El Partido Popular, valiéndose de su mayoría absoluta en la Cámara Alta, ha rechazado una moción debatida en la Comisión de Igualdad del Senado que garantice la asistencia jurídica y psicológica a las mujeres víctimas de violencia machista. Todas las fuerzas políticas del Senado, salvo el PP, sí apoyaron una iniciativa que instaba al Gobierno a modificar dos apartados de la Ley de Medidas de Protección Integral Contra la Violencia de Género. El PP ha justificado su voto negativo aduciendo que era preciso esperar a que el Gobierno impulse sus propias iniciativas y medidas.

La senadora de Unidos Podemos Celia Cánovas ha afirmado que se trata de un «problema urgente que desangra nuestra sociedad y no hay ninguna razón para no aprobar una iniciativa que pretende poner a disposición de las víctimas medidas y herramientas para proteger su seguridad. No hay excusas que valgan para justificar la postura del Partido Popular».

Según la Macroencuesta de Violencia Contra la Mujer de 2015, sólo un 28,5% de las mujeres que sufren violencia machista denuncia los hechos. Aunque la Ley de Asistencia Jurídica y la Ley Integral Contra la Violencia de Género reconocen el derecho de las mujeres víctimas de violencia machista a disponer de la mencionada asistencia jurídica, la realidad es bien distinta dado que la propia Ponencia de Estudio sobre la Violencia Machista recoge en su punto 231, que solicita la reforma del artículo 20.1 de la Ley Orgánica 1/2004 «para garantizar, desde el primer momento y para todas las actuaciones y comparecencias en sede judicial, el derecho fundamental a la tutela judicial efectiva de las víctimas de Violencia de Género».

Existe un problema real que afecta a todas aquellas mujeres que acuden a interponer una denuncia por violencia machista, cuando esa primera declaración en dependencias policiales tiene un importante peso en el proceso judicial que después se iniciará. Tal y como la moción rechazada por el PP recogía, «el momento de la denuncia puede ser un punto álgido del conflicto, un momento de incremento del riesgo, y la duración del proceso puede ser una experiencia abrumadora, agotadora, cuando no revictimizadora». Por esta realidad tan cruda se hace urgente garantizar tanto asistencia jurídica como psicológica a todas aquellas mujeres que, atreviéndose a denunciar, aún deben afrontar un complejo proceso.

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