Galicia arde y patriotas significados del PP echan más leña al fuego. Borja Sémper, el portavoz de Génova en el parlamento de Euskadi, se dejaba las vísceras en un tuit a quemarropa: “Hoy es un día en los que ser cargo electo y educado me impide llamar hijos de puta a los que politizan la piromanía y el dolor”.

En la misma gama ultraderechista con olor a chamusquina tradicional, también en Twitter, esta vez mezclando caóticamente churras con merinas, González Pons, portavoz pepero en el Parlamento europeo, se manifestaba a calzón quitado con una calidez extremista embadurnada de rancio, cutre y casposo españolismo: Puigdemont, ¿has visto lo que pasa en Galicia? ¿Te duele? Hoy no tengo cuerpo para tus delirios. Entiende, España también somos los demás”.

Núñez Feijóo, a la sazón presidente de la Xunta de Galicia, en un tono más institucional, explicaba las razones de la actual ola de incendios forestales que asola tierras gallegas: terrorismo. Para el PP las causas últimas de cualquier evento político y social siempre se remiten a factores predecibles, o terrorismo o crisis económica o secesionismo… o Venezuela. Con estos cuatro valores o comodines toda culpabilidad reside en agentes externos. El PP y sus políticas quedan al margen de alguna responsabilidad en el devenir económico, social y político de España. Y los que piensen lo contrario o maticen sus aseveraciones dogmáticas son antisistema, antiespañoles o, potencialmente según la sugerencia taimada de Sémper, simplones hijos de puta.

Resulta curioso destacar que esa mayoría silenciosa cogida al mástil de la bandera rojigualda jamás se pronuncian ni por activa ni por pasiva por el robo de 60.000 millones de euros evaporados por la banca y graciosamente concedidos por Rajoy ni por la inconstitucional reforma fiscal para favorecer a los defraudadores de la elite decretada por Montoro. Cabría una sarta larguísima de más situaciones dramáticas (precariedad vital, pobreza, paro, desahucios, desigualdad creciente…) en la que esa muchedumbre nacionalista tímida y callada que da apoyo tácito al PP se ha guarecido en su egoísmo y en su trapo bicolor para mirar a otro lado y continuar en su guarida de confort doméstico.

Centrándonos en los incendios forestales, y politizando el asunto más allá de las emociones de rabia, dolor e impotencia que suscitan, es conveniente ser críticos con la realidad que quiere vendernos a toda costa en su discurso de supervivencia el PP. Sus manipulaciones son espesas y variadas. Declarando apresuradamente, sin esperar a investigaciones posteriores concienzudas, que casi todos los incendios son intencionados, rebaten cualquier posición o perspectiva que ponga en tela de juicio otros factores relevantes en la cuestión que estamos comentando.

El fuego es un negocio que mueve cientos de millones de euros, un nicho muy rentable para un sinfín de empresas. Hay siete que han mancomunado sus esfuerzos con el propósito repartirse el pastel de la extinción de las llamas en España y Portugal, un cártel del fuego en palabras de la policía judicial que está siendo investigado en la Audiencia Nacional por amañar contratos en concursos convocados por las administraciones públicas. O sea, en lenguaje sin tapujos, por presuntas prácticas criminales y corruptas. Esas firmas son Inaer, Faas, Avialsa, Espejo, Martínez Ridao, Trabajos Aéreos Extremeños y Cegisa. Más o menos, este conglomerado factura al año 300 millones de euros. Por comparación hay que resaltar que la contribución directa del Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente para la campaña de incendios forestales de alto riesgo del año en curso alcanza los 85 millones de euros, menos de un tercio de la facturación de las empresas que copan los primeros lugares en la lucha operativa contra los incendios. Es decir, el pastel para la iniciativa privada es suculento, mucho más allá de las firmas antes citadas ya que alrededor de esa elite existe una pléyade de empresas de menor tamaño que también se llevan su porción sabrosa de las arcas públicas. No hay cifras definitivas u oficiales para cuantificar el volumen de negocio total del sector.

En Galicia, los 23 parques comarcales de bomberos están en manos privadas, en concreto en el zurrón de tres mercantiles: Matinsa (Esther Koplowitz), Veicar y Natutecnia. Las privatizaciones comenzaron en la era Fraga y han dejado la extinción de incendios en pañales. Según las recomendaciones de la Unión Europea lo ideal sería que hubiera un bombero por cada 1.000 habitantes; en Galicia esa relación es de uno por cada 3.000 habitantes. Harían falta 1.800 bomberos más en plantilla para cumplir con las indicaciones de Bruselas.

El negocio es más que apetitoso. Sin un fuego vivo o avivado por múltiples circunstancias, las empresas de extinción, valga la paradoja, entrarían en receso o casi se extinguirían. Es la ley de la selva capitalista.

Estas sucesivas privatizaciones están siendo muy onerosas para el contribuyente. Siguiendo diversas estimaciones de expertos en la materia, un puesto forestal de vigilancia gestionado por la una empresa nos sale al mes por unos 6.300 euros. Si esa función la llevara a cabo el sistema público el coste bajaría a 3.500 euros. Los números hablan por sí solos.

No obstante, escarbando en las uñas neoliberales de privatización a ultranza hay más. Los gastos de extinción de un incendio forestal pasan una factura de alrededor de 60.000 euros diarios si las labores de apagar el fuego están contratadas a un servicio privado. El empleo de helicópteros o hidroaviones supone un esfuerzo económico de entre 3.000 y 6.000 euros por hora. Un dineral que duele.

Aunque exista el riesgo de caer en el club maléfico de los hijos de puta antipatriotas merece la pena documentar la opinión personal y colectiva para saber qué provoca, accidental o intencionalmente, los incendios forestales en nuestro país. Y el asunto de la intencionalidad por tramas fantasmagóricas no está nada claro.

Datos estadísticos del propio Ministerio de Agricultura recogidos en las dos décadas precedentes muestran que la inmensa mayoría de los incendios forestales, por encima del 95 por ciento, prenden y se desbocan por negligencias del ser humano o dicho de otra manera son provocados accidentalmente. El 55 por ciento brotan de fuegos que se descontrolan por labores derivadas de actividades agrícolas o ganaderas. Solo un 4 por ciento obedecen a conductas irregulares catalogadas como venganzas, represalias o prácticas vandálicas. Un 6 por ciento se atribuyen a pirómanos diagnosticados con alguna patología mental. Y como curiosidad, reseñar que un 3 por ciento de los incendios estudiados tiene su origen en colillas mal apagadas por fumadores inaprensivos. En resumen, intencionalidad humana como tal solo puede imputarse a uno de cada 10 incendios, si bien sería necesario atemperar este porcentaje porque más de la mitad de esa supuesta intención dañina correspondería a sujetos con alteraciones psíquicas.

Por tanto, la osadía de Núñez Feijóo de buscar culpables con nombres y apellidos no está avalada por la estadística. Más bien, con esa presunción apresurada de buscar criminales en los rescoldos aún humeantes únicamente pretende un objetivo político: que el chivo expiatorio de turno tape las carencias en medios y las erráticas políticas públicas de su gobierno.

Para WWF, Fondo Mundial para la Naturaleza, la prevención es la medida más sabia para contener o impedir los incendios en el monte, prevención durante todo el año y no a base de periodos cortos e intensivos de trabajo puntual. Estas labores anticipatorios deberían contemplar clareos de los bosques, podas selectivas de ramaje, realización de cortafuegos eficaces y quemas de rastrojos en invierno.

Pero además de las causas inmediatas, hay otras de carácter estructural que ameritan una atención social de largo recorrido. La primera sería la constatación de que el cambio climático es una verdad científica incontestable: nuestra forma de producir y consumir está viciando el planeta y calentando su superficie hasta cotas más que preocupantes: los veranos son cada vez más largos y calurosos. También merece una especial relevancia la despoblación rural con el abandono de los montes y los hábitats naturales. La cultura urbana se está olvidando de sus cavernas prehistóricas y de la naturaleza que le rodea y de la cual subsiste.

Como corolario asimismo sería interesante recordar que hace escasos días el PP votó en contra en el Senado de una modificación crucial a propuesta del PSOE y Podemos a la vigente ley de Montes de 2003 varias veces enmendada desde entonces. Una de esas enmiendas permite a las comunidades autónomas una discrecionalidad bien calculada por sus mentores: les dota de competencias para legislar con autonomía y aminorar el plazo de 30 años para que no se pueda edificar en suelos calcinados por el fuego, sobre todo en litorales marítimos o en las proximidades de grandes ciudades. La negativa de los populares de Rajoy es un síntoma o signo que permite sospechar de sus intenciones ocultas. Las sospechas, unas con fundamento y otras no tanto, que levantan los incendios forestales por conductas de interés particular señalan al sector urbanístico, a las industrias de la madera y el papel y a las ya mencionadas empresas de extinción. Tanto incendio no parece ser cosa de pasajeras locuras humanas; demasiado humano para ser verídico.

No sabemos si los ciudadanos que han salido altruistamente a la calle cubo en ristre para apagar llamas ajenas serán patriotas genuinos o hijos de puta radicales o izquierdistas. El maniqueísmo de algunos próceres del PP nos aboca a una realidad de buenos y malos, y los buenos, por supuesto, siempre son ellos. Y esta realidad manipulada vista en dos bandos opuestos e irreconciliables le rinde a la derecha grandes beneficios electorales y mediáticos. Toda complejidad reducida al absurdo crea escenarios virtuales que desfiguran los auténticos conflictos sociales y políticos. Y de esto se trata para el PP: de que las palabras distorsionen los hechos para que los hechos se diluyan en la fugacidad de las palabras. Sin la tergiversación sistemática, ¿qué sería del PP? Sin pobres, ¿qué sería de las religiones asistenciales y doloristas? Y sin llamas forestales, ¿qué sería del pingüe negocio de la extinción de fuegos? No hay objeto sin sujeto ni sujeto sin objeto.

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Guionista, Copy, Analista Político, Escritor. Autor de los siguientes libros: ¿Dónde vive la verdad? (2016, Editorial Seleer), De la sociedad penis a la cultura anus: reflexiones anticapitalistas de un obrero de la comunicación (2014, Editorial Luhu)), Pregunta por Magdaleno: apuntes de viaje de un líder del pueblo llano (2009, Ediciones GPS) y Primera crónica del movimiento obrero de Aranjuez y surgimiento de las comisiones obreras (2007, Editorial Marañón). Más de 25 años de experiencia en el sector de la comunicación.

3 Comentarios

  1. Pero aqui,es este pais de zombis,no pasa nadaaaa…ah,bueno,si,que los catañanes,los mas cultos y europeos de la peninsula iberica,es quieren independizar del pais de zombis!!

  2. Mafiosos utilizando la patria para llenarse los bolsillos. Incumplen la ley, la hacen a su gusto y les dicen a los demás que la cumplan. España tiene lo que se merece. Por batatas. A ver si después de todo lo que ha pasado vuelven a salir. Sería de psiquiátrico.

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