión pública. Las consecuencias han sido evidentes.

Por una parte, una caza de brujas que ha llevado, durante el gobierno de Rajoy, a que más del 50 por ciento de los directores de informativos fueran relevados para colocar contratados externos, a que 45 de los 47 responsables editoriales que había en la corporación perdieran su cargo, y a que 88 de 138 redactores de base fueran desplazados de los informativos.

Por otra parte, a una burda manipulación a favor del gobierno y el PP, que ha traído la caída constante de la audiencia, la perdida de la credibilidad y las denuncias constantes de manipulación. La última, el pasado mes de febrero, cuando los profesionales de RTVE registraban en el Congreso de los Diputados 2.225 firmas para pedir y garantizar una radiotelevisión pública plural e imparcial, que no sea utilizada como un instrumento de propaganda partidista o gubernamental.

Concretamente, afirmaban en su escrito que “los abajo firmantes, profesionales que desarrollan su labor en la Corporación RTVE, reclaman a las Cortes Generales, órgano de control establecido por la Ley 17/2006 de la radio y la televisión de titularidad estatal, medidas urgentes para garantizar que la radiotelevisión pública del Estado sea un reflejo fiel de la sociedad y no sea utilizada como instrumento de propaganda partidista o gubernamental. Exigimos un sistema que garantice la independencia de sus profesionales, defendiéndoles de decisiones discrecionales que hoy siguen relegando a muchos de ellos por criterios ideológicos, a pesar de su experiencia y saber hacer. Tal y como establece la citada ley, el servicio público de radio y televisión es un servicio esencial para la comunidad y la cohesión de las sociedades democráticas. Recuperar una radiotelevisión pública plural, imparcial, defensora de los valores constitucionales -incluido el derecho fundamental a la información-, es hoy más que nunca una cuestión de higiene democrática”.

Una denuncia, que en esta ocasión no va a caer en saco roto, como se dice coloquialmente, porque ahora en el Parlamento el PP no tiene mayoría absoluta para seguir manteniendo el modelo de control y manipulación de la RTVE.

Así, la semana pasada, en el Congreso de los diputados, el PSOE propuso recuperar la elección por consenso de la dirección de RTVE, para garantizar la independencia y el pluralismo. Y acabar con una realidad donde el PP ha convertido a RTVE “en un apéndice publicitario del Gobierno”, como señalaba el portavoz socialista.

La iniciativa era necesaria, pero lo relevante es su toma en consideración en un Parlamento, donde la mayoría de los diputados y diputadas quiere pasar cuanto antes la página de la manipulación del modelo gubernamental del PP, y recuperar el modelo de consenso conseguido con el gobierno de Zapatero.

Se ha dado el primer paso para recuperar para la democracia una RTVE pública, imparcial y defensora de los valores constitucionales. Presionemos, como ciudadanos, para que en esta ocasión el nuevo camino de consenso sea blindado, y considerado un bien democrático tan básico de nuestro ordenamiento jurídico, que no pueda volver a ser destruido por el interés del gobierno de turno.

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