La creación del sindicato de trabajadoras sexuales APROSEX fue un traspié para el autodenominado gobierno feminista de Pedro Sánchez, cuya ministra de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social, Magdalena Valerio, reconoció que le habían metido “un gol por la escuadra” porque no había dado visto bueno al sindicato. Una situación de limbo en el que existen pero podrían desaparecer, y que ha provocado una carta abierta del lobby de trabajadoras europeas a Sánchez.

Se trata del Comité Internacional sobre los Derechos de los Trabajadores Sexuales en Europa (ICRSE), que representa a más de 100 organizaciones que colaboran con trabajadores, y trabajadoras sexuales, además de trans dedicados al comercio carnal, en 31 países de Europa y Asia Central. El anuncio del Gobierno de tumbar la constitución del sindicato Organización de Trabajadoras Sexuales (Otras), cuya resolución fue publicada el pasado 4 de agosto en el BOE, ha sido duramente criticado por esta organización.

Tal y como recoge La Celosía, en la carta de protesta se le explica al presidente como “mientras que los gobiernos europeos pueden tener una opinión diferente sobre la prostitución o el trabajo sexual, nos sorprende profundamente ver que el nuevo gobierno socialista de España está tratando de anular la unión de las trabajadoras sexuales. Hasta donde sabemos, el único otro país de la región que ha rechazado el derecho de auto sindicalización de los trabajadores del sexo es Rusia”.

Una comparación nada favorecedora teniendo en cuenta los continuos incidentes internacionales que Rusia tiene con otros países, y las constantes noticias de violaciones de derechos que llegan desde el país eslavo.

Desde Aprosex denuncian que “estamos viendo pisoteados nuestros derechos”, y señala la injusticia de “un gobierno que se declara feminista, pero que intenta impedir a toda costa que un grupo de mujeres españolas y migrantes se auto-organice y tenga mejores herramientas legales para luchar contra las condiciones abusivas de los empresarios”.

A favor de la creación del sindicato y su aprobación por el Gobierno, el lobby europeo ICRSE plantea un argumento sencillo y contundente: “las y los trabajadores sexuales en España, como en muchos países de Europa y en el mundo, se encuentran entre los miembros más marginados y discriminados de la sociedad que sufren altos niveles de violencia y violaciones de los derechos humanos”. Una situación que un sindicato, defienden, ayudaría a paliar en gran medida.

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