Los funcionarios de prisiones vuelven a la calle. Esta vez la rebelión contra el Ministerio del Interior ha comenzado en Andalucía, en concreto en las tres cárceles de El Puerto (Cádiz), cuyos trabajadores han iniciado una acampada reivindicativa para protestar contra las malas condiciones laborales que padecen desde hace años. La situación de masificación y falta de seguridad en las prisiones españolas ha tocado fondo y los funcionarios han decidido dar un paso adelante convocando una movilización bajo lemas como ‘Tu abandono me puede matar’ y ‘Prisiones se muere por el abandono de la administración’.

La plantilla no solo está descontenta con la congelación salarial de los últimos años, sino con la dejadez de los diferentes gobiernos ante las agresiones que vienen sufriendo a manos de los reclusos. Los trabajadores de las cárceles de El Puerto ya no se fían de los sindicatos tradicionales, y han decidido poner en marcha una plataforma para reivindicar sus derechos.

Al menos cien funcionarios participan en la acampada, a la que se han ido sumando los familiares de los trabajadores y compañeros de los centros penitenciarios de Córdoba, Sevilla y Málaga. Los organizadores confían en que en los próximos días la protesta aglutine a más de 400 funcionarios.

La situación en las cárceles españolas empieza a ser ya insostenible. Solo en las cárceles de Madrid los funcionarios han sufrido más de 400 agresiones en los últimos 6 años. En ese tiempo se han jubilado 173 funcionarios y solo se han incorporado 35. Es decir, hay 138 funcionarios menos.

La población reclusa de España es inferior a la media de la UE, pero la tasa de masificación es de las más altas de Europa. Los diferentes gobiernos han invertido con cuentagotas en instituciones penitenciarias (aunque es cierto que se han construido nuevas prisiones), pero el principal problema, el del hacinamiento, sigue sin ser resuelto. Así, por cada 100 celdas disponibles hay 119,6 presos, cuando la media europea es de 91,4. La ley penitenciaria española establece un preso por celda y únicamente en caso de “insuficiencia temporal de alojamiento o por indicación del médico” se puede alojar a más personas. Esta situación ha empeorado con el tiempo y ahora lo normal es que en las celdas de las cárceles españolas haya más de una persona alojada. Así, en 2015 el número de celdas disponibles en nuestro país ascendía a 53.512 para una población reclusa de 64.017 personas.

Tal nivel de saturación ha llevado al Gobierno a dividir los espacios disponibles en dos. Este parcheamiento del problema permitió incrementar el número de plazas hasta las 77.783, pero la situación ha seguido su paulatino proceso de agravamiento por culpa de la masificación. Solo países como Macedonia, Hungría, Albania y curiosamente Bélgica registran peores datos que los centros penitenciarios españoles. Está comprobado por los expertos que el hacinamiento provoca un mayor grado de conflictividad en el interior de los recintos penales, lo cual dispara el número de peleas y reyertas entre internos y de ataques contra los funcionarios. De ahí que los trabajadores hayan decidido iniciar un plante para presionar al Ministerio del Interior y obligarle a invertir en personal, en medios y en nuevos sistemas de seguridad, según informan fuentes próximas a los sindicatos de instituciones penitenciarias.

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