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Los mercados frenan la sentencia del Supremo que obliga a pagar los gastos hipotecarios a los bancos

Los magistrados de la Sala de lo Contencioso Administrativo se reunirán en las próximas semanas para revisar la resolución judicial y decidir si dan marcha atrás y hace recaer los impuestos de nuevo sobre los compradores de las viviendas

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análisis

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Menos de un día después de la sentencia del Tribunal Supremo que declara a los bancos responsables del pago de impuestos que generan las hipotecas, este órgano judicial ha convocado un pleno especial para estudiar si sigue adelante con la medida o por el contrario vuelve a la jurisprudencia anterior a la resolución, cuando los gastos corrían exclusivamente por cuenta de los clientes. Estamos por tanto ante un nuevo parón en seco a una medida que ayer se antojaba progresista y que hoy podría quedar en papel mojado.

Tras conocerse la sentencia ‒de la que ha sido ponente el magistrado Jesús Cudero‒, algunos banqueros mostraban con la boca pequeña su total desacuerdo con el hecho de que sean las entidades financieras las que tengan que hacer frente a un desembolso que se antoja de proporciones gigantescas. La respuesta inmediata fue una fuerte caída de la Bolsa. Tales reacciones, casi en forma de represalias, han hecho recapacitar al Poder Judicial. El mensaje directo de los mercados ha sido rotundo y ha surtido efecto: la sentencia afecta a 8 millones de compradores y los bancos tendrían que devolver un inmenso capital, miles de millones de euros cobrados indebidamente por la aplicación del llamado Impuesto de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados. De ahí que el Supremo haya decidido echar el freno de mano a los recursos que aún quedaban pendientes por resolver y convocar una reunión de magistrados para estudiar con más calma la cuestión y decidir qué hacer. El embrollo está servido. Alguien en la cúpula judicial, si no en la cúpula financiera, ha decidido que la sentencia es demasiado peligrosa para aplicarla alegremente porque podría poner en peligro la economía del país y de paso los privilegios de las entidades bancarias, blindados desde hace décadas. Es la excusa perfecta de siempre: cualquier medida que vaya a favor de los intereses de los ciudadanos y en contra de las oligarquías económicas de este país es una afrenta intolerable contra el sistema. Ya ocurrió en el caso de las preferentes, donde miles de ahorradores han perdido su dinero sin que tengan opción a recuperarlo. Y en el caso del Banco Popular, donde organismos europeos niegan el derecho a la defensa efectiva de los afectados porque darles acceso a la documentación y devolverles el patrimonio (más de 10.000 millones de euros) pondría en serio peligro la estabilidad financiera y presupuestaria de la Eurozona.

Pero al margen de interpretaciones sobre cuestiones jurídicas complejas, la decisión de reunir a 31 magistrados de una Sala para que debatan (y en su caso revoquen) una jurisprudencia que ha dado lugar a una sentencia firme supone un procedimiento cuanto menos inusual. Expertos en derecho consultados por Diario16 aseguran que no suele algo habitual que una sentencia dictada por un tribunal independiente sea objeto de anuncio de revisión por un Pleno de la Sala apenas un día después de haber sido notificada. Estamos por tanto ante una decisión que puede ir más allá de cuestiones estrictamente judiciales. ¿Quién ha dado la orden de revisar esa sentencia y la nueva jurisprudencia? ¿En base a qué intereses? ¿Ha habido presiones externas para reconsiderar una resolución que podría aliviar la pesada carga hipotecaria que soportan esos millones de españoles que compran una vivienda cada año?

Por su parte, la asociación de consumidores Facua ha recibido ya una avalancha de peticiones de clientes de bancos que reclaman información sobre los trámites a seguir para reclamar el dinero que les pertenece en aplicación de la sentencia. Según la organización, el dinero debería reclamarse a la Hacienda autonómica si se abonó hace no más de cuatro años y a los bancos si se hizo antes. “La asociación seguirá batallando en los tribunales si las entidades financieras no lo devuelven”, asegura un comunicado de prensa de Facua.

Según ha podido saber Diario16, decenas de consumidores de toda España están acudiendo a las oficinas territoriales de la asociación y llamando a su teléfono 688 954 954 para conocer cómo pueden reclamar la devolución del impuesto de las hipotecas. “A día de hoy, casi 25.000 hipotecados se han unido a Facua para asesorarse y defender sus derechos ante los distintos fraudes hipotecarios en los que ha incurrido la banca, fundamentalmente la cláusula suelo y la imposición del pago de gastos de formalización que corresponden a las entidades financieras, como la tasación, la gestoría y el impuesto de actos jurídicos documentados”, informa la organización. Para recibir asesoramiento en este sentido, los usuarios pueden inscribirse a través de la web Facua.org/hipotecastrampa. Facua solicita a las Haciendas autonómicas que establezcan protocolos de devolución automática de las cantidades abonadas por estos impuestos a los usuarios que las pagaron en los últimos cuatro años. Por otro lado, la asociación insta a los bancos a que actúen con responsabilidad y procedan a reembolsar estos importes a los hipotecados que los abonaron antes de 2014. De no ser así, la organización seguirá batallando en los tribunales para que los usuarios recuperen estas cantidades.

La sentencia dictada ayer determina que no es el comprador de la vivienda el sujeto pasivo del impuesto sobre las escrituras notariales de préstamo con garantía hipotecaria (como sucedía hasta ahora) sino la entidad que presta la suma correspondiente. El Tribunal Supremo, en su cambio de criterio, tiene en cuenta que el negocio inscribible es la hipoteca y que el único interesado en la elevación a escritura pública y la ulterior inscripción de aquellos negocios es el prestamista, es decir el banco, que solo mediante dicha inscripción podrá ejercitar la acción ejecutiva y privilegiada que deriva la hipoteca.

La sentencia anula un artículo del reglamento del impuesto (que establecía que el prestatario es el sujeto pasivo del impuesto) por ser contrario a la ley. En concreto, se trata del artículo 68.2 de dicho reglamento, aprobado por Real Decreto 828/1995, de 25 de mayo.

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4 COMENTARIOS

  1. Pobrecito del banquero que no le llega el dinero
    Cuando son ellos » puede haber graves repercusiones »
    cuando es la gentre » han vivido por encima de sus posibilidades»
    los banqueros y las electricas parece que nunca han vivido por encima de sus posibilidades
    ¿ o si ? ah! que les han regalado dinero…¿ y a la gente ? nnnooooo
    COMETE UN ESPECULADOR Y A SU JUEZ, MEJOR ECHALO AL COMPOS A VER SI TE VAS A MORIR

  2. La justicia es igual para todos, menos, este, el otro, el de mas allá e infinidad de gentes, muchos de ellos de mal vivir, corruptos, estafadores, honrados indecentes, peces gordos, amigos de, familiares del otro, así nos va

  3. Ilusos. Os creéis que es posible la existencia de democracia fuera de pequeñas, ínfimas, burbujas aisladas que luchan para no ser fagocitadas. El esperpento reina día a día a nuestro alrededor y ya lo hemos admitido como familiar. Nos creemos los resultados de votaciones a las que se presentan partidos sustentados por el poder económico, jueces que son elegidos por esos partidos, y ciudadanos votantes que digieren con placer esta «separacion» de los poderes legislativo, ejecutivo y judicial. Bueno, si nos portamos bien iremos al cielo donde seremos felices para siempre.

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