Hace unos días publicaba este diario uno de mis artículos titulado “Aunque Puigdemont regresara voluntariamente a territorio español Llarena no podría imputarle el delito de rebelión” en el que concluía que el desistimiento unilateral de Llanera a la ejecución del Auto de extradición sobre Puigdemont no puede dejar sin efecto por sí solo el principio de especialidad que impera en el derecho comunitario, y también debe hacerlo en el derecho nacional; y que a mi juicio esta medida descansa en un claro principio de oportunidad que es contrario al principio de legalidad.

Esta opinión que desde luego sigo manteniendo a pies juntillas, pues creo firmemente que el principio de oportunidad no te deja ser justo ni descubrir la verdad, ha desatado sin embargo los comentarios de quienes piensan que desacreditando a quienes razonan desacreditan sus razonamientos.

Los comentarios a los que me refiero son los siguientes:

Manuel 21/07/2018 at 19:32

La opinion de este señor que no Juez ya que esta inhabilitado durante diez años por intentar favorecer a un amigo abogado carece de rigor ya que lo hace desde el despecho contra el TS que lo sancionó. Según su criterio cualquier tribunal extranjero sin conocimiento del asunto podría dictar sentencia en los mismos. De locos.

 

Antiprevaricadores 22/07/2018 at 09:58

Cómo está el DIARIO 16, dando pábulo a la opinión de un juez condenado por PREVARICACION, por favorecer a un amigo suyo que atropelló a un peatón con posterior fuga.

Y a este juez PREVARICADOR es decir UN DELINCUENTE le aplauden sus libelos personajillos como JUAS, YO o CLEMENTE, pero ya se sabe, ”la ignorancia es lo mas atrevido”

 

Ante dichos comentarios tengo que hacer las siguientes precisiones:

1º Que es cierto que he sido condenado como autor de un delito de prevaricación judicial por intentar transformar en juicio de faltas la investigación de un accidente de tráfico de los que ocurren todos los días en nuestras ciudades, pues en el atestado de la policía local se aseguraba que el atropello del peatón se produjo sin que se percatara en ningún caso el conductor del vehículo, que conducía a velocidad muy reducida con el cristal empañado a causa de la lluvia.

2º Que cuando califiqué aquellos hechos como juicio de faltas llevaba tan solo 2 semanas en mi nuevo destino en Talavera de la Reina, por lo que no conocía a nadie.

3º Que el accidente en cuestión todavía se sigue instruyendo sin que hasta la fecha se haya sido dictada sentencia alguna, por lo que no es cierto que la sentencia que me condenó hubiera tenido por acreditado – porque no podía hacerlo – que el conductor se hubiera dado a la fuga.

4º Que el conductor fue denunciado por el delito de omisión del deber de socorro sabiendo que era falsa dicha apreciación a la vista del contenido del atestado.

5º Que a pesar de su falsedad, el fiscal decano de Talavera de la Reina apoyó la denuncia como represalia porque el denunciado, abogado de profesión, estaba investigando la corrupción urbanística en la que el propio fiscal decano, Ángel Demetrio de la Cruz Andrade, estaba inmerso – acusado de construir su chalet en zona prohibida, en concreto en el cauce de un río, bajo la sospecha de sobornos y blanqueo de capitales – y que luego se ha demostrado que esa sospecha de corrupción era enteramente cierta.

6º Que después fue el mismo fiscal decano, Ángel Demetrio de la Cruz Andrade, quien me denunció a mí también como represalia, después de que formalizara ante la fiscalía anticorrupción todas las denuncias por corrupción que ya existían contra él.

7º Que en estos momentos está pendiente de recurso contencioso administrativo el pronunciamiento de los tribunales sobre la regularidad de la actuación de la fiscalía en aquel procedimiento, lo que podría provocar la revisión de la sentencia que terminó con mi inhabilitación.

8º Que en todos los recursos que hasta la fecha se han interpuesto contra la sentencia que me ha condenado en casación – por un delito que no he cometido – siempre hemos denunciado que el Magistrado Llarena se ha dejado llevar exclusivamente por el principio de oportunidad y no por el de legalidad, que es precisamente el mismo reproche que se contiene en el artículo publicado ayer por este diario bajo el títular “Aunque Puigdemont regresara voluntariamente a territorio español Llarena no podría imputarle el delito de rebelión”.

 

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2 Comentarios

  1. Los jueces prevaricadores son como los deportistas ”dopados” :jamás admiten sus acciones.

    En Polonia solo está permitida la interrupción del embarazo cuando la vida del feto está amenazada, cuando existe una grave amenaza para la salud de la madre, o si el embarazo es resultado de una violación o incesto. Por tanto y según su lógica, si una ciudadana polaca se somete a un aborto en Polonia fuera de esos tres supuestos, con que salga de su país, como hizo Puigdemont, podrá sortear la ley. Simplemente con que pueda desplazarse a un país en el que pueda hacerlo libremente será suficiente. El país receptor rechazará la eurorden por no apreciar delito, y la ciudadana polaca podrá regresar a su país, sin cuenta pendientes, en una especie de ”tabla rasa”.

    Y por no hablar de los delitos económicos; con refugiarse en la isla de Man, Suiza y algún lugar similar, cualquier delincuante de cuello blanco, se puede convertir en un honorable refugiado.

  2. Obviamente Usted no es el juez Llarena

    ”El juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena, instructor de la causa del «procés», ha sido acosado por un grupo de independentistas cuando se encontraba cenando en un restaurante de Palafrugell (Gerona). Al enterarse de que el magistrado se encontraba en el establecimiento, un grupo de secesionistas se desplazaron hasta el lugar y comenzaron a insultarle, provocando que tuviera que abandonar el local.

    «Las calles siempre serán nuestras», comenzaron a corear los indepedententistas mientras el magistrado abandonaba el restaurante en coche. Además de pitidos, también le dedicaron insultos, así como «la bienvenida al Ampurdán» con recochineo.”

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