El Pleno del Congreso ha tomado en consideración la proposición de ley para establecer una prestación de ingresos mínimos del 80% del Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM), es decir, 426 euros para las familias sin recursos y que beneficiaría 2,4 millones de ciudadanos.

Todos los grupos, salvo PP y Ciudadanos, han votado a favor de comenzar los trámites parlamentarios y empezar el periodo de enmiendas. En concreto, el resultado de la votación ha sido de 176 votos a favor y 163 en contra. La razón por la que los dos partidos conservadores han votado en contra es que generaría un gasto “inasumible” para las arcas del Estado.

La proposición de ley, procedente de la ILP presentada por los sindicatos CCOO y UGT, y que fue firmada por más de 700.000 personas, tiene como objetivo fijar una prestación de carácter universal para familias desempleadas y sin recursos. Supondría un gasto de 12.000 millones de euros.

Tanto el Partido Popular como Ciudadanos anteponen las cifras y el techo de gasto público a las necesidades básicas de 1,4 millones de familias

Podrían acceder a esta renta mínima los ciudadanos de entre 18 y 65 años, desempleados, no percibir ningún tipo de prestación por desempleo, tener una renta per cápita inferior a 5.837 euros anuales y carecer de ingresos inferiores al 75% del Salario Mínimo Interprofesional.

Tanto el Partido Popular como Ciudadanos anteponen las cifras y el techo de gasto público a las necesidades básicas de 1,4 millones de familias con todos sus miembros en paro, de 700.000 hogares sin ningún tipo de ingreso, de más de 6 millones de trabajadores pobres que tienen un salario inferior al Salario Mínimo Interprofesional, de 3 millones de personas que se encuentran por debajo del umbral de la pobreza, de 3,5 millones de ciudadanos que se hallan en pobreza extrema o de los millones de niños con carencias básicas.

 

El debate

El portavoz de Empleo del Grupo Socialista, Rafael Simancas, ha defendido que la puesta en marcha de esta renta mínima es económicamente viable, ya que los 12.000 millones que supondría para las arcas públicas no son comparables al rescate bancario que ya ha costado a los españoles más 60.000 millones según el Tribunal de Cuentas.

los 12.000 millones que supondría para las arcas públicas no son comparables al rescate bancario

Exactamente esos 12.000 millones son la diferencia entre lo que se destinaba a prestaciones de desempleo cuando llegó Mariano Rajoy al poder respecto a lo que destina en la actualidad. Simancas ha anunciado, además, que el Grupo Socialista va a presentar enmiendas en la tramitación para que se incrementen, además, las prestaciones por hijo a cargo.

Segundo González, portavoz de Unidos Podemos, aunque ha criticado los planes del PP y del PSOE para obstruir la aplicación de la ley hasta que no haya presupuestos, ha defendido la proposición porque va en la línea correcta. También ha indicado que su grupo parlamentario intentará aumentar la cuantía a 660 euros mensuales durante la tramitación de la ley y ha comparado la cuantía propuesta de 426 euros con la renta mínima del País Vasco.

La cara opuesta la encontramos en los partidos conservadores. Antonio Roldán, de Ciudadanos, ha defendido el voto negativo de su grupo porque económicamente es inasumible y supondría un golpe muy duro en lo referente al cumplimiento de los objetivos de déficit comprometidos por España con Europa.

Por parte del Partido Popular ha sido Susana López Ares quien ha defendido su negativa a la tramitación de la proposición de ley porque no se puede votar favorablemente una iniciativa que es inviable. Ha incrementado la previsión de personas que se beneficiarían de esta iniciativa de los 2,4 millones que indicaron los sindicatos a 10 millones lo que es un reconocimiento implícito de que hay datos ocultos de pobreza y precariedad. Con este incremento el PP calcula que el gasto subiría a los 50.000 millones de euros. López Ares, además, ha tachado de demagogos a los que defienden la ILP.

Este asunto de la renta básica es tan importante para el Gobierno que no ha asistido al Pleno ningún ministro

Tanto CCOO como UGT se mostraron satisfechos con el resultado de la votación y que su ILP haya pasado a tramitarse y han criticado la falta de sensibilidad y la “desvergüenza” de los argumentos dados por el Partido Popular y Ciudadanos para votar en contra.

Este asunto de la renta básica es tan importante para el Gobierno que no ha asistido al Pleno ningún ministro. Este dato es muy esclarecedor del mismo modo en que lo es que el argumento para votar en contra es el gasto que supondría para el Estado y que no se podrían cumplir los objetivos de déficit. Los objetivos de unos y otros han quedado muy claros por su establecimiento de prioridades: primero los datos macroeconómicos, el déficit público y los compromisos con la Comisión Europea; lo último, el pueblo español.

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