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Rajoy dejó “bien atada” la protección de datos de los amnistiados fiscales de Montoro

La Agencia Española de Protección de Datos se pronunció en su día y afirmó que “no hay norma que habilite para la publicación de la lista”

Eva Maldonado
Eva Maldonado
Redactora en Diario16, Asesora de la Presidencia de la Conferencia Eurocentroamericana.
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análisis

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Después de que el exministro Montoro facilitara que más 30.000 personas ,en 2012, se acogieran a la amnistía fiscal, muchas fueron las voces que pidieron que se revelara la lista con los nombres de los que se acogieron a esta norma. El Gobierno de Rajoy dejó “bien atada” la protección de datos de los que se acogieron a la Ley de Amnistía Fiscal. La Agencia Española de Protección de Datos se pronunció sobre este extremo en su día y afirmó que “no hay norma que habilite para la publicación de la lista” por lo tanto la publicación de los nombres carecería de amparo legal en el marco jurídico de la LOPD, para su publicación.

No obstante, el artículo 18 de la Constitución, recoge el derecho fundamental a la intimidad, dentro del cual entraría la intimidad fiscal de las personas, por lo tanto seria ilícito difundir información fiscal conseguida a través de cauce.

Aunque el PSOE en la oposición reclamó en varias ocasiones la publicación de la lista, la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha confirmado que el Gobierno no hará públicos los nombres de los beneficiados por la amnistía fiscal de 2012, “no se puede hacer”, ha afirmado.

Montero ha reiterado que las personas que se acogieron a la llamada amnistía fiscal de Montoro, entre las que algunos medios aseguran que figuraría el rey emérito, don Juan Carlos, no se podrán conocer pero esta exigencia se puede incorporar en futuras leyes, para que a partir de entonces sí se pueda saber la identidad de los morosos y de “las personas que actúan en estas actividades” de fraude.

La ley de la amnistía fiscal fue aprobada en 2012 y planteaba la posibilidad de que aquellas empresas o personas físicas que tuvieran dinero no declarado, tanto en España como en el extranjero, lo convirtieran en legal tributando a Hacienda entre un 8 o 10 % de los impuestos que debían haber pagado por esos ingresos.

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