Por enésima vez, el Gobierno de España confronta con el Ayuntamiento de Madrid. Esta vez ha sido la Delegada del Ejecutivo en la capital, Concepción Dancausa, quien hace dos requerimientos al consistorio madrileño en los que exige a la alcaldesa, Manuela Carmena, que anule los acuerdos plenarios para destinar 302 millones de euros del superávit municipal del año anterior a centenares de pequeños proyectos de obra pública dedicados a asfaltar calles, arreglar colegios, centros de mayores, reparar cementerios, y similares. El 43% de ese monto ya está en ejecución.
Es este otro episodio más de una serie que se repite desde 2016, cuando Hacienda solicita al mismo consistorio en un escrito dirigido a su Concejal de Hacienda, Carlos Sánchez Mato, la aprobación de un «acuerdo de no disponibilidad de crédito» por 17 millones y más información sobre su programa económico. A la par, le avisa de que la «falta de cumplimiento de esta obligación constituye una infracción muy grave» de la Ley 19/2013, que en la práctica supondría la destitución directa del edil.
La única pretensión del equipo de Gobierno de Ahora Madrid es hacer una gestión que repercuta en el beneficio de los madrileños que pagan sus impuestos. En esencia, intentan reinvertir los ahorros del Ayuntamiento en mejoras necesarias, “inversiones sostenibles”, como marca la Ley. Si no endeuda más a la Administración, que sigue pagando deuda; si no deja de pagar a ningún proveedor ni causa daño a terceros; si no aumentan los impuestos a la ciudadanía, ¿qué problema hay en reutilizar lo que el propio Ayuntamiento no gastó en el ejercicio anterior? Parece lo más lógico y responsable, sin embargo, el Gobierno central nos lo presenta como algo sancionable.
La deriva del Gobierno estatal en el control de las administraciones locales es tal que nos obliga a los cargos públicos si queremos gestionar en positivo para nuestras vecinas y vecinos a estar dispuestos a la inhabilitación o la cárcel.
Desde el pasado 1 de julio funciona en Valladolid Aquavall, la empresa pública en que se traduce el largo, dificultoso y complejo procedimiento de remunicipalización de la gestión del agua. No es aún una victoria definitiva porque se enfrenta a los recursos de la antigua empresa concesionaria, de la Confederación Vallisoletana de Empresarios (CVE), de la Asociación de Empresas Gestoras del Agua (AGA) y del Ministerio de Hacienda de Cristóbal Montoro, que fue el último en sumarse a la paralización del proceso a través de la Abogacía del Estado. Aquavall también se enfrenta a contestación de agentes económicos como la Cámara de Comercio e Industria de Valladolid, que consideran que la remunicipalización afecta negativamente a empresas locales y a los ciudadanos. Y por si fuera poco, dos días antes de la transmisión del servicio a la nueva empresa, entraron en vigor los Presupuestos del Estado con una disposición que limitaba la subrogación por parte de las entidades locales de trabajadores de empresas que finalizasen la concesión. Es decir, no faltan los agentes implicados que hablan de ilegalidad o cuestionan la situación actual de los trabajadores subrogados en la nueva empresa.
María Sánchez, concejala de Valladolid, ha demostrado con argumentos, a través de informes, que la gestión pública del agua resultaría más económica y eficiente, que permitiría a la Administración destinar los beneficios de dicha gestión a mejorar infraestructuras. Pero la deriva privatizadora de los últimos gobiernos ha llevado a un entramado legal que impide que las decisiones legítimamente adoptadas por los plenos de los ayuntamientos se puedan llevar a efecto. Hay que enfrentarse a las empresas gestoras que defienden sus beneficios económicos, al Gobierno de España que legisla en contra de la gestión directa y condiciona al Tribunal de Cuentas, las leyes y a los funcionarios municipales.
Por tanto, defender lo que está considerado como un derecho humano (cada persona debería disponer de agua suficiente, saludable, aceptable, físicamente accesible y asequible para su uso personal y doméstico) se ha convertido en una carrera de obstáculos que puede suponer grandes costes para los ayuntamientos y, por tanto, para sus ciudadanos.
Desde Izquierda Abierta ya lo hemos dicho muchas veces, los municipios son susceptibles de convertirse en motores económicos condicionantes del sector público, del modelo de desarrollo y del modelo social (me remito aquí a otro artículo que publiqué en este mismo medio, El adanismo, flaco favor para el municipalismo). Y como el Gobierno central, la derecha, lo sabe, no ceja en su empeño de evitarlo por todos los medios. Desde 2011, obstaculizar la financiación de las administraciones locales (más bien, caparla), y despojarla de todas sus capacidades de gestión, frente a la segunda descentralización constitucional que anhelamos, ha sido la obsesión de la tropa de Rajoy. El futuro de los ayuntamientos también pasa por echar al PP de la Moncloa y de las instituciones, es algo muy serio y cada vez más urgente.
