La Fiscalía pidió varias veces desde hace un año a la ONIF (Oficina Nacional de Investigación contra el Fraude), organismo dependiente de la Agencia Tributaria, el nombramiento de peritos para asesorarles sobre el caso de las 2.935 viviendas del IVIMA (Instituto de la Vivienda de la Comunidad de Madrid) que fueron vendidas a Goldman Sachs y que instruye el juzgado. La AEAT designó al inspector de Hacienda Antonio Laquidaín Hergueta, pero esta designación fue denunciada por los inquilinos aduciendo que el inspector podría estar vinculado con el mundo inmobiliario.

El Fiscal solicitó el pasado 22 de noviembre a la juez instructora Concepción Jerez García la recusación del inspector y fruto de la investigación judicial resulta que, el inspector, estaba “vinculado indirectamente” con BUSSOLA 99 SICAB S.A., “objeto de la investigación”. Esta sociedad esta “gestionada por el BBVA” del que fue apoderado, así como de su filial ANIDA DESARROLLOS INMOBILIARIOS. A la vista de los hechos, la juez consideró ayer que “no procede tenerle por designado” y dio un plazo de cinco días a la AEAT para que designe un nuevo perito.

El inspector recusado llegó además tras una primera negativa de la Delegación de Hacienda de la Comunidad de Madrid, no de la ONIF, a designar perito alguno. “El juzgado es la cuarta vez en un año que requiere a la Hacienda de Montoro que nombre dos peritos”, declaró entonces a Diario16 Lara Carrasco de la asociación Corruptil, que ejerce la acusación popular en el caso. “En concreto requirió a la ONIF (Oficina Nacional de Investigación contra el Fraude). Y no le responde al Juzgado la ONIF, sino la Delegación de Hacienda de la Comunidad de Madrid. Es descorazonador. Un órgano judicial requiere a un organismo y le contesta otro porque lo decide ese órgano del ejecutivo”. Esto demuestra la injerencia política en la investigación judicial y cómo organismos de auxilio judicial pueden poner palos en las ruedas a causas de corrupción”.

Raquel Catalá Polo, delegada especial de la Agencia Tributaria en Madrid y hermana del ministro de Justicia, Rafael Catalá, adujo, entre otras cosas, que “partimos de una limitación de medios humanos” y emplazó al juzgado a que pidiera los peritos en otro lado, por ejemplo, a la Intervención General del Estado ya que los peritos de la AEAT lo son “exclusivamente en materia tributaria y no en materia de delitos de malversación y prevaricación”.

 

Quebranto millonario a las arcas públicas

Las casas afectadas por la operación inmobiliaria pertenecían al Instituto de la Vivienda de Madrid. Estaban alquiladas a familias de bajos recursos económicos hasta que en 2013 cayó en manos de Goldman Sachs. La operación fue considerada fraudulenta por los inquilinos, que presentaron una querella criminal contra la administración regional entonces gobernada por Ignacio González. De resultas de la instrucción llevada a cabo, Juan Van Halen, ex gerente del IVIMA y director de Arquitectura y vivienda del Ministerio de Comercio, se encuentra imputado.

El pasado 10 de noviembre, un grupo de ciudadanos afectados por la venta de viviendas sociales a fondos buitre decidieron encerrarse en la sede de Goldman Sachs en Madrid, tal como informó Diario16. Plataformas de Afectados por la Hipoteca (PAH), afectados por la venta de viviendas del antiguo IVIMA y asambleas de vivienda del 15M participaron en esta acción para “evitar una nueva oleada de desahucios” por parte del fondo Encasa Cibeles (participado por Goldman), propietario de buena parte del parque de vivienda pública vendido por el Gobierno del ex presidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González (PP) en 2013 a este y otros fondos de inversión.

Esta es la primera causa judicial de las dos que tramitan los juzgados madrileños. La otra se refiere a la venta, durante el mandato de Ana Botella, por parte de la Empresa Municipal de la Vivienda de 1.860 viviendas y 3.336 plazas de garaje a un fondo buitre del grupo Blackstone. El negocio causó un “quebranto millonario” a las arcas municipales y se benefició de información privilegiada, ausencia de publicidad y transparencia, según el Tribunal de Cuentas de Madrid. El fondo pagó por las casas 128,5 millones de euros, 32 menos de su valor, según este fiscalizador que, al mismo tiempo, señaló en un informe que se había “vulnerado la ley”.

Tal como publicó Diario16, el cerco a la exalcaldesa se ha ido estrechando tras el inicio de diligencias preliminares por parte de la fiscalía del Tribunal de Cuentas que elevó el posible quebranto económico a 2,3 millones por las irregularidades en la venta de la Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo (EMVS) a este fondo buitre, gestionado en España por Fidere. Esta SLU a cargo de Miguel Oñate, administrador único, no renovó el pasado mes de octubre el contrato a la familia Mejías, cuya hija Arantxa es la portavoz y símbolo de la lucha de los vecinos contra la venta municipal a los fondos buitre. En un caso claro de intimidación y malvada “ejemplaridad”, el resto de vecinos del PAU de Carabanchel sí vieron sus contratos renovados. Los Mejía anunciaron el pasado 13 de octubre que llevaban a Fidere ante la justicia por discriminación y coacciones.

¿Quieres recibir las novedades de Diario16?

Dejar respuesta

Please enter your comment!
Please enter your name here

dos + 5 =