La empresas públicas españolas suspenden en transparencia a la hora de facilitar sus datos económicos al ciudadano.

Un informe de Transparencia Internacional-España (TI) revela que el nivel de transparencia de las 45 grandes empresas públicas españolas es “manifiestamente mejorable”, según un comunicado de esta organización no gubernamental dedicada a combatir la corrupción. El estudio sirve para comprobar que cuando un ciudadano quiere saber en qué se gastan su dinero las grandes multinacionales de nuestro país suelen encontrarse con una serie de trabas burocráticas que lo impiden y que arrojan dudas sobre la limpieza en la gestión. Además, confirma por qué algunas de las grandes empresas españolas de gestión pública se han visto salpicadas por sonados casos de corrupción en los últimos años.

El informe revela que las empresas públicas españolas analizadas –cuya propiedad y control pertenecen mayoritaria o totalmente al Estado–, obtienen una nota media general de 45,3 sobre 100, por lo que no llegan al aprobado y necesitarían “aumentar su actual nivel de apertura informativa y rendición de cuentas a la sociedad española”. El análisis ratifica otro informe anterior elaborado por la misma organización en el año 2017, y que apunta que nuestro país obtiene el peor resultado desde 2009 en el índice de percepción ciudadana de la corrupción.

En total, las empresas públicas sometidas a estudio acumulan un volumen de facturación global de 25.000 millones de euros –el 2,3% del PIB español y el 98% del sector público estatal–, con una inversión total en activos de 227.000 millones de euros (un 22% del PIB). “Un volumen ingente de recursos públicos que hace necesario un mayor y mejor conocimiento por parte de la ciudadanía de lo que hacen, gastan, e invierten estas grandes empresas españolas, que cuentan en conjunto con cerca de 140.000 trabajadores”, asegura el informe de los especialistas en corrupción de TI-España.

Entre las que aprueban están el Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial, ADIF, ICO, AENA, Renfe y Correos, mientras que suspenden RTVE, Hunosa, Casa de la Moneda y Paradores de Turismo

A nivel de valoración global la puntuación media general de estas 45 empresas queda “por debajo del aprobado, con una puntuación de 45,3 sobre 100”. Solo 19 compañías públicas estudiadas (un 42%) superan los 50 puntos sobre 100, suspendiendo por tanto las restantes 26. La empresa que ha obtenido una mayor puntuación hasta alcanzar el “notable” ha sido el CDTI (Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial), con 74,2 puntos, seguida de ADIF, con 73,3. Ingeniería y Economía del Transporte (72,5) también sale bien parada, ya que consigue la misma calificación de notable. Entre las peor valoradas en transparencia global está Hunosa (36,7), RTVE (35,8), Fábrica Nacional de Moneda y Timbre-Casa de la Moneda (35,8), Acuamed (33,3), Sociedad Estatal de Gestión Inmobiliaria de Patrimonio-Segipsa (28,3), Paradores de Turismo España (25) y Entidad Pública Empresarial de Suelo (18,3).

Por debajo en la tabla hay trece empresas que obtienen una puntuación de “bien” (entre 60 y 70 puntos), entre las cuales figuran empresas tan significativas como ICO, AENA, RENFE o Correos. Otras tres compañías públicas obtienen una puntuación de solo “aprobado”, mientras que entre las que no llegan al suficiente hay seis empresas que obtienen un suspenso alto (puntuación igual o superior a 40), nueve con una puntuación superior a 30, y once que obtienen puntuaciones inferiores a ese índice. “El nivel de dispersión entre las puntuaciones finales ha sido muy alto, ya que entre la primera y la última empresa del ranking hay una diferencia de casi 60 puntos porcentuales”, asegura el informe de TI.

Pese a los malos datos, Transparencia Internacional destaca el “notorio nivel de mejora que han experimentado un buen número de empresas públicas durante el período de evaluación de las mismas, esto es, desde el momento en que se envió el cuestionario con la evaluación provisional por parte de la organización hasta la fecha en que las empresas han podido remitir finalmente los cuestionarios debidamente cumplimentados”. Concretamente, la puntuación media inicial de estas empresas era de 28,6 sobre 100, mientras que la puntuación definitiva ha sido de 45,3, nota media final que en todo caso resulta “claramente insuficiente”, al no llegar al aprobado, y por ello “manifiestamente mejorable” de cara al futuro.

Por áreas públicas analizadas las que quedan más cerca del aprobado son “Relaciones con la sociedad, usuarios y calidad de servicios”, cuya puntuación media alcanza una puntuación de 49,7; área de “Transparencia en las contrataciones y convenios”, que logra una valoración media de 49,3; e “Información sobre la Empresa”, con una puntuación de 48,6, de modo que tampoco aprueba. Más abajo aún en el listado queda el área de “Transparencia económico-financiera”, con una puntuación de 44,0, mientras que las dos áreas que presentan deficiencias más acusadas son “Derecho al acceso a la información”, que obtiene una puntuación media de 36,1, y “Prevención de la corrupción y cumplimiento de transparencia y buen Gobierno”, que solo alcanza una media de 30,6 sobre 100.

“Es importante en todo caso recordar que en este índice, lo mismo que en otros índices de transparencia que elabora TI-España, sólo se valora si la información requerida está o no disponible para el público, pero no se evalúa la calidad de la información ni tampoco la calidad de la gestión de las empresas”, asegura el informe.

Según los encuestadores, el índice de transparencia tiene una “finalidad positiva”, por lo que TI-España pretende “poder impulsar una progresiva mejora de la transparencia y la apertura informativa del conjunto de las mayores empresas públicas estatales, las cuales lideran el sector público empresarial de este país”.

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