El actual Gobierno del Partido Socialista, como hasta hace unos meses el del Partido Popular es perfectamente conocedor de que los gastos en armamento y el aumento del presupuesto del Ministerio de Defensa son cuestiones enormemente impopulares. Por esta razón, los costes y las partidas presupuestarias implicadas son de difícil interpretación al estar envueltas en el mayor secretismo. Así, si nos preguntamos cuál es el gasto del Estado en Defensa nos encontraremos con una respuesta compleja. De acuerdo con el informe de 2017 del Centre Delàs d’Estudis per la Pau, organización asociada en España al Instituto Internacional de Estudios para la Paz de Estocolmo (SIPRI), la cantidad real asciende a 18.776 millones de euros, cuantía que supera el 1,6% del PIB y que poco tiene que ver con el 1% declarado por el Ministerio de Defensa. Para sustentar estos datos, Delàs incluye en su informe algunas partidas que deberían estar incluidas en el presupuesto del ministerio como la seguridad social de los militares, la mutua militar, la Guardia Civil, que continúa siendo un cuerpo militar o el propio Centro Nacional de Inteligencia (CNI), dirigido por un militar y en el cual trabajan militares en un porcentaje que llega hasta el 50% de su plantilla. Este falseamiento de las cuentas no era exclusivo del Gobierno del PP de Mariano Rajoy y ha sido una práctica común de todos los gobiernos en democracia. Otro ejemplo es que las misiones que las Fuerzas Armadas llevan a cabo en el exterior son sufragadas por el Fondo de Contingencia, un fondo destinado a gastos imprevistos en cualquier organismo de la Administración. El coste de estas misiones se eleva a más de 1.000 millones de euros anuales. Por otro lado, es el Tesoro Público el estamento que se hace cargo de los intereses derivados de la deuda pública en proporción al gasto militar del Estado. Otro paradigma de esta forma de proceder tan poco transparente es la entrega de subvenciones para el desarrollo de nuevas armas por parte del Ministerio de Industria. Estas prácticas forman parte de la ingeniería contable diseñada por los sucesivos gobiernos para que el Ministerio de Industria financie en concepto de I+D+I a las empresas que fabrican armamento a un interés del 0% a devolver en 20 años. Lo más doloroso de esta cuestión es la falta de información acerca de la misma.

Todo el proceso de fabricación de armamento en nuestro país está diseñado de manera extraordinariamente opaca. La ley española de comercio de armas tan solo exige al gobierno informar de a qué países se exportan las armas, así como del volumen económico de la exportación. La ley no obliga a que se revele el nombre de la empresa vendedora ni el tipo de arma suministrado, al contrario, la legislación permite eufemismos como el de “material aeronáutico” para describir sistemas de abastecimiento de combustible en vuelo que posteriormente se utilizarán en bombardeos. Lo mismo se puede decir del resto del material de guerra (ametralladoras, pistolas, misiles y bombas) que se esconde tras expresiones ambiguas como “material de Defensa”. Por su parte, el Parlamento solo puede controlar los productos una vez fabricados y entregados, mientras que el gobierno no investiga si el material vendido es utilizado para reprimir a la población, para su venta en el mercado negro internacional o para suministro de terceros países. La Junta Interministerial Reguladora del Comercio Exterior de Material de Defensa y Doble Uso (JIMDDU) es el organismo gubernamental que evalúa todas y cada una de las exportaciones de armas con el fin de evitar que las mismas se empleen para violar los derechos humanos o para cometer crímenes de guerra. La labor de control de este ente es inexistente en la práctica, puesto que sus actas de deliberaciones tienen un carácter secreto al tratarse de documentos clasificados. El porcentaje de operaciones de venta de armas denegadas por el JIMDDU es de un exiguo 1%, de lo cual se deduce que no es un órgano de control efectivo, sino más bien un ente creado para otorgar sello de validez a todas las operaciones que examina con el fin de que estas no reciban una segunda investigación ni tampoco una reprimenda formal procedente de otros organismos de control más eficaces y transparentes.

La ausencia de control por parte del JIMDDU explica perfectamente lo sucedido el 19 de septiembre de 2017, cuando la Comisión de Defensa del Congreso rechazó vetar la venta de armas españolas a Arabia Saudí pese a su violación continua de derechos humanos en la guerra de Yemen, un conflicto emprendido por una coalición de países liderada por la dictadura saudí. La propuesta incluía suspender los contratos en vigor y prohibir los nuevos, y se hacía eco de las reclamaciones de algunas ONG y del Parlamento Europeo. Esta iniciativa fue presentada por Unidos Podemos, Esquerra Republicana de Cataluña y el PDCat, y fue derrotada con los votos del PP, el PSOE y Ciudadanos. Según consta en informes elaborados en la campaña Armas bajo control por Amnistía Internacional, Greenpeace, Oxfan Intermón y Fundipau, España ha suministrado armas a Arabia Saudí por valor de 650 millones de euros desde el comienzo de su intervención en Yemen en 2015. La guerra de Yemen ha causado una catástrofe humanitaria en el país: han muerto más de 10.000 civiles; al menos 11 millones de yemeníes pasan hambre; 22 millones necesitan ayuda humanitaria; y hay más de 2 millones de personas desplazadas que se encuentran privadas de sus necesidades básicas y que están expuestas a la violencia de múltiples formas, así como a la falta de alimentos, agua y medicinas. Además, Navantia, el astillero público destinado a la construcción civil y militar está construyendo cinco corbetas para Arabia Saudí por valor de 2.000 millones de euros, un contrato que constituye la mayor operación de exportación de la historia del astillero. Este contrato va mucho más allá de la construcción de las corbetas y también presta asistencia en tecnología militar, desarrollo de sistemas de control, combate para barcos de guerra, mantenimiento de las naves una vez entregadas y programas de adiestramiento y formación en el país saudí y en España. Nuestro país también ha aceptado fabricar junto a Arabia Saudí sistemas de defensa para otros países. Por último, el CNI ha firmado un acuerdo con el Ministerio de Defensa saudí en materia de información clasificada en el ámbito de la Defensa. A estos acuerdos, que se han firmado con una de las dictaduras más crueles y sanguinarias del mundo se ha llegado eludiendo proporcionar información detallada de los mismos al Congreso.

Para autorizar estas operaciones de venta a Arabia Saudí, el Gobierno de Mariano Rajoy declaró algo tan inconsistente y vago como que disponía de garantías de que las armas destinadas a la dictadura saudí no serían desviadas. El mismo día, el Congreso también rechazó el veto de exportación de armas a Irak con la excusa de que no se ha demostrado que las Fuerzas Armadas iraquíes actúen sin respetar los derechos humanos. En los últimos años, las empresas armamentistas españolas han vendido material de guerra a Irak por valor de más de 100 millones de euros, y militares de nuestro país participan en la formación del Ejército y la Policía de Irak. Continuando con la inmensa tomadura de pelo al ciudadano, en septiembre de 2017, la Comisión de Defensa aprobó a iniciativa del PSOE (sin que se hiciera mención de Arabia Saudí e Irak) una resolución que exige al Gobierno “denegar o revocar la autorización de exportación de armas a aquellos Estados en los que haya una situación de represión y violencia política interna y existan indicios racionales de su uso para cometer graves violaciones del derecho internacional de los derechos humanos”. Todos estos criterios se cumplían en el caso de Irak, luego resulta imposible comprender la postura del PSOE en este sentido.

Desde que Navantia fue fundada en 2005, tan solo obtuvo beneficios en 2007, el resto de ejercicios se saldaron con enormes pérdidas que llegaron a ser de 230 millones en 2016. Por esta razón, incluso José María González “Kichi”, alcalde de Cádiz por Podemos, pidió algo tan incomprensible como negociar la venta de las corbetas con Arabia Saudí, algo que aprobó la diputación de Cádiz en 2016 con los votos del PP, Por Cádiz Sí Se Puede, PSOE, IU, Partido Andalucista y la abstención de Ganemos Jerez. No obstante, el contrato más importante que puede obtener Navantia es el que podría firmar con Australia, país en el que ha resultado ser finalista de una licitación para construir 9 fragatas por valor de 30.000 millones de dólares.

Punto y aparte es la cuestión de los llamados Programas Especiales de Armamento (PEA). Amparados en la opacidad de las leyes, los PEA fueron negociados durante los dos Gobiernos de José María Aznar. En un principio, consistían en la adquisición de aviones Eurofigther, tanques Leopard, vehículos Pizarro y fragatas F-100, a los que hubo que sumar 14 grandes programas de compra que en aquel entonces se cuantificaron en 20.000 millones de euros para su fabricación en los 25 años posteriores. Pero el número de programas se amplió a 21, con lo cual la ya de por sí astronómica cifra pasó a ser de 37.000 millones de euros, un verdadero agujero en el ministerio. Según Pere Ortega, presidente de Delàs, “Los programas están llenos de anomalías y de perversiones”. Desde su inicio fueron diseñados para que no constasen en los Presupuestos Generales del Estado y se financiaron mediante créditos extraordinarios no sujetos al control del Parlamento. La compra de armas no se imputa al déficit en el momento en que estas se pagan sino cuando se reciben. La mayoría de ellas fueron recibidas por las Fuerzas Armadas en años anteriores, y por eso no computan de cara al déficit público. Esta forma de proceder es parte de la ingeniería contable de la que antes hablaba. El importe de esos créditos es de 18.000 millones y se ha devuelto una parte ínfima que no llega a los 4.000 millones, luego estamos frente a una situación similar a la pérdida del dinero público invertido en el rescate bancario. En cualquier caso, las cifras son dispares debido a la total falta de transparencia. Así, según la ministra de Defensa entre 2008 y 2011, la fallecida Carmen Chacón, la deuda era de 30.000 millones de euros, mientras que Pedro Morenés, ministro entre 2011 y 2016, declaraba que su cuantía era de 14.000 millones.

La adquisición de equipos de alta tecnología para el Ejército se debía, entre otras cosas, a la enorme presión del gigante europeo Airbus, un consorcio industrial aeronáutico participado por Francia en un 49,56%, por Alemania en un 40,56% y por España en un 9,88%. Airbus puso en marcha varios programas de fabricación de aparatos de guerra como el nuevo avión de combate Eurofigther F-2000; los helicópteros de combate Tigre y NH-90; y el de transporte militar A-400M. Estos cuatro proyectos están a día de hoy en fase de fabricación y su coste asciende a 22.500 millones de euros. La compra de tanques Leopard (con su limitadísima capacidad operativa) rondará los 2.500 millones de euros; la adquisición de los vehículos Pizarro tendrá un coste de 1.000 millones. Los buques de guerra encargados a Navantia tienen un valor de más de 8.060 millones de euros.

En julio de 2016, el Tribunal Constitucional dictó una sentencia que declaraba irregular el sistema de compra de los Programas Especiales de Armamento, que se aplicaba desde 1997. Tras la deuda de 37.000 millones de euros “se ocultaban sobrecostes, deficiencias de gestión y trato de favor hacia las empresas fabricantes de armamento”. Estas son las conclusiones del informe del Tribunal de Cuentas tras analizar seis PEA, aunque existen 15 programas más no auditados, cuyos sobrecostes ascienden a más de 3.300 millones de euros. Tomando como referencia la investigación del Tribunal de Cuentas, Unidos Podemos defendió en abril de 2017 una proposición no de ley en la Comisión de Defensa para solicitar la urgente revisión de todos los Programas Especiales de Armamento. La investigación debería incluir la etapa de Aznar y fue rechazada al no recibir el apoyo del PP, el PSOE y Ciudadanos. La diputada socialista, Miriam Alconchel, calificó como “demagogia” la intención de realizar una auditoría para investigar los años de gestión del Gobierno de Zapatero. Finalmente, la proposición fue rechazada, como suele ocurrir en nuestro país, con el acuerdo de los dos grandes partidos que se turnan en el poder como guardianes del orden (injusto) establecido.

Desde Delàs se insiste en los enormes sobrecostes debidos a una pésima planificación: por poner un ejemplo, en 2011 Navantia fabricó un submarino que no flotaba, el S-80, por esta razón fue necesario dedicar tres años más para su correcta puesta a punto. Las mejoras a aplicar consistían en aumentar su eslora en 10 metros, por esta razón ya no cabe en la que será su base habitual, el muelle de la Armada en Cartagena. Cuatro unidades de este submarino fueron encargadas en 2004 por el Gobierno de Aznar (cuando este estaba ya en funciones) y su coste ascendía a 2.135 millones de euros, de los que aún no se ha hecho ningún pago. Otro caso delirante fue la compra de los 235 tanques Leopard, que no podían ser transportados por ninguna aeronave española puesto que los aviones de transporte A-400, que también fueron adquiridos a través de los Programas Especiales de Armamento, sólo tienen capacidad para cargar 40 toneladas, cuando el peso de un tanque Leopard es de 60 toneladas. Debemos preguntarnos quién gana con la adquisición de material que el Estado no necesita. El retraso en la entrega de proyectos debido a los altos costes supuso una acumulación de intereses para realizar los pagos. Inexplicablemente, si los retrasos corrían por cuenta de la empresa fabricante, esta no era penalizada por el gobierno. Esto sucedió en el caso de Navantia y la entrega de buques BAM, cuya multa debió ascender a 31,7 millones de euros, pero se paralizó “sin causa justificada” según se detalla en el informe del Tribunal de Cuentas. Protegidas por el artículo 182 de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, las empresas recibieron las adjudicaciones sin que se hiciera publicidad de las mismas. Una anomalía injustificable en una de las industrias más corruptas del planeta, que debería estar sujeta a más controles.

A finales de 2011, Constantino Méndez, entonces secretario de Estado de Defensa compareció ante el Congreso para explicar el estado de los Programas Especiales de Armamento y declaró: “Es imprescindible revisar el modelo de adquisiciones empleado durante 15 años porque es insostenible para una buena política de armamento y material”. El Ministerio de Defensa reconoció que no podía abonar la enorme factura de los PEA sin un aumento del presupuesto, algo impensable en el actual contexto de reducción del déficit. Méndez, añadió: “No deberíamos haber adquirido sistemas (de armas) que no vamos a usar, para escenarios de confrontación que no existen y con un dinero que no teníamos entonces ni ahora”. Méndez compareció a petición propia ante la cámara para reconocer que el modelo de adquisiciones tenía “causas estructurales” que habían permanecido “larvadas” y que poseían una “naturaleza industrial”. Méndez acusó a los gobiernos del PP de posponer el pago de tales adquisiciones, en lo que calificó como “un auténtico, ejercicio de prestidigitación” y “frenesí de nuevos ricos”. La consecuencia de estos ejercicios de ingeniería financiera es que las compras no pueden hacerse con cargo a los presupuestos ordinarios porque paralizarían el presupuesto del ministerio durante 20 años. Como podemos ver, no existen las mismas limitaciones al gasto en armamento que las que el Gobierno del PP deseaba imponer al gasto en pensiones. Por eso se han invertido cantidades inadmisibles en la compra de armas, recurriendo para ello a dudosas operaciones contables, mientras el poder emite de continuo mensajes que tratan de hacernos creer que el sistema público de pensiones es inviable. Del mismo modo, ambas cuestiones reciben un tratamiento totalmente diferente por parte de los medios de comunicación. Mientras algunos medios contribuyen a crear miedo en la población a través de la manipulación y el falseamiento de datos con el fin de potenciar los planes privados de pensiones, la cuestión de los Programas Especiales de Armamento ha permanecido en la más absoluta opacidad durante años.

El presupuesto del Ministerio de Defensa aumentó un 32% en 2017. Este aumento está en consonancia con los nuevos planes de nuestros socios de la OTAN de incrementar los gastos en Defensa de todos los países de la organización hasta alcanzar el 2% del PIB en 2024. La medida se acordó durante la Cumbre de Newport (Gales), celebrada los días 4 y 5 de septiembre de 2014. El Gobierno de España remitió a finales de 2017 una carta al secretario general de la Alianza Atlántica, Jens Stoltemberg, en la que se comprometía a incrementar en más de un 80% su gasto militar en los próximos 7 años. Únicamente cinco naciones pertenecientes a la OTAN cumplen con el nivel de gasto del 2% del PIB: Estados Unidos, Reino Unido, Grecia (con gastos principalmente en nóminas), Estonia y Polonia. España prevé aumentar el gasto hasta 2024 en alrededor de entre un 1,5% y un 1,6% y no alcanzaría el 2% acordado en Newport hasta 2028. En realidad, la Cumbre de Newport no obligaba a los países a llegar a este porcentaje, sino que daba indicaciones precisas para que los miembros de la organización que no llegaban al 2% paralizasen los recortes en gasto militar con el fin de aumentarlos posteriormente en términos reales respecto al crecimiento del PIB. La Cumbre de Newport sí determinó como objetivo que el 20% de los gastos de Defensa se destinarían a adquirir equipos militares, lo cual incluye programas de investigación y desarrollo y supone un incentivo para la industria armamentista, que ve garantizados sus multimillonarios ingresos. En diciembre de 2016, la entonces ministra de Defensa, María Dolores de Cospedal, solicitó el consenso entre Gobierno y oposición para aprobar una ley con el fin de proteger jurídicamente los gastos militares y también pidió garantizar la financiación a largo plazo de los Programas Especiales de Armamento.

Este blindaje, sumado al incremento de los gastos en Defensa de los países de la OTAN garantiza la supervivencia de la industria armamentista. Por poner un ejemplo doloroso y sangrante: España está examinando la posibilidad de adquirir el cazabombardero F-35, el avión de combate más sofisticado del mundo, fabricado por la mayor empresa de producción de armas del planeta, la estadounidense Lockheed Martin. Según el gigante norteamericano, el precio de cada aeronave asciende a entre 90 y 115 millones de euros. Como es natural, la industria militar basa su enorme poder en la existencia de conflictos y guerras y en el miedo a una conflagración entre los diferentes países. Los responsables de los grandes emporios militares justifican sus enormes ingresos amparándose en la cantidad de riqueza generada y en los puestos de trabajo creados por las empresas fabricantes de armas. En 2007, se llevó a cabo un estudio dirigido por Robert Pollin y Heidi Garret-Peltier, del Departamento de Economía de la Universidad de Massachussets, en el mismo se estudiaba el impacto de una inversión de 1.000 millones de dólares en seis ámbitos diferentes: gasto militar, reducción de impuestos (que, según los autores, conlleva un aumento del consumo interno), Sanidad, Educación, transporte público y rehabilitación de casas en cuanto a reparación de infraestructuras y modernización de las mismas. El estudio se apartaba de consideraciones de carácter ético y pretendía llegar a conclusiones estrictamente prácticas. Para su realización, los autores utilizaron un modelo de análisis económico desarrollado por el nobel de Economía del año 1973, Wassily Leontief. El resultado final del estudio fue extraordinariamente favorable respecto a cualquier inversión en sectores civiles: si la inversión se lleva a cabo en Sanidad o en rehabilitación de viviendas, la generación de puestos de trabajo es un 50% superior a los puestos creados por la industria militar. Este resultado se duplica en la comparativa entre el sector educativo o el de transporte público respecto al militar. En el estudio también se calculó el salario medio de los puestos de trabajo creados en cada uno de los seis sectores. El salario más alto se recibiría en el sector educativo, seguido por el sueldo cobrado en el sector de armamento, Sanidad, rehabilitación de viviendas, reducción de impuestos y, finalmente, transporte público. A todos los sectores les correspondería un sueldo medio por encima de lo que los autores llaman “mínimo para una vida decente” ya que la mayoría se situarían entre 32.000 y 64.000 dólares anuales. Estudios similares a este fueron publicados por Seymur Melman, profesor emérito de la Universidad de Columbia, y también por James Medoff, profesor de Economía de la Universidad de Harvard, ambos en la década de los años ochenta del pasado siglo.

En definitiva, la Cumbre de Newport apremió a los países miembros de la OTAN a congelar los recortes en materia de Defensa para después hacer un aumento paulatino de la inversión. La prensa apenas recogió esta petición, sin embargo, cuando se habla de mantener nuestro actual sistema de pensiones, los argumentos en contra se repiten de forma insistente en los medios de comunicación. Parece que el equilibrio presupuestario sólo está en juego cuando se habla de las pensiones y de otras inversiones de carácter social, pero no cuando se pide un aumento anual del gasto en partidas presupuestarias de dudosa utilidad para el país, que acaban teniendo una inexplicable prioridad sobre otras más importantes.

En realidad, el sector armamentista posee características especiales respecto al resto de industrias: aunque los fabricantes de armas son empresas privadas, la práctica totalidad de su producción se vende a gobiernos de todo el mundo, que a su vez facilitan las operaciones mediante la diplomacia y, además, financian a través del erario gran parte de los proyectos de innovación e investigación para obtener nuevas y costosas tecnologías. El inmenso poder del lobby armamentista explica que países que están atravesando problemas económicos severos, como es el caso de Grecia, garanticen las ganancias de la industria bélica de otras naciones a la vez que recortan en gastos sociales. Lo mismo se puede decir de naciones como China, Rusia o Brasil, que han aumentado sus gastos militares de forma extraordinaria durante la última década. China un 170%, Rusia un 108% y Brasil un 48%.

Se hace muy necesario aumentar los controles y la transparencia en todo lo que rodea a la industria de las armas. A finales de 2014 entró en vigor el Tratado sobre el Comercio de Armas (TCA) de la ONU, un pacto que exige más información sobre la compra y venta de armas, y que también prohíbe la exportación hacia naciones que no respetan los derechos humanos, pero el acuerdo se ha mostrado insuficiente y de poco alcance. La razón es que, aunque fue firmado por 130 países, tan solo 64 lo han ratificado hasta la fecha, entre ellos no está Estados Unidos, que controla la tercera parte del comercio mundial de armas. En la mayoría de las naciones, las operaciones en las que está implicada la industria armamentista están sujetas a secreto y no responden ante los respectivos parlamentos con criterios de verdadera transparencia.

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Nació en Gijón,aunque desde 1993 está afincado en Madrid.Es autor de Novela,Ensayo,Divulgación Científica y análisis político.Durante el año 2013 fue profesor de Historia de Asturias en la Universidad Estadual de Ceará,en Brasil.En la misma institución colaboró con el Centro de Estudios GE-Sartre,impartiendo varios seminarios junto a otros profesores.También fue agregado y representante cultural de España en el consulado de la ciudad brasileña de Fortaleza.Ha colaborado de forma habitual con la Fundación Ortega y Gasset-Gregorio Marañón y con Transparencia Internacional.Ha dado numerosas conferencias sobre política y filosofía en la Universidad Complutense de Madrid,en la Universidad UNIFORM de Fortaleza y en la Universidad UECE de la misma ciudad.En la actualidad,escribe de forma asidua en el diario infoLibre,en la revista de Divulgación Científica de la Universidad Autónoma, "Encuentros Multidisciplinares" y en la revista de Historia, Historiadigital.es

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