La Ley de Seguridad Interior está lista para su aprobación en la Cámara de Diputados, la comisión de gobernación sostiene que cuenta con el dictamen para someterlo al pleno, en el que PRI y PAN cuentan con los votos necesarios.

Esta nueva ley es el broche de oro para amarrar las reformas del Pacto por México, recordemos los acuerdos para compensar al PAN y al PRD su colaboración, incluidos en el decreto de reforma constitucional del 10 de febrero del 2014, en el que se permitió la reelección inmediata de: diputados, senadores y alcaldías. El gobierno de coalición, el carácter nacional del Instituto Electoral y la autonomía constitucional de la procuración de justicia.

Además, ese decreto modificó el artículo 29 que es el que prevé el régimen de excepción, para facilitar al presidente de la república decretar la restricción de derechos, eliminando la condición de hacerlo de acuerdo con los Titulares de las Secretarías de Estado y la Procuraduría General de la República para solamente dejarlo a la aprobación del Congreso.

Cambio en apariencia innecesario, al menos si consideramos que desde la participación de México en la Segunda Guerra Mundial nunca más se invocó, ni siquiera con la declatoria de guerra del EZLN en 1994 al Estado mexicano.

Esta ley pretende ser fundamento de la decisión de Felipe Caderón de usar al ejército para combatir la delincuencia, lo que él llamó como guerra contra el narcotráfico. Con esa ley quieren legalizar la militarización del país, que en realidad es la negación de derechos humanos. Quiere legitimar el uso de la fuerza para afrontar el repudio de una sociedad dispuesta a defender sus comunidades, su tierra, su suelo, sus aguas, su riqueza natural, su trabajo y sus libertades.

La perversidad del cártel del PRIAN es infinita porque además del control social tienen como propósito congraciarse con Donald Trump, al que tienen convencido de que México es un vecino dócil, con un gobierno dispuesto a entregarse a su política de Seguridad Nacional para proteger los intereses de las grandes corporaciones a costa de nuestros pueblos.

Tlatlaya, Ayotzinapa, Nochixtlán y Tanhuato son crímenes del régimen de la alternancia emparentados con los del régimen priísta, mismo que desapareció campesinos y torturó disidentes con su guerra sucia, el que mató estudiantes el 2 de Octubre de 1968 y el 10 de junio de 1971, ese que asesinó indígenas, responsable de las muertes de Aguas Blancas y de Acteal, al que Vargas Llosa definiera como la dictablanda.

Se endurece con el terror y el miedo sembrado por sus ejecuciones, desapariciones, torturas y violaciones. Son la dolorosa evidencia del Estado criminal que nos deja la alternancia sin democracia, esa ley es el camino a la dictadura.

El salinismo tiene en el PAN su instrumento de dominación, se consuma la transición entre el régimen priísta y el régimen de la alternancia. El PRI está sepultado por el triunfo salinista como proyecto económico, porque lo hizo claudicar su nacionalismo herencia de la Revolución mexicana.

Sólo que ya sabemos que existe algo peor que el PRI, conocemos al PAN, que es igual de corrupto pero nada más que mojigato, porque impone su moral conservadora. Para eso quieren la ley, para allanar el retorno del PAN contra la voluntad de los mexicanos. Desean repetir el escenario de la imposición, acompañada ahora del legítimo uso de la fuerza para acallar a un pueblo que se resiste a repetir la historia de muerte y miseria.

De esa miseria de la que ya no se puede huir con atravesar al otro lado, por eso, la unidad se da por recuperar el país que nos quitaron, por más que Peña realice faraónicos actos entre militares, sabemos que, como dice Andrés Manuel López Obrador, nunca más deben servir para reprimir al pueblo.

Tanto pueblo como soldado raso sabemos que la guerra contra el narcotráfico encierra obscuros intereses, que su guerra fracasó con cerca de 300 mil víctimas en lo que va del primer cuarto del siglo XXI.

Retomar el camino a la democracia lleva la condición de devolver a los militares a sus cuarteles, instaurar la honestidad como forma de gobierno y la justicia como elemental condición para sanar al país. Esa Ley debe desecharse y, de aprobarse, abrogarse. En su lugar ir a la raíz de los problemas, dejar de atacar consecuencias. Con morena esa es la esperanza, acabar con la corrupción y la impunidad.

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Académico; maestro en derecho por la UNAM; defensor de derechos humanos. Actualmente, activista del Movimiento de Regeneración Nacional. Hombre de izquierda con una militancia en el PRD, por el que fue diputado a la VI legislatura, electo por el distrito XXX de Coyoacán. Padre de dos hijos: Sahara de 6 años y Fidel de 2 años, casado con Sara Zuñiga.

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