No sólo los partidos de la oposición están pendientes de que el presidente del Parlamento de Andalucía, el socialista Juan Pablo Durán, muestre este martes todos los documentos que prueben que el contrato de una campaña de imagen con una empresa madrileña donde trabaja un sobrino se firmó cumpliendo con la normativa vigente. También el Gobierno andaluz de Susana Díaz vive con palpable nerviosismo una polémica que explotó cuando menos lo esperaba, en los días previos a la conmemoración del 40 aniversario de la manifestación del 4-D en Andalucía por una autonomía plena. Durán admitió que cometió un “error” aunque a continuación aseguró que cumplió con la “estricta legalidad”. Pero no será hasta este martes cuando se concretará si pudo o no vulnerar la normativa vigente.

Una segunda modificación urgente de las normas de contratación de la Cámara no pasó por la rúbrica de la Mesa

Apenas un mes antes de que la Presidencia del Parlamento de Andalucía acordara contratar con una empresa de comunicación de Madrid una campaña conmemorativa del 4-D bajo el título ‘Orgullo andaluz’, la Mesa de la Cámara autonómica acordó a mediados de octubre una modificación de las normas de contratación referida a contratos menores de 18.000 euros, que pasarían a adjudicarse “directamente” a cualquier empresario “con capacidad de obrar y que cuente con la habilitación profesional necesaria para realizar la prestación”.

Esta modificación se abordaba con la intención de eludir la burocracia legal que conllevaba cualquier actividad de la Cámara por mínima que fuese. Desde comprar un tampón a reparar los vehículos oficiales de sus señorías.

Podemos ha exigido desde el primer minuto la dimisión de Durán por vulnerar no sólo los principios éticos de la Cámara sino también los legales. Con la intención de mantener las exigencias lógicas de justificación en el caso de contratos menores más complejos (como sería por ejemplo el caso del contrato con la productora del sobrino del presidente del Parlamento, valorado en 14.000 euros), se acordó en un primer momento que el letrado mayor de la Cámara elaboraría unas instrucciones complementarias que servirían como garantía en los procesos de contratación.

Sin embargo, en el Boletín Oficial del Parlamento de Andalucía del 19 de octubre de 2017, se publicó un acuerdo de la Mesa del Parlamento de Andalucía que, supuestamente, se alcanzó el 17 de octubre de 2017, y por el cual se modifican las normas de contratación que ya se habían alterado el 27 de septiembre. En esa segunda modificación, se elimina la referencia a las instrucciones que debía elaborar el letrado mayor del Parlamento de Andalucía.

El único representante de Podemos en la Mesa no tiene constancia de que esta segunda modificación se hubiese debatido nunca en la Mesa. Diario16 ha podido constatar en fuentes parlamentarias que a otros miembros de la Mesa del Parlamento de Andalucía tampoco les consta que se tratara este asunto aquel día.

El punto de la discordia en cuestión es el segundo de la reforma aprobada el 17 de octubre pasado. En su primera modificación quedó así: “El expediente de contratación requerirá la aprobación del gasto por el órgano competente y la incorporación al mismo de la factura correspondiente, sin perjuicio de otros trámites que se determinarán a través de instrucciones del letrado o letrada mayor del Parlamento de Andalucía”.

Pero la segunda modificación de este punto en cuestión, que resultó ser la definitiva quedó así: “El expediente de contratación requerirá la aprobación del gasto por el órgano competente y la incorporación al mismo de la factura correspondiente”.

La presidenta andaluza, Susana Díaz, que estos días ha participado en varios actos públicos con motivo del 40 aniversario de la manifestación del 4-D, no ha hecho alusión alguna a esta polémica y guarda absoluto silencio sobre un asunto que afecta directamente a la segunda figura en importancia de la autonomía andaluza, el presidente de la Cámara autonómica.

El pasado viernes, el secretario general del Parlamento de Andalucía, Javier Pardo, emitió un comunicado en el que aseguraba que “la tramitación del referido expediente, en fase de ejecución, cumple las prescripciones vigentes establecidas en las Normas de Contratación del Parlamento de Andalucía aprobadas por la Mesa de la Cámara, así como las contenidas en el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público”.

Este martes se conocerá finalmente si el contrato que muestre públicamente el presidente de la Cámara pasó todos los filtros legales o, como argumentan desde la oposición los diputados de Podemos, se vulneraron estos extremos al contratar con una empresa donde trabaja un sobrino del presidente del Parlamento autonómico.

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