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La rebelión de las togas

Todas las asociaciones de profesionales de la carrera judicial y fiscal reivindican la modernización de la Justicia, su despolitización, más medios y mejoras retributivas

Eva Maldonado
Eva Maldonado
Redactora en Diario16, Asesora de la Presidencia de la Conferencia Eurocentroamericana.
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análisis

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La rebelión de las togas. Hoy martes, por primera vez juntos, los Jueces y fiscales españoles van a la huelga. Todas las asociaciones de profesionales de la carrera judicial y fiscal reivindican la modernización de la Justicia, su despolitización, más medios y mejoras retributivas. Después de semanas de paros parciales, las cuatro asociaciones de jueces y tres de fiscales mantienen la convocatoria al no haber tenido respuesta del Ministerio de Justicia a sus peticiones.

Las siete asociaciones ya unieron su voz el pasado 30 de abril para reclamar la dimisión del ministro de Justicia, Rafael Catalá, por haber insinuado que el magistrado que emitió el voto particular en el juicio de La Manada tenía «algún problema singular», declaraciones que consideraron una «intromisión» y «una temeridad».

«Hoy muchos fiscales, jueces y juezas hemos decidido hacer huelga. Con ella queremos expresar nuestro profundo malestar con los responsables en materia de Justicia ante la dejación y abandono en el que se encuentra este servicio público. Reclamamos una Administración de Justicia del siglo XXI, de calidad y con medios e independiente«, afirma el comunicado emitido este martes por las asociaciones de jueces y las tres de fiscales convocantes.

Las reivindicaciones que no han conseguido sacar adelante se recogen en un documento denominado «14 propuestas para la mejora de la Justicia» que fue firmado en junio del año pasado. «Dichas propuestas comprenden desde el reforzamiento de la independencia judicial, la modernización de la Administración de Justicia: calidad y eficacia así como la mejora de las condiciones profesionales de los miembros de las Carreras Judicial y Fiscal».

Los convocantes han organizado los servicios mínimos ante la «inacción» del Ministerio y del CGPJ y el objetivo es que el perjuicio para el ciudadano sea «mínimo».

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