La Asociación Proderechos Humanos de Andalucía (APDHA) inició en septiembre de este año la campaña #SanidadenPrisión, donde se denuncia una situación que debería haberse resuelto hace mucho tiempo: el acceso de la población reclusa a una atención sanitaria “en igualdad de condiciones a la dispensada al conjunto de la población libre”. La propuesta de APDHA es que los servicios sanitarios, dependientes de Instituciones Penitenciarias, sean transferidos a las comunidades autónomas y que así puedan ser integrados en los correspondientes servicios autonómicos de salud.

La propuesta de APDHA es que los servicios sanitarios sean transferidos a las comunidades autónomas

Hay que resaltar que desde el 2014 el Ministerio del Interior no renueva los convenios que mantenía con las Comunidades Autónomas para garantizar la atención especializada a los reclusos, lo que ha generado una situación en la que atención médica en las cárceles se realiza en condiciones cada vez más precarias. Para los partidos en general parece inasumible el supuesto coste político que tendría el mejorar las condiciones de la población reclusa. El denominado populismo punitivo parece seguir siendo hegemónico dentro de la política española.

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Populismo punitivo

El populismo es ya un término casi imprescindible a la hora de analizar la nueva política, pero su vertiente “punitiva” es prácticamente desconocida.

Para autoras como Whanda Fernández León podemos definir al populismo punitivo como “doctrina política que se proclama defensora de los intereses y aspiraciones del pueblo” y cuyo efecto es “expandir el derecho penal, desquiciar el sistema de juzgamiento, socavar el espíritu garantista de las normas y acomodarlo a interpretaciones arbitrarias y restrictivas”.

En el caso concreto de España, la abogada experta en derecho penitenciario Patricia Moreno Arrarás denuncia que “incluso la izquierda quiere meter a todos a la cárcel”. Para Moreno Arrarás, estamos “en una sociedad que apuesta decididamente por la seguridad frente a la libertad y en la que la seguridad se fía al continuo incremento de las medidas securitarias, las cárceles, necesariamente, han de quedarse pequeñas, a la vez que pasan al olvido y la invisibilidad. Queremos que haya cárceles y queremos que en ellas estén quienes atenten o puedan atentar contra nuestra seguridad; nos preocupan poco las condiciones en las que estén”.

Para Moreno Arrarás, estamos “en una sociedad que apuesta decididamente por la seguridad frente a la libertad

 

Puertas giratorias, de presos

La abogada Mª Luisa Díaz Quintero y el facultativo José Vidal Carballo Corral reflejaron en su trabajo Enfermos mentales y prisión: un tándem incompatible lo especialmente problemática que es la situación de las personas presas con trastornos mentales. Díaz Quintero y y Vidal Carballo alertan que “que la situación de los enfermos mentales en las prisiones españolas, tanto por el número como por las dificultades que presentan para su reinserción social, hace tiempo que se ha hecho insostenible. El porcentaje de personas con enfermedad mental en prisiones es mucho más elevado que en la población general”.

En la línea de APDHA, estos autores inciden en que para los enfermos con problemas de salud mental “al no estar integrada la asistencia sanitaria en el Sistema Nacional de Salud, se hace muy difícil de prestar en igualdad de condiciones a la que reciben los enfermos no privados de libertad”. Por desgracia, para estos reclusos hay, para Díaz Quintero y y Vidal Carballo, puertas giratorias de entrada y salida de centros penitenciarios: “El estigma y/o el trato discriminatorio que sufren estos pacientes tras su situación judicializada conlleva a menudo la exclusión de programas de continuación del tratamiento en la Comunidad. Y la falta de seguimiento les lleva, en un porcentaje muy elevado, de nuevo a prisión”.

Urge, por tanto, que todos los partidos políticos asuman las propuestas que están realizando organizaciones como APDHA y la Fundación Abogacía Española para que las personas presas reciban una atención sanitaria igual al resto de la población.

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Nacido en Madrid el 21 de julio de 1974. Licenciado en Bioquímica por la Universidad Compluense de Madrid pero su actividad profesional ha estado relacionada con el desarrollo de software como analista de sistemas. Colabora como periodista en diversos medios en temas relacionados con temas laborales y derechos de autor. Es el autor del libro "¿Por qué Marx no habló de copyright?", además de "SGAE, el monopolio en decadencia" (en preparación) junto a Ainara LeGardon

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