Manifestación contra ETA en la calle Buenos Aires de Bilbao.

Los dos etarras responsables del atentado de la T-4 en el Aeropuerto de Madrid, Igor Portu y Martin Sarasola tienen una deuda con los familiares de las victimas, con el Estado Español y con el Consorcio de Compensación de Seguros. Por esto, España no tendrá que responder a la indemnización de 50.000 euros impuesta por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos.

El Tribunal Europeo de Derechos Humanos, reclama a España una indemnización por presuntos malos tratos recibidos durante su traslado al cuarte de Intxaurrondo. No es la primera vez que se analiza lo sucedido en la detención de Igor y Martin. En el año 2010, la Audiencia de Guipúzcoa condenó a cuatro de los guardias civiles que fueron juzgado en San Sebastian por “torturar” a ambos detenidos. Sin embargo, el Tribunal Supremo revocó la decisión de la Audiencia de Guipúzcoa alegando que “la inmensa cantidad de golpes y agresiones de todo orden no constatados que dicen haber recibido pueden responder a las instrucciones orgánicas recibidas por los terroristas, de cumplimiento imperativo”.

Por aquel entonces, Rubalcaba como portavoz del gobierno de España y Ministro del Interior fue defensor de la versión ofrecida por la Guardia Civil. Desde su punto de vista, esta en el “manual” de los etarras declarar haber sufrido torturas y confía en que éstas no se produjeron ya que los padres de Sarasola declararon que su hijo “se encontraba bien” durante el registro del domicilio.

Ahora, después de que la Audiencia Nacional, sentenciara a Martin Sarasola e Igor Portu a 1.040 años de cárcel y a indemnizar por los daños causados, el TEDH ha criticado a la Corte Suprema de España por no investigar en profundidad los detalles de las acusaciones y ha pedido a España indemnizar a los dos etarras responsables de volar la T-4 en el año 2006.

El ministerio de Justicia, Rafael Catalá, ha querido subrayar que la sentencia del TEDH dice que “no ha habido torturas” sino otro tipo de situaciones que “justifican las indemnizaciones”. Asimismo, ha reconocido “el funcionamiento del sistema institucional, la garantía de los derechos y la tutela judicial de todos, incluso de criminales condenados por delitos graves”.

Por un lado, los dos etarras están obligados a indemnizar “solidariamente”, entre otros, a los padres y hermanos de los fallecidos en 500.000 euros en cada caso; al Estado en las cuantías satisfechas por la Subdirección General de Ayuda a Víctimas del Terrorismo de 1.169.002 euros y finalmente al Consorcio de Compensación de Seguros con 41,6 millones de euros. Por otro lado, el TEDH entiende que España vulneró el Articulo 3 que prohíbe la tortura y el fallo insta al Estado a indemnizar con 30.000 euros a Portu y 20.000 euros a Sarasola.

Los terroristas fueron condenados a pagar más de 46 millones en indemnizaciones. Este hecho supone que probablemente la justicia española bloqueará la indemnización para restarla de la deuda.

Sin embargo, para Estrasburgo las lesiones son más que demostrables. España ha sido condenada por el TEDH hasta en nueve ocasiones desde el 2004, por casos de malos tratos relacionados con miembros del grupo terrorista ETA o por falta de rigidez en la investigación

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