Las ayudas por la sequía, según CCOO, sólo beneficia a Andalucía y Extremadura, curiosamente dos comunidades autónomas gobernadas por el PSOE.

El Gobierno del PP, aprovechando la tramitación legislativa de una ley de medidas urgentes para hacer frente a la pertinaz sequía que azota a importantes zonas del país, solo ha tomado una decisión para los trabajadores y trabajadoras cuenta ajena del Sistema Agrario de la Seguridad Social. Reduce el requisito de jornadas mínimas trabajadas para acceder al subsidio y renta agraria, una medida que solo beneficia a las comunidades autónomas de Andalucía y Extremadura, denuncia CCOO.

Este sindicato valora positivamente la decisión del Gobierno de reducir el requisito de jornadas mínimas cotizadas pero lamenta que, una vez más, discrimina a los trabajadores y trabajadoras afectados por la sequía que no son de Extremadura y Andalucía.

 

Responsabilidad

El sindicato quiere dejar claro que el Gobierno es el único responsable político de que a miles de trabajadores y trabajadoras cuenta ajena de quince comunidades autónomas del Estado, se les excluya del derecho de cobro de subsidios asistenciales, al tener bloqueada la disposición final cuarta de la ley de integración de los trabajadores cuenta ajena del REASS en General de la Seguridad Social desde enero de 2012. También se les niega el derecho a acceder a las medidas por las pérdidas de empleo por la sequía.

Para CCOO resulta escandaloso que el Gobierno, el Ministerio de Agricultura, Pesca, Alimentación y Medioambiente y varias comunidades autónomas como Murcia, País Valencià, Castilla y León, Aragón y Catalunya, entre otras, admitan importantes pérdidas de empleo como consecuencia de la sequía y solo contemple ayudas para los trabajadores y trabajadoras cuenta propia. Excluye a un tercio de los afectados en estas comunidades autónomas.

Para CCOO está ley está elaborada pensando solo en los trabajadores y trabajadoras cuenta propia y desde una visión estrecha de la realidad social del conjunto del sector agrario. CCOO lamenta que sistemáticamente el Gobierno viene obviando una realidad tal papable, como es, la existencia de más de 800.000 asalariados y asalariadas agrícolas cuenta ajena.

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