El atentado contra Nicolás Maduro ha incrementado la tensión en Venezuela. Se ha producido un cruce de acusaciones respecto a su posible autoría que llevan a la conclusión de que, en sí, el intento de magnicidio es una grave torpeza política. El uso de la violencia siempre conlleva la pérdida de la legitimidad de las causas por las que se lucha.
Por un lado, tenemos al propio Maduro que no ha dudado en acusar a distintos gobiernos, entre ellos Colombia y Estados Unidos, de estar detrás del atentado. Si esto fuera así, esos países habrían cometido una torpeza sumaria porque estaríamos volviendo a los años duros en los que los servicios de inteligencia de las grandes potencias quitaban y ponían a su gusto a dirigentes de los países latinoamericanos que, posteriormente, traían consecuencias nefastas para sus respectivos pueblos. El Chile de Pinochet es un claro ejemplo de ello. Tanto Colombia como Estados Unidos han negado su implicación en el atentado, como no podía ser de otra manera, aunque Maduro ha dejado la duda de que si eso fuera así estaríamos ante un grave golpe a las relaciones internacionales basadas en el diálogo y no en los actos violentos encaminados a provocar un cambio de régimen a costa de crear un caos en Venezuela que provocaría, evidentemente, una guerra civil entre los partidarios de la oposición y de Maduro, algo que sería gravísimo para el pueblo venezolano que ya está sufriendo las consecuencias de la mala gestión por parte de su Gobierno y que un cambio violento de dirigentes no solucionaría.
Luego tenemos la versión de la oposición venezolana por la cual culpan al propio Maduro de orquestar un montaje para empoderarse aún más y tener una excusa para incrementar la represión contra los opositores amparándose, precisamente, en un intento de magnicidio. Por un lado, si Maduro orquestó ese presunto montaje es otra torpeza porque no se puede incrementar la represión contra los opositores basándose en una performance.
Por otro lado, tendríamos la otra versión por la que el intento de magnicidio pudo provenir de la propia oposición. La utilización de la violencia como medio para alcanzar el poder resta toda legitimidad a la causa por la que se lucha, lo cual sería una torpeza estratégica. Hay que recordar que cuando en España se asesinó al almirante Carrero Blanco el propio Santiago Carrillo recibió una llamada telefónica desde Madrid pidiendo la confirmación de que el PCE nada había tenido que ver, a lo que el dirigente comunista respondió que había habido ya demasiados muertos como para que se utilizara el terrorismo como medio para lograr el fin de derrocar a la dictadura. En otro orden de cosas, si esta fuera la versión real de lo ocurrido en Venezuela, habría que preguntarse si ese intento de atentado con drones pudo estar financiado por todos los que se enriquecieron con el chavismo a través de las redes de corrupción de antiguos dirigentes que ahora están enfrentados al gobierno de Maduro o que presuntamente están utilizando el dinero sacado irregularmente de Venezuela para provocar un cambio de régimen.
Las propias reacciones internacionales también han sido torpes. Además de las negaciones lógicas por parte de Colombia y Estados Unidos, nos encontramos con el comunicado del gobierno español, en el que podemos ver un alegato al respeto de los derechos humanos o a la libertad de los presos políticos, además de un rechazo a la utilización de cualquier tipo de violencia. Desde un punto de vista diplomático, el comunicado es inmaculado, salvo por la referencia a los presos políticos, teniendo en cuenta que en España hay personas encarceladas que perfectamente podrían ser catalogadas como tales.
Un intento de magnicidio torpe que tendrá como principal víctima al propio pueblo venezolano.
