EFE.

El día tenía que llegar y ha llegado. Por eso a nadie sorprende que el PSOE esté perfectamente prevenido y pertrechado con mensajes compactos y unidireccionales para afrontar el aluvión de miradas de soslayo hacia estas siglas históricas que ha provocado en la opinión pública el inicio de la macrocausa de los ERE irregulares. No es para menos, puesto que el desfalco de las cuentas públicas andaluzas fue monumental, insultante para una comunidad autónoma con una tasa de paro de las más elevadas de toda la Unión Europea. Que aún no se sepa dónde ha acabado el 96% de la friolera de 741 millones de euros en la década que va de 2000 a 2010 da para más de un juicio penal, como así será.

Ya sea por acción u omisión, los 22 ex altos cargos de la Junta de Andalucía durante sucesivos gobiernos autonómicos socialistas tendrán mucho que argumentar y explicar y excusar durante las casi 30 semanas que están previstas para un juicio que se prolongará hasta poco antes del verano. Desfilarán más de 115 testigos, 12 peritos, amén del testimonio de los 22 acusados. 15 de ellos están acusados de malversación de fondos públicos, con peticiones de penas de entre seis y ocho años de prisión. Para todos ellos se reclaman entre diez y 30 años de inhabilitación para cargo público.

A los ex presidentes andaluces y del PSOE, además de ex secretarios generales de los socialistas andaluces durante décadas, esta petición de inhabilitación para cargo público les da ya prácticamente igual. La jubilación les llegó por adelantado después de que la justicia decidiera sentarlos en el banquillo de los acusados. No están ahí por corrupción –no se llevaron al bolsillo un solo euro–, algo que desde el Partido Popular se ha intentado colar con calzador o incluso extrapolar por elevación sobre su propia cruz, el caso Gürtel.

Pero sí están ahí por representar una forma de hacer política en Andalucía durante muchísimos años, desde que esta comunidad obtuvo la plena autonomía hace ya casi cuatro décadas. Tanto fue el celo que pusieron en proteger y ayudar a las empresas y trabajadores caídos por la crisis económica que presuntamente ‘olvidaron’ que la ley creada por ellos mismos y aprobada por su partido con mayoría parlamentaria estaba para cumplirla y sobre todo para blindarla, sin resquicios por donde se pudieran colar “cuatro golfos”, como resumió a grandes trazos el caso el propio Chaves cuando se colocó el dedo acusador sobre él y lo que representó para Andalucía.

EFE.

El partido de sus vidas, las siglas que han defendido todos ellos desde sus juventudes con denuedo, ha llegado a este miércoles 13 de diciembre de 2013 con la mente puesta muy lejos de la cuarta planta de la Audiencia Provincial de Sevilla, donde se sientan algunos de sus más insignes dirigentes históricos en Andalucía.

Y pese a todo ello, sólo sus portavoces parlamentarios han reaccionado de manera oficial al inicio de este mediático juicio. Margarita Robles desde Madrid y Mario Jiménez desde Sevilla han sido los que han tenido que dar la cara mientras el resto de ex compañeros de filas marcan distancias y guardan silencio.

Y ambos lo ha hecho para decir que el PSOE afronta “con mucha naturalidad” esta causa penal con la cúpula de la formación durante décadas sentada en el banquillo, según Robles, que redunda en la misma idea: “Los procedimientos judiciales se tienen que desarrollar en un Estado de Derecho”.

A este respecto, Robles vuelve a exhibir el mantra que en su día adelantara la actual presidenta de la Junta, Susana Díaz: que los ex presidentes andaluces ya asumieron sus responsabilidades políticas cuando dimitieron de sus cargos y entregaron su carné del partido. Pero, a diferencia de Díaz, la voz de Ferraz en el Congreso de los Diputados recuerda que aún no están solventadas las reclamaciones “penales”, puntualiza para tomar carrerilla y asegurar que por todo ello Chaves y Griñán “son un ejemplo para otros dirigentes políticos que no asumen esas responsabilidades políticas”.

Mario Jiménez, por su parte, ha exigido “a las demás formaciones políticas respeto a la justicia”. Y antepone la “confianza en la honradez y en la presunción de inocencia de las personas que se sientan en ese juicio”.

Respecto al resto de ex consejeros y ex altos cargos juzgados, nada de nada. Silencio. Y eso que ahí también se sientan nombres que en su día lo fueron todo o casi todo en el PSOE, como la eterna mano derecha de Chaves, Gaspar Zarrías, o la otrora todopoderosa ex ministra Magdalena Álvarez.

Tampoco han hecho declaraciones sobre este caso los máximos dirigentes socialistas actuales, tanto a nivel nacional (Pedro Sánchez) como andaluz (Susana Díaz). Que la justicia siga su curso y la política el suyo, parece ser la consigna interna en un partido que sigue atravesando su particular Rubicón desde hace ya demasiados años.

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1 Comentario

  1. tan corrupto es quien se lo lleva como quien sin llevarse nada hace la vista gorda. A ver si resulta que culpamos a Rita Barberá de la corrupción en Valencia – por mirar hacia otro lado – y resulta que los linces del PSOE se van a ir de rositas por lo mismo. Seamos justos

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