Los analistas políticos ponen en duda las informaciones publicadas este martes en el sentido de que España podría llegar a ser multada con 5.000 millones de euros si antes del 15 de octubre no ha puesto en marcha la maquinaria parlamentaria para aprobar unos presupuestos para 2017. Dicen que “habría que ver cómo reacciona Bruselas en el caso de que se tengan que volver a repetir las elecciones. Desde luego no muy positivamente, pero tampoco sancionando”. Es una circunstancia atípica que no ha sucedido en ningún otro país miembro. Es cierto que Bélgica estuvo un año con un gobierno en funciones, pero su déficit no había excedido el límite establecido por la Unión Europea. En España la cosa es diferente.
Por primera vez en la historia de la eurozona, este país y el vecino Portugal han sido expedientados por incumplimiento del programa de estabilidad. Es decir, por haber sobrepasado el límite de déficit público establecido para 2015. Al final, dicho expediente terminó sin consecuencias sancionadoras pero con la advertencia de que se debería proceder a un ajuste presupuestario de 15.000 millones para 2017. Un ajuste que debe reflejarse en el proyecto de Ley de PGE a presentar para su aprobación parlamentaria antes del 15 de octubre.
En el supuesto de que para esa fecha sigamos con el gobierno en funciones, no habrá más remedio que prorrogar los presupuestos actualmente vigentes. “Se puede resolver el asunto de la revalorización de las pensiones y el de la subida de los sueldos de los funcionarios”, señalan los analistas. “Pero lo que será difícil es proceder a un ajuste sin haberse establecido con anterioridad un techo de gasto”, advierten en Hacienda.
Y si eso es así, se corre el riesgo de multa. En esta ocasión, incumplimiento de incumplimiento, por lo que ya no será el 0,25 del PÎB, sino el 0,50%. Además, hay que añadir la posible congelación de los 1.100 millones de los fondos estructurales. En total, 6.100 millones.
Un portavoz de la Comisión Europea ha manifestado que, a la vuelta de las vacaciones, se estudiará la adopción de este tipo de medidas “sobre todo la congelación de los fondos estructurales”. Antes que nada “se efectuará una consulta al Parlamento Europeo”, consulta que no tendrá carácter vinculante, según matiza este mismo portavoz.
Además, existe la posibilidad de llevar a cabo “una supervisión reforzada mediante misiones de la Comisión a las que se puede invitar al Banco Central Europeo”. En otras palabras, una vuelta de los llamados hombres de negro -como en la etapa del rescate bancario- para verificar que se toman medidas efectivas para controlar el déficit.
Claro está, todo este escenario un tanto “apocalíptico” sucedería en el peor de los escenarios posible. Que el 15 de octubre no se hubiesen adoptado iniciativas para cumplir con el mandato de Bruselas. “Existen muchas posibilidades de llegar a un acuerdo si se produce una situación excepcional”, comentan en la oposición parlamentaria.
A pesar de ello conviene no olvidar la existencia de ese compromiso y las consecuencias que puede acarrear su incumplimiento.
