Instaurar una monarquía en Europa en pleno siglo XX era ya algo bastante insólito y extemporáneo, pero si esta monarquía fue la que Franco designó y a la cual se la hizo pasar por la propaganda postfranquista como el motor de la democratización del país sin renunciar a su origen, el fenómeno roza ya el surrealismo político e histórico. Este proceso fue denominado Transición, que  significaba lo que etimológicamente manifiesta: continuidad, y que sus muñidores desde dentro del sistema acotaron en términos políticos: ir de la legalidad a la legalidad. Como la legalidad de la que se partía era la insurrección militar contra el poder democráticamente establecido, se ha de suponer que el poder se legitimiza a sí mismo por el hecho de serlo. De ahí el espíritu de aquella reforma política bajo la figura conceptual de que todo lo que dura está justificado hasta cierto punto.

Durante la guerra civil, Indalecio Prieto declaró que si la República era derrotada la convivencia en España sería imposible durante cien años. Tiempo después el abolicionista de las ideologías, Gonzalo Fernández de la Mora, intentó demostrar el yerro de la afirmación del dirigente socialista presentando como ejemplo la sumisa convivencia de los sepulcros blanqueados del franquismo. Pero lo cierto es que en la última centuria, por no remontarnos más en el tiempo, y salvo el paréntesis republicano, la historia ha estado paralizada, esa historia de España que, según Gil de Biedma, es la peor de todas las historias porque acaba mal. Paralización histórica que es lo que la derecha entiende como convivencia, en el sentido de un espacio siempre resignado para el segmento mayoritario de la ciudadanía.

El proceso de la Transición no era sino aquella aparente mayoría de vicios políticos del franquismo y su afán por perdurar, por trascender en el tiempo más allá de lo que la Historia podía considerar circunspecto. La razón de Estado galvanizó a la ciudadanía hacia un camino inconcluso en el que las libertades públicas no podían contradecir, afectar, ni mucho menos diluir, al artefacto franquista de intereses, influencia y poder.  Como consecuencia, la agrimensura institucional  se configura hoy por la oligarquización de la vida pública,  bajo perfil democrático,  una lectura unidimensional conservadora que impide que los intereses de las mayorías sociales sean asumidos como universales por un Estado condicionado por las minorías extractivas y estamentales, una inmunodeficiencia ideológica en la catalogación de las opciones políticas para que el ecosistema de la vida pública se configure por un manto derechista como naturaleza. Por todo ello, España como pueblo, como entidad cultural e histórica no está en crisis, lo que está en quiebra es la interpretación simbólica del país por parte de un Estado ideológico que ha sido incapaz de constituirse como Estado de toda la nación. Como afirmaba Manuel Azaña, “no se puede admitir que se identifique España  con los harapos de la vida política española, caída ya en la miseria y en la hediondez, con los restos de regímenes abolidos, y que sin embargo, han pretendido y pretenden hacerse pasar por la más genuina representación del alma española.”  En este caso, régimen vigente.

En este contexto, el Estado de la Transición ha entrado en crisis en todos cuantos ámbitos pudiera ejercer su capacidad arbitral, desde lo social, institucional y político hasta los procesos soberanistas, crisis que no proviene de un mal funcionamiento, sino por su contextura estructural e ideológica que ejerce toda su fuerza coercitiva al mantenimiento de una realidad simbólica de España que no se compadece con su autenticidad social, cultural e histórica. Un Estado que mantiene una democracia vigilada y que su sesgo autoritario hace que los problemas que su propia estructura genera no puedan ser resueltos en el ámbito del compromiso político sino del enfrentamiento donde la maquinaria estatal exige la resolución de los conflictos en términos de vencedores y vencidos.

Por todo ello, la necesaria y urgente regeneración democrática deberá pasar por una profunda reforma del Estado que lo refunde de acuerdo con la realidad del país, es decir, que represente la España plural y multicultural, que sea expresión de la soberanía popular y no de minorías y élites influyentes, en definitiva un Estado de todos y no de unos pocos.

 

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