Sin ningún tipo de tapujos ha expresado la juez Mercedes Alaya su opinión sobre el estado de la justicia en España: “Tenemos al poder político metido en el poder judicial”. La juez que investigó el caso de los ERE en Andalucía, ha acusado a los diferentes gobiernos que han pasado por el poder de convertir el Consejo General del Poder Judicial en un “miniparlamento” de políticos y cuotas.

En el acto en el que intervino la juez, organizado por la asociación Club Siglo XXI, Alaya denunció “el sistema al que están sometidos los fiscales, que tienen la obligación de obedecer”, y se dirigió al Gobierno de Pedro Sánchez para pedirle al futuro ministro de Justicia que “tome nota y refuerce la independencia judicial”.

No sólo eso, sino que la juez también le ha pedido a Sánchez y el nuevo Ejecutivo que, sin prisas pero sin pausa, aborde la modificación de la elección de los vocales del Consejo General del Poder Judicial para que no se decidan por criterios políticos. Entre el público asistente a la charla escuchaba Clara Martínez de Careaga, vocal del CGPJ a propuesta del PSOE y magistrado del Tribunal Supremo.

En una hora escasa, Alaya pasó revista al poder judicial y echó por tierra el sistema que se sigue para nombrar al fiscal general del Estado. “La Justicia está en una situación absolutamente deplorable”, denunció, poniendo sobre la mesa que en España “si interesa ahora perseguimos, si no, lo dejamos pasar”.

La instructora del caso de los ERE propone varias actuaciones para acabar con esa situación de injerencias del poder político en el judicial: que al menos 12 de los 20 vocales del CGPJ sean elegidos por los jueces y no por el Parlamento; autonomía presupuestaria del CGPJ para decidir los medios necesarios; un pacto de Estado por la Justicia que impida que los partidos políticos se puedan poner de acuerdo para no imputar a una persona por unos hechos cometidos, y que el Fiscal General del Estado sea elegido por las principales fuerzas políticas en lugar del Gobierno.

Alaya ha asegurado que durante los primeros meses en los que instruía en caso de los ERE sí se sintió “acompañada” por el CGPJ, cuando tenía una composición anterior a la actual, pero, una vez transcurrida esa primera época dejó de sentirse “arropada”. “No me he sentido arropada ni defendida por el CGPJ ni tampoco por el Tribunal Superior de Justicia, que era el que más titulares daba“, ha dicho.

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