En un auto, la magistrada hace suyo el informe de la fiscalía, que había instado el rechazo de la querella, y concluye que la construcción de las instalaciones “no responde a una idea aislada ni peregrina, sino que fue acorde con una política desarrollada en la explotación y suministro de gas, previamente planeada (desde el año 2002), antes incluso de que los querellados accedieran a sus cargos” y que “con los años se comprobó deficitaria“.

Añade la magistrada que la querella no expone que las resoluciones adoptadas por los ministros del PSOE y del PP en las distintas fases del procedimiento, se hayan adoptado al margen del procedimiento establecido. “Tampoco parece que la actuación de los querellados estuviera guiada por un afán de perjudicar los intereses de la Administración” con “resoluciones injustas, arbitrarias o manifiestamente contrarias a la ley. Por el contrario, su actuación fue razonada y documentada”, dice el auto.

Ante ello, señala Lamela, afirma en el AUTO que no puede estimarse cometido el delito de prevaricación, ya que conforme a la jurisprudencia, “solo se comete cuando se adopta en un asunto administrativo una resolución que sea injusta, no en el sentido meramente ilegal o contraria a Derecho, sino patente y clamorosamente opuesta al ordenamiento jurídico”, y que el agente del hecho obre con clara conciencia de la arbitrariedad, algo que “conforme a lo expuesto, no acontece en el supuesto examinado”.

 

Fracking

El Fracking es una técnica que permite extraer el llamado gas de esquisto, un tipo de hidrocarburo no convencional que se encuentra literalmente atrapado en capas de roca, a gran profundidad. Después de perforar hasta alcanzar la roca de esquisto, se inyectan a alta presión grandes cantidades de agua con aditivos químicos y arena para fracturar la roca y liberar el gas, metano. Cuando el gas comienza a fluir de regreso lo hace con parte del fluido inyectado a alta presión. La fracturación hidráulica no es nueva. En el Reino Unido se utiliza para explotar hidrocarburos convencionales desde la década del 50. Pero sólo recientemente el avance de la tecnología y la perforación horizontal permitió la expansión a gran escala del fracking, especialmente en EE. UU., para explotar hidrocarburos no convencionales.

En España, un informe oficial confirmó la “relación directa” entre los 512 seísmos que se registraron en septiembre del 2013 en el entorno del proyecto Castor y la inyección de gas en este almacén submarino, situado frente a las costas de Vinaròs (Castellón). El Instituto Geográfico Nacional (IGN), uno de los dos organismos públicos a los que el Ministerio de Industria pidió un estudio detallado sobre las causas de los temblores, concluyó: “Todo indica que la sismicidad inducida es resultado de la actividad de inyección de gas”. La población de la zona percibió 15 de esos terremotos. El Gobierno ordenó el cese de la actividad el 26 de septiembre, tras los primeros dos centenares de seísmos.

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