En 2012 empieza el desmantelamiento de la Ley de Dependencia con los recortes del Real Decreto Ley 20/2012. De este modo, desde hace seis años se fue desmontando el Sistema de Atención a la Dependencia, como ya advirtió el Presidente Rajoy en la portada de El País, el 17 de noviembre de 2011[1].

Como digo, desde ese momento los recortes han ido en aumento cada año, incumpliendo el calendario de aplicación y siendo cada vez menores las cantidades destinadas a las prestaciones económicas de las personas dependientes hasta el año pasado que se frenó la caída, volviendo a niveles de 2011, habiendo, por tanto, un retraso de siete años.

Pues bien, en esta situación, la Coordinadora Estatal de Plataformas de Defensa de la Ley de Dependencia, junto a la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales, impulsaron un pacto de Estado para la Dependencia. Dicho documento fue firmado por todos los partidos excepto el PP y el PNV, el 14 de diciembre de 2016. Los puntos del Pacto de Estado fueron los siguientes:

“1Revertir los recortes producidos por el Real Decreto-ley 20/2012 y por las leyes de PGE, habilitando de forma , por los mecanismos legales que procedan, los créditos necesarios para incrementar en un 13% la financiación del Nivel Mínimo Garantizado del Sistema; recuperando el nivel concertado de financiación del mismo, al menos hasta alcanzar los niveles que existían en 2011; y abordando la inclusión en la Seguridad Social de las y los cuidadores familiares y no profesionales, con cargo a la Administración General el Estado.

  1. Impulsar un pacto entre la Administración General el Estado y las CCAA para acabar con la desatención (limbo de la Dependencia) antes de dos años, con los compromisos de financiación necesarios para lograrlo.
  2. Iniciar negociaciones en el Consejo de Política Fiscal y Financiera para establecer un nuevo modelo de financiación estable del Sistema en el marco de la LOFCA, en función del coste real de los servicios y de las prestaciones concedidas.
  3. Cualquier medida que suponga una modificación de la Ley 39/2006 se llevará a cabo mediante su tramitación y debate en el Parlamento, con un nivel de consenso similar, al menos, al que se logró en su aprobación y sin utilizar, en ningún caso, el atajo de la modificación a través de Decreto.
  4. Velar por la transparencia del Sistema de Información de la Dependencia, garantizando información actualizada y completa que permita, a la propia Administración y a los agentes y entidades sociales, su seguimiento y control[2].

 

Pero ni la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales, ni la Coordinadora Estatal de Plataformas de Apoyo a la Ley de Dependencia se rindieron. Así, el pasado 7 de febrero de 2018, estas organizaciones se volvieron a reunir con los Grupos Parlamentarios en el Congreso de PSOE y Unidos Podemos, dónde estos Grupos reafirmaron su compromiso con el Pacto de Estado. De hecho, el Grupo Parlamentarias Socialista dos días antes, el 5 de febrero de 2018, plasmó los puntos anteriormente expresados en una PNL (Proposición No de Ley). Por otro lado, el 17 de marzo de 2017, el Grupo Parlamentario Socialista ya había presentado una Proposición de Ley (PL) para que se pudiera continuar los recursos relacionados con la Dependencia por la vía contencioso-administrativa, una vez agotada la vía administrativa. Esta PNL, por el momento, no se ha aprobado.

Pero no son estas las únicas reclamaciones del Movimiento de Personas con Discapacidad (MPCD), dentro del paradigma reivindicativo. Hay otras organizaciones que estamos haciendo propuestas políticas concretas. Por nuestra parte, la UPADD (Unidad Progresista de Apoyo a la Discapacidad y la Dependencia), en el verano de 2016, presentamos una serie de puntos en lo que nosotras vinimos a llamar el New Deal, Nuevo Pacto para la Discapacidad y la Dependencia. Haciendo un recorte para evitar solapamientos con los puntos del Pacto de Estado los puntos de ese New Deal que podrían sumar son los siguientes:

“-Dotación pública suficiente de la prestación de servicios en centros residenciales.

– Desarrollo al máximo posible de la figura del Asistente Personal (AP) en los casos que así se solicite y que las capacidades cognitivas de la persona lo hagan posible.

– Creación de centros públicos específicos en cada CCAA para discapacidad física, intelectual y sensorial.

– Creación y blindaje del Sistema Público de Atención a la Dependencia, a través de un pacto de Estado. Este punto vendría a concretar el punto 4 del Pacto de Estado.

– Conservación del importe total de las Pensiones No Contributivas y de Viudedad en el caso de matrimonio de las personas beneficiarias.

– Anulación total de cualquier copago en dependencia implantando un sistema totalmente universal.

– Reforzamiento del Consejo Consultivo de la Discapacidad”.

A todos estos puntos, en mi opinión, añadiría, por ejemplo, la petición de las mujeres afectadas por la endometriosis y fibromialgia de añadir esas enfermedades, generadoras de discapacidades, en el Real Decreto 1971/1999 que recoge el catálogo oficial de discapacidades en el Estado español. Y es que estas mujeres, al no ver reconocida su discapacidad, no tienen acceso a las ayudas, prestaciones y servicios que lleva aparejado dicho reconocimiento.

En mi opinión, este marco inicial y esas iniciativas me dan esperanza en el futuro y me hacen sacar las siguientes conclusiones.

En primer lugar, me siento orgulloso de comprobar cómo el sector reivindicativo del MPCD, formado por Organizaciones como la Coordinadora Estatal de Plataformas de Apoyo a la Ley de Dependencia, la UPADD o Adaec (Asociación de Afectadas por la Endometriosis), somos quienes han tomado la iniciativa política, junto a la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales, organización que también defiende los servicios públicos para la discapacidad y la dependencia. Tomando así la delantera al asociacionismo asistencial preocupado por mantener, a través de las subvenciones, su propio patrimonio en bienes inmuebles, los sueldos de su personal, (la mayoría personas sin discapacidad), vehículos propios, etc, etc… Evidentemente, este asociacionismo no puede morder la mano que le da de comer.

Por desgracia, la socialdemocracia española optó por un sistema de Servicios Sociales asistencial, financiado mediante la vía de la subvención desde un primer momento, desde 1982. De este modo, se ha generado toda una estructura entorno a este sistema, una estructura con miles de empleos y un gran patrimonio gestionado por manos privadas. Una suerte de administración paralela en manos privadas y subvencionada con dinero público.

Por otro lado, este sistema ha creado un sector empresarial específico, el cual, en muchas ocasiones, es dirigido por las propias asociaciones, bien creando empresas directamente o a través de sus fundaciones, creando así verdaderas redes empresariales que poco, (o nada), benefician a la totalidad del colectivo. Hasta han puesto nombre este sector empresarial, el Tercer Sector. Aunque en este punto, estas empresas se han encontrado con la competición de empresas multiservicios, empresas que lo mismo te ofrecen seguridad privada que servicios sociosanitarios.

En segundo lugar, me gusta ver cómo somos nosotras quienes hacemos propuestas políticas realistas y concretas que benefician a todo, repito, a todo, el colectivo en sus necesidades básicas. Nosotras no perdemos el tiempo en supuestos derechos postmodernos, propuestos por una élite, que desvían el debate.

Ese sector postmodernista copia su forma de actuar de los Estados Unidos y por lo tanto se centra en la reclamación de derechos civiles, dejando de lado los derechos sociales y la realidad de la mayoría del colectivo de personas con discapacidad. Al mismo tiempo, este sector copia muchos de sus postulados del Movimiento LGTBI y la teoría queer, se intenta desetiquetar a la discapacidad para ser más modernas y al final lo que se consigue es invisibilizar su diferencia y, por lo tanto, sus necesidades reales.

Frente a esto, nuestro sector asociativo se identifica con otros Movimientos como el Movimiento Feminista, concretamente, el sector del feminismo radical. Esto es así porque queremos nuestras etiquetas. Queremos luchar por la igualdad de todo nuestro colectivo, empezando por las miles de personas que han muerto sin la prestación a la que tenían derecho. Creemos que la desigualdad y la miseria económica de nuestro colectivo no es casual, sino está en la raíz del neoliberalismo competitivo y inhumano, en el cual somos una molestia improductiva y no competitiva. Por ello, en virtud de la lógica política económica más evidente, el MPCD nunca puede ser neoliberal, ni puede apoyar sus políticas. En este aspecto, seguimos la lógica anticapitalista que ha adoptado el Movimiento Feminista Radical.

Por ese motivo, siguiendo el razonamiento anterior, al contrario que otros sectores del MPCD, como el Movimiento de Vida Independiente, creemos, por ejemplo, que las mujeres con discapacidad deben continuar la lucha a partir de los logros históricos conseguidos por el feminismo, en vez de pedir desarrollar los papeles a los que el patriarcado relega a la mujer sin discapacidad, como son el de la mujer deseable o la maternidad. Así como los hombres con discapacidad no debemos intentar copiar torpemente roles masculinos de los que estamos afortunadamente liberados como la competencia, la agresividad, la fuerza o la seducción intimidante o molesta. Ya somos hombres y mujeres del s.XXI, ¿para que queremos retroceder a mediados del s.XX?

Creo en unas políticas públicas de discapacidad y dependencia que beneficien a todo el colectivo, de abajo a arriba. Creo en atender primero las necesidades básicas de nuestro colectivo, me parece una inmoralidad, por ejemplo, hablar de asistencia sexual cuando miles de personas dependientes mueren sin recibir la prestación por dependencia a la que tienen derecho.

Por todo ello hago un llamamiento a todo el MPCD a unirse entorno a las reivindicaciones básicas explicadas anteriormente. No hay tiempo que perder en divagaciones postmodernas, nuestra gente está muriendo sin ser atendida.

Por último, hago un llamamiento a todo el arco parlamentario a apoyar realmente el Pacto de Estado para la Dependencia.

No hay tiempo que perder, unamos fuerzas.

 

[1] 17 de noviembre de 2011, El País. Consultado el 1 de marzo de 2018 https://elpais.com/diario/2011/11/17/portada/1321484401_850215.html

[2] 14 de diciembre de 2016. Pacto de Estado en Defensa de la Autonomía Personal y la Atención a la Dependencia. Consultado el 4 de diciembre de 2018. http://www.directoressociales.com/images/prensa/nota_14-12-17/6_pacto_estado.jpg

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Nacido en Burgos capital el 02 de octubre de 1976, desde el mes y medio de edad, convive con una discapacidad física y de comunicación verbal producida por las secuelas de una Parálisis Cerebral Infantil. Educador Social y Diplomado en Relaciones Laborales por la UBU (Universidad de Burgos). Coautor de varias publicaciones de la UBU y ha impartido varias conferencias sobre discapacidad en esta y otras Universidades. Durante más una década fue socio de ADM (Asociación de Afectados/as con Discapacidad Motora), representando a esta Asociación en la Junta Directiva de FEDISFIBUR (Federación de Asociaciones de personas con Discapacidad Física y Orgánica de Burgos), de la que fue cofundador y Tesorero durante una legislatura. En noviembre de 2007, ingresa como militante en el PSOE. En Agosto 2008, cofunda la Asociación Claudio de Burgos, Asociación que preside hasta Diciembre de 2009, haciendo actualmente labores de Gerencia y Educador Social de la misma. Fue en el puesto Nº12 de las listas del PSOE-Burgos a las Elecciones Municipales de Mayo de 2011. El 2 de Junio de 2012, fue nombrado Secretario Provincial de Autonomía Personal, Dependencia y Discapacidad del PSOE-Burgos. Cargo que ejerció hasta el 19 de febrero de 20015.  Fue colaborador de la publicación digital Diario Progresista (www.diarioprogresista.es), dirigida por Antonio Miguel Carmona hasta 2015. También fue Redactor Jefe de la Edición de Castilla y León de esta publicación hasta abril de 2013, hasta el 2014. El 11 de diciembre de 2013, coofunda la Unión Progresista de Apoyo a la Dependencia y la Discapacidad (UPADD), la cual preside actualmente. El 30 de enero de 2015, fue nombrado Secretario de Movimientos Sociales de la Agrupación Local del PSOE-Burgos. Cargo que dejó el 25 de mayo de 2015 al darse de baja en el PSOE. El 27 de Junio de 2015 ingresa como activista en Construyendo la Izquierda-Alternativa Socialista (CLI-AS), impulsando este partido en Burgos. El 16 de Julio de 2015 empieza a colaborar con el Proyecto Decide en Común, liderado por Alberto Sotillos, haciéndose cargo desde 20 de julio de 2015 de la Coordinación del Grupo de Dependencia, Discapacidad y Autonomía Personal de este partido a nivel federal en la redacción de su programa, hasta el 4 de septiembre de 2015. El 11 de febrero de 2017, AS-Burgos se integra en el PCAS (Partido Castellano). Después de unos meses, el 14 de Septiembre de 2017, deja el PCAS debido a su falta de democracia interna y su ambigüedad ideológica.

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