Existe en la vida pública española un esfuerzo ritual y narcótico para que los graves espacios de tensión que padece el país sean diluidos por el simple gesto de proclamar su inexistencia negando las causas de su eclosión. Proclamar la inexistencia de lo que políticamente contradice e incomoda al orden establecido o la futilidad o perversión de su realidad, es una actitud gaznápira y soberbia, como un almotacén que no admite más medidas que las que él perita, por ese exceso de confianza que produce concebir el régimen de poder de forma irreversible debido a su constitución como naturaleza de las cosas al que sólo se le pueden oponer, por tanto, artificios fuera de lugar y tiempo, sin apreciar que la naturaleza también es estiércol.

El malestar cívico causado por las terribles agresiones sociales y políticas inflingidas a las mayorías sociales, la corrupción generalizada como lubricante del sistema político-económico, la desigualdad galopante, la oligarquización de las organizaciones partidarias y la percepción de amplios sectores de la ciudadanía de la carencia de alternativas reales de gobierno, han colocado al régimen del 78 en una situación crítica, con grave deterioro de credibilidad y profundo desprestigio. El atrezzo que convertía la reflexión en consigna, el pacto en complot, la comunicación en eslogan, ha caído estrepitosamente, generando una desafección al orden establecido propiciadora de nuevas propuestas políticas, sociales y territoriales que, pese a sus diferentes contextos, tienen un objetivo común: otra distribución de poder.

Pero el régimen de poder es intocable y es curioso como se pretende disuadir tanto a los soberanistas catalanes como a los nuevos movimientos políticos y sociales argumentando que sus aspiraciones no son negociables ni tienen cabida en el sistema cuando la expansión de dichos movimientos se debe precisamente a que sus propuestas no son negociables por parte del poder establecido ni tienen cabida en el régimen y por eso demandan un cambio en el equilibrio de poder. Es decir, se pretende terminar con un problema enfrentándolo a la causa. El sometimiento del poder político a las minorías dominantes es tan extenso y grosero que ha inhabilitado la capacidad de la política institucional para remendar los desgarros que este desequilibrio causa en la sociedad. Las apelaciones a la ley y el orden o a un tímido reformismo no tienen ya crédito entre la ciudadanía y, por tanto, mantenerse en esos ámbitos de acción política no puede ser causa sino de aguda decadencia.

El malestar de la gente ha desmontado la tramoya que daba aliento a los matices de una misma política como alternativas, quedando al aire, sin disfraz ni mortaja, la influencia sin límites de las élites usufructuarias de un régimen de poder que ha vulnerado la centralidad democrática de la ciudadanía, empobrecido y marginando a las clases populares, desmontado la cohesión social y recentralizado el Estado. No deja de ser una ingenuidad, aunque autoritaria y dolosa, por parte de la clase dirigente creer que la solución a los problemas es aplicar la antífona fernandina de que todo vuelva a su anterior estado, pensando que la mauvaise foi, el autoengaño social del que nos hablaba Sartre, facilitará las cosas. Porque nada volverá a ser igual.

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